La Cachemira india cierra el año más sangriento en una década

Dos amigos adolescentes, Mudassir Rashid, de14 años, y Saqib Bilal, de 17, desaparecieron el mismo día del pasado agosto en el que se unieron a la insurgencia independentista en la Cachemira india, que este año ha vivido la peor violencia en una década.

Los cuerpos sin vida de Rashid y Bilal llegaron a sus casas de la ciudad de Hajin, en el norte del valle, el 10 de diciembre.

“Ambos pasaron su infancia jugando juntos y murieron juntos en un tiroteo con las fuerzas gubernamentales en Mujgund, una zona a las afueras de Srinagar”, la capital de verano de la Cachemira, lamentó a Efe el padre de Mudassir, Abdul Rashid.

Con más de 500 muertes registradas en el último año, aproximadamente 250 insurgentes y unos 160 civiles, 2018 se presenta como el año más sangriento de la última década en el valle, que en 2016 vio protestas masivas que causaron un centenar de muertos y miles de heridos, según oenegés, tras la muerte del comandante del grupo Hizbul Mujahideen (HM), Burhan Wani, muy popular en la zona.

“Al menos 591 incidentes relacionados con la insurgencia fueron registrados en el estado en 2018. En estos incidentes, 256 insurgentes murieron en la región y en la Línea de Control (LoC)”, la frontera de facto con Pakistán, afirmó a Efe una fuente de sala de control de la Policía de Srinagar, que pidió el anonimato.

El director general adjunto de Policía de Jammu y Cachemira, Munir Khan, explicó a Efe que el repunte histórico de la cifra de abatidos se debió a que “la información que recibimos sobre los militantes ha aumentado” y en consecuencia los muertos.

Según las cifras de la Coalición de Sociedades Civiles (en inglés CCS), una organización para la defensa de los derechos humanos en Cachemira, 160 civiles perdieron la vida durante 2018 en el conflicto en curso.

El grupo de derechos civiles sitúa las muertes de insurgentes en 267 hasta noviembre de 2018, y en 159 los miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en el estado de Jammu y Cachemira.

Esto marca una cifra de al menos 586 muertes en la región, superior al máximo de 550 fallecidos registrado en 2008.

Según datos oficiales, el número de víctimas mortales en Cachemira descendió hasta 130 en 2015 y ha ido en aumento desde las protestas de 2016 (247 muertos).

La fuente de la sala de control de la Policía de Srinagar aseguró que las fuerzas de seguridad han sido encargadas de reducir al mínimo el número de insurgentes en Cachemira, la zona más militarizada del mundo, antes de las elecciones generales indias, previstas para mayo de este año.

Los analistas creen firmemente que la “Operación expulsión total” de las fuerzas gubernamentales está en pleno apogeo, por lo que las cosas no serán muy diferentes en 2019 ya que la comunidad local apoya la ideología separatista de los insurgentes y se sigue reclutando rebeldes.

El profesor Raashid Maqbool, académico la Universidad Central de Cachemira (CUK), dijo a Efe no tener grandes expectativas de que “nada cambie” en 2019 debido a “la persistencia del conflicto y la ausencia de un proceso de resolución”.

“La vida continuará siendo incierta”, añadió.

Un responsable policial que pidió el anonimato dijo a Efe que 128 jóvenes de Cachemira pasaron a la insurgencia en 2018, lo que supone un aumento del 70 por ciento de la cifra en comparación al 2017.

“Difícilmente ha pasado alguna semana en 2018 en la que no se haya abatido a un insurgente. Estos en su mayoría son pobladores locales mal entrenados”, dijo a Efe otro funcionario, que pidió el anonimato.

Los choques entre las fuerzas del gobierno y los manifestantes civiles también han empeorado en los últimos meses.

El ministro de Interior de la India, Hansraj Ahir, dijo recientemente en el Parlamento que durante el año se denunciaron 759 incidentes de manifestaciones violentas en Cachemira.

La rebelión armada en curso contra el gobierno de la India ha cobrado alrededor de 75.000 personas hasta ahora, en su mayoría civiles, desde su inicio en 1988-89.

Nueva Delhi ha estado acusando a Islamabad de apoyar a los insurgentes; el Gobierno paquistaní no solo niega la acusación sino que también acusa a las fuerzas indias de violar los derechos humanos básicos en la región en disputa.