COLUMNA | Y al fin pasó: piden que el Ministerio de Justicia y el IND intervengan en la ANFP

Por Lautaro Guerrero

Casi en los mismos momentos que la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional), tras ungir como su nuevo presidente a Sebastián Moreno, cometía un abuso deportivo más en sus incontables tropelías desde Jadue y hasta ahora, esta vez en contra de Naval, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, presidida por el abogado Marcos Ilabaca, mediante sendos oficios solicitaba este miércoles 9 de enero al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional de Deportes (IND), fiscalizar de una buena vez al fútbol profesional chileno.

Lo cierto es que, desde que se implantó el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas en el país, la corrupción y el abuso están desatados, sin que ninguna autoridad gubernamental haya fiscalizado jamás la actividad. En los hechos, la ANFP, desde Sergio Jadue y hasta ahora, se ha manejado como ha querido, pasando una y otra vez por encima de las leyes del país e incluso de su Constitución.

La ANFP, para decirlo claro, ha sido un verdadero enclave. Un Estado aparte dentro del Estado chileno.

De partida, el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas les abrió las puertas del fútbol a una legión de tipos de nula idoneidad y dudosa honorabilidad. Y la sinvergüenzura ha sido tanta, que los antiguos dirigentes del anterior sistema de Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro, que por cierto no eran ningunos santos, semejan niños de pecho al lado de los de ahora.

El mayor robo de dineros de la actividad se produjo, precisamente, luego de la implantación de este sistema que ha resultado tan nefasto como corrupto. Se calcula que Jadue y sus cómplices, tanto activos como pasivos, hicieron desaparecer del fútbol aproximadamente 24 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras que maneja la cadena de noticias CNN.

Pero no es todo.

Los regentes de las SAD se apropiaron de las series menores de los clubes, en circunstancias que lo de ellos tenía que ver exclusivamente con el fútbol profesional y los chicos, al jugar porque les gusta y no por plata, eran amateurs.

Pronto, sin embargo, se dieron cuenta que mantener esas series significaba dinero que no estaban dispuestos a invertir. ¿Qué hicieron entonces? Estafaron al Fisco, haciendo uso del Sistema de Donaciones Deportivas que contemplaba Chiledeportes (ahora IND), para ir en ayuda del deporte aficionado. Presentaron proyectos de las series cadetes (“Fútbol Joven” las llamaron para concretar la estafa), de modo que poderosas empresas las financiaran, obteniendo estas luego una sustanciosa rebaja en impuestos que alcanzaba al 60 por ciento.

Dicho en términos simples: el Estado chileno resignaba millones y millones de pesos en impuestos para ir en apoyo de un negocio de privados.

Descubierta la trampa, nunca un gobierno, del color que fuera, exigió sanciones para los timadores. Mucho menos exigió la devolución de esos dineros.

¿Raro, no?

Cerrada esa generosa llave, los clubes SAD les metieron ahora el dedo en la boca a los municipios, con la misma martingala de ir en ayuda del “Fútbol Joven”. Municipalidades como la de San Antonio, Puerto Montt, y sobre todo Viña del Mar, conducida por la “Tía Coty”, fueron las más clavadas.

No contentos con toda esta frescura, los clubes utilizaron (y siguen utilizando) al así denominado “Fútbol Joven”, para eludir impuestos. ¿Cuál era la fórmula? Todo el dinero que abundantemente llegaba a los clubes gracias a una Roja doble campeona sudamericana, y que el “Viejo Pascuero” Jadue repartía generosamente para sumar adeptos y continuar su latrocinio tranquilo, iba al “Fútbol Joven”. ¿Pero de verdad iban esas platas allí? Las pinzas. Se utilizaba esa figura por los clubes sólo para pagar muchos menos impuestos que los que realmente debían.

Y la treta se sigue utilizando hasta nuestros días, sin que el Servicio de Impuestos Internos, tan severo y acucioso con los ciudadanos de a pie de este país, haga y diga nada.

¿Estadios? Ni hablar. Todos los construidos en los últimos años han corrido por cuenta del Estado, que, con un agudo déficit de hospitales, consultorios, escuelas y hasta cárceles, se ha gastado millones de dólares en recintos que, mayoritaria y preferentemente, son utilizados por clubes privados cuyo objetivo final es el lucro.

