Maya Fernández es diputada PS del distrito 10.

Imaginemos. Llamemos a votación para restablecer la pena de muerte, legalizar la castración en caso de abuso sexual y expulsar del país a los inmigrantes. El estímulo a las pulsiones más bajas de la sociedad probablemente tendría una cómoda legitimación; todas aquellas votaciones tendrían un amplio respaldo popular porque, el sentido común, ese complejo conjunto de ideas e impresiones de la calle, señalaría que hay personas que merecen ser sumariadas con la pena capital, los violadores ameritan ser enmasculados y los inmigrantes deben salir de una buena vez del país, porque quitan el escaso trabajo y copan nuestros modestos servicios sociales.

Guardando las debidas proporciones, esta fue la lógica que imperó en la votación del Instituto Nacional para decidir sobre el ingreso de las mujeres al llamado  “primer foco de luz de la nación”. Un proceso impulsado por el propio alumnado, como una forma de ponerse a tono con los nuevos tiempos que dicen que la educación monogenérica es un sistema obsoleto. En los comicios, la votación favorable para hacer del instituto un establecimiento mixto corrió por parte de los estudiantes y el cuerpo académico, sin embargo, perdió ante la votación de los estamentos conformado por los apoderados, directivos, asistentes de la educación y docentes técnicos, quienes conformaron la mayoría para que el emblemático liceo siguiera siendo un reducto masculino.

El proceso eleccionario, del que aún reclaman vicios los propios estudiantes, es sumamente complejo. Contiene el espejismo de una democracia al haberse “escuchado a las mayorías” pero, de paso, sus resultados excluyen a niñas capaces e inteligentes por el simple antecedente de su condición biológica. Si bien es cierto que la autonomía de la comunidad académica es un valor a resguardar, esta no puede ser a costa de la exclusión de grupos sociales, menos cuando se sustenta en razones de género. ¿Quiénes sino los estudiantes y los profesores son los primeros protagonistas de la comunidad académica? Pues bien, el objetivo de que la vida cotidiana del instituto sea incluyente y diversa ha sido derrotado. Cuando se trata de políticas públicas, en especial cuando se trata de algo tan crucial para la formación de valores como lo es la educación, las decisiones deben ser en base a la ética y el bien común, de lo contrario, se corre el serio peligro de quedar atrapados en mayorías circunstanciales.

Mientras, seguimos siendo testigos de un poco razonable apego a la tradición. ¿Con qué base? Tal vez el miedo a los cambios culturales, progresos de la historia que suelen venir aparejados con profundos atavismos. Nada  racional, pues no hay consenso en la pedagogía respecto al presunto valor de los estancos educativos para hombres y para mujeres. La educación en el mundo apunta a la convivencia entre géneros y en Chile, no olvidemos, la enseñanza monogenérica apenas sobrepasa el 4% de la matrícula nacional, según información del ministerio de Educación.

Sin duda que Chile debe sentir genuino orgullo por el Instituto Nacional, paradigma del mérito, semillero de prohombres que han hecho historia en nuestro país. Pero precisamente por esto me pregunto si los defensores del Instituto Nacional exclusivo para hombres seguirán mirando el futuro con espejo retrovisor, cuando toda la evidencia apunta en dirección contraria. Cuando los discursos de odio por raza, condición social y género acechan en el mundo, incluso en nuestro propio continente. Cuando a las mujeres nos siguen violentando y matando. Cuando, en suma, nos falta tanto para formar ciudadanos y ciudadanas que aprendan a convivir en el respeto, la inclusión y la diferencia.