La Constitución establece que las fuerzas armadas son instituciones que dependen del ministerio de Defensa y son cuerpos esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.

¿Cumplen entonces las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, el estándar de obediencia y no deliberación?

La respuesta es no.

Me detendré en dos afirmaciones que realizó el general en aquella cita reservada, aunque no secreta.

Comentando el sistema de pensiones, sostuvo que el actual sistema era insostenible y que no se adecuaba con la realidad del país. Pero inmediatamente agregó: “uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidad con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar, para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo”.

¿Constituye esta afirmación un acto de deliberación?  Evidentemente que si.

Imagínese usted a los y las congresistas el día de mañana discutiendo una reforma al sistema de pensiones de las fuerzas armadas. Obviamente en ese momento se verán afectados por las declaraciones del estratega Martínez toda vez que las instituciones armadas controlan el monopolio de la fuerza. Cuando un general de la república habla de defender con “dientes y muelas” un privilegio militar, la única posible interpretación es que podrían ejercer una presión indebida para defender dicho privilegio.  

El general Martínez pudo indicar que haría ver a la autoridad política la visión institucional sobre el sistema de pensiones. Aquello sería lo correcto. Lo que no puede hacer es señalar que existe un “bien a cautelar” por parte de los militares, cuando se trata ni más ni menos que un privilegio militar.

El principio de no deliberación significa que las instituciones castrenses no pueden referirse a cuestiones políticas, y la reforma al sistema de pensiones es un asunto eminentemente político. Podrán entregar opiniones, pero ellas debiesen ser canalizadas institucionalmente.  Señalar una posición sobre el asunto implica deliberar.

Pero además, el principio de obediencia implica que los institutos castrenses deben aceptar y obedecer las decisiones políticas. El ahora estratega Martínez marca una postura (mantener el sistema de reparto de las pensiones armadas) y agrega una estrategia: defender dicho sistema con dientes y muelas.  La historia de Chile ha conocido de aquellos dientes, muelas y ahora colmillos castrenses.

Al pronunciarse del modo en que lo hizo, el general Martínez está enviando un mensaje al sistema político y aquello no es otra cosa que deliberación.

La siguiente declaración se refiere a la investigación de los pasajes y viajes iniciado por la Contraloría. Aquí de nuevo se pone en cuestión el principio de la obediencia, declarando abiertamente que estaba realizando gestiones directas con un poder autónomo del Estado. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República”, sostuvo el general. “Yo lo conversé con el contralor, el contralor entendió las razones, pero parece que alguien se opuso”.

¿Sabía el Ministro de Defensa de las conversaciones sostenidas por el comandante en jefe del Ejército—institución de la que depende? ¿El Contralor le informó al ministro de Defensa de dicha reunión? ¿Bajo qué circunstancias se produjo este encuentro? ¿Responde al principio de obediencia que un general del Ejército realice gestiones de lobby con un poder autónomo del Estado sin la presencia del ministro de Defensa?

Una institución obediente y no deliberante que por lo demás depende del Ministerio de Defensa no puede actuar como un poder autónomo. No puede y no debiese mandarse sola. La escena de un comandante en jefe mostrando sus dientes, reuniéndose con el Contralor General de la República refleja una cultura naturalizada de autonomía militar—naturalizada por las instituciones públicas, por los actores políticos y por las propias fuerzas armadas.