¿Se le ocurriría al Estado chileno construirle las oficinas corporativas a alguno de los grandes grupos económicos que son dueños del país?

El asunto es que esta verdadera Fiesta del Chivo ha sido imparable. Y lo peor es que el fútbol al parecer pretende que la joda siga.

Si en su momento se desafilió a Deportes Concepción por “insolvente”, en circunstancias que la plata del club se la habían robado a manos llenas los dueños de la Sociedad Anónima Deportiva, y se bajó de categoría abusivamente a Deportes Ovalle, la ANFP ha continuado con singular entusiasmo su tarea de ir eliminando clubes en lugar de propender al desarrollo del fútbol.

Para obstaculizar la llegada de nuevos comensales al banquete del Canal del Fútbol, le ponía todo tipo de cortapisas a aquel club que, consagrándose campeón de Segunda División, ascendía a la Primera B. Para empezar, el cobro de un verdadero “derecho de llaves” de 2 millones de dólares, nada menos.

En términos simples, el club que ascendía a la segunda serie de la ANFP partía quebrado.

Hasta que Barnechea se rebeló y acudió al Tribunal de la Libre Competencia. Por primera vez, la ANFP debió agachar el moño y avenirse a dos medidas antes no contempladas: el “derecho de llaves” se bajó a un millón de dólares y podía pagarse en cómodas cuotas mensuales.

Pero a Barnechea su rebelión le salió cara: la ANFP, mediante uno de sus organismos subalternos, le quitó hace unas semanas la licencia, lo que en los hechos le impedirá seguir perteneciendo al club de las 32 instituciones que recibirían la “coima” por la venta del Canal del Fútbol al grupo Turner (dueño de Chilevisión y la CNN), y los millones que mes a mes reciben los clubes como producto de las transmisiones en directo de los partidos a través del cable.

Otro problema para la ANFP lo constituye Deportes Santa Cruz, flamante campeón de la Segunda División y, como tal, futuro integrante de la Primera B para este año.

Ocurre que el club acudió a tribunales para exigir que los poco más de 3 millones de dólares que le corresponden a cada club por la entrega en concesión del CDF a Turner, los reciba Santa Cruz y no San Marcos de Arica, que se fue a los potreros. El problema es que San Marcos votó por Sebastián Moreno en las elecciones, y el nuevo presidente, sucesor de Arturo Salah, está comprometido a fondo con la institución nortina.

Pero si alguien pensaba que aquí paraba la cosa, estaba muy equivocado.

Ocurre que Naval, que fue desafiliado para variar irregularmente de la ANFP, en diciembre de 2017, se acaba de anotar un triunfo en tribunales, luego que el 4° Juzgado Civil de San Miguel acogiera una cautelar que le permitía ser reintegrado a la Segunda División.

¿Qué hicieron entonces los astutos de la ANFP? Su abogado Gonzalo Cisternas, hijo de Lamberto Cisternas, integrante de la Corte Suprema, convenció a la Corporación Naval para que le quitara el patrocinio de la causa al abogado Óscar Fuentes, que se había anotado el tremendo “poroto” a favor del club “chorero”, y se lo entregara al abogado Daniel González Calderón, vicepresidente de la Corporación.

Demás está decir que González está actuando como verdadero “Perro del hortelano”, porque aparte de no tener ni la más mínima intención de que Naval retorne al profesionalismo, a través de la Segunda División, está impidiendo que sí lo haga Naval SAD.

Pero la actitud de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, en el sentido de solicitar que tanto el Ministerio de Justicia como el IND metan mano a fondo en el gansteril fútbol chileno, podría significar que de una buena vez la ANFP pare la chacota y el abuso impune.

Pero utilizamos el condicional porque habrá que ver, primero, si tanto el Ministerio, encabezado por Hernán Larraín, o el IND, estarán dispuestos a meterse con ese antro; y segundo, si la Comisión de la Cámara persevera en el caso de advertir que, una vez más, los poderes del Estado miran para el techo.

Nunca imaginó la Comisión de Deportes que, producido el rocambolesco caso de Deportes Vallenar, campeón de Segunda División, luego desconocido por la ANFP, la investigación que iba a realizar sacara a la luz tanta irregularidad, tanta podredumbre.