El 11 de marzo de 2019, la oficina de partes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) recibió el informe final de la Investigación Especial N°272 de la Contraloría General de la República, que tuvo por objetivo indagar “una denuncia sobre situaciones que serían constitutivas de un presunto conflicto de interés” en que habría incurrido un funcionario del organismo, además de “eventuales conductas del mismo, relativas al acoso laboral y sexual que habría cometido durante su permanencia en esa repartición”.

El empleado denunciado fue Boris Santander Cepeda, exjefe de gabinete del Superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, hoy cuestionado por su abultado patrimonio inmobiliario y por la compra de 27 departamentos entre 2013 y 2014, según reveló El Mostrador.

Santander fue el hombre de mayor confianza de Bruna en la SISS desde agosto de 2016 hasta que presentó su renuncia en enero de 2018. Actualmente, ejerce como abogado en forma privada y es profesor asistente en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile, con una jornada de 12 horas. Este último hecho, que lo vincula como funcionario público, es el que permitió a la Contraloría ordenar la apertura de un sumario administrativo en su contra, a pesar de que ya no trabaja en la Superintendencia.

El informe en contra de Santander, al que The Clinic tuvo acceso, señala que el conflicto de interés que denunciaron funcionarios de Fiscalía de la SISS (la unidad que litiga contra las empresas sanitarias cuando han cometido alguna infracción) se habría materializado durante cuatro meses, en que aparece vinculado formalmente como “abogado asociado” del estudio Zúñiga y Campos Abogados, donde trabajaban también tres abogados que litigaban a nombre de las sanitarias.

La jefa del Área Judicial de la División Jurídica de la SISS, María Alicia Von Pottstock, y la presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia Ramírez, confirmaron a The Clinic que declararon en esa investigación especial seguida por la Contraloría, y que consideran que las conclusiones emitidas en el informe son concordantes con lo que vivieron en el ente regulador mientras Santander ejerció como asesor jurídico del superintendente. Aunque están impedidas de revelar detalles de esa indagatoria, mientras se realiza el sumario, ante consultas de The Clinic, dijeron, junto a la dirigenta Roxana Alocilla, haber observado conductas que justifican el reproche por conflicto de interés y por acoso laboral, que incluía expresiones de connotación sexual, especialmente contra empleados y empleadas de la División Jurídica (Fiscalía) de la SISS.

A condición de anonimato, otros funcionarios, funcionarias y exempleados de la SISS relataron detalles de estos hechos.

Santander, en tanto, en entrevista con The Clinic niega tajantemente todas las acusaciones y alega que se deben a un acto de “venganza política” dirigido en su contra por haber intentando que la SISS y, especialmente, sus abogados, endurecieran la fiscalización a la industria de las empresas sanitarias. Sobre el conflicto de interés, afirma que no es socio y que solo arrienda una oficina en el estudio Zúniga y Campos, al que se incorporó realmente solo en marzo de 2018, cuando los abogados de las sanitarias ya se habían ido.
Vamos por parte.

CONFLICTO DE INTERÉS

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es una organización autónoma, bajo el alero del Ministerio de Obras Públicas, creada en 1990. Y tiene tres divisiones: Jurídica (que también se ha llamado en distintos períodos Fiscalía, y que es la encargada de litigar con las empresas, casi siempre porque se oponen a pagar una multa y llevan el caso a tribunales); Concesiones (donde se fijan las tarifas del agua potable, entre otras tareas) y Fiscalización (que supervisa las operaciones de las empresas y cursa multas cuando se comete una infracción).

Boris Santander llegó al servicio como jefe de gabinete del superintendente Ronaldo Bruna, el 3 de agosto de 2016. Su cargo, según la estructura organizacional de la entidad, es el segundo más importante en esa entidad.
Ambos trabajaron juntos en la Fiscalía Nacional Económica. Santander afirma que su relación es estrictamente laboral y que “no somos amigos” con Bruna. No obstante, funcionarios de la SISS sostienen que eran muy cercanos y que Santander estuvo, al menos, en su fiesta de cumpleaños en 2017. “El superintendente no hacía nada si no lo aprobaba Boris”, dice una fuente.

Durante ese período, afirma Maria Von Pottstock, Santander se involucró “más de la cuenta” en los distintos litigios que enfrentó la Superintendencia con empresas sanitarias y que, en líneas generales, esas intervenciones se hicieron evidentes en el manejo de los juicios. Por ejemplo, ordenó la contratación en la Fiscalía de ayudantes, alumnos de cátedra de Santander, que cometían errores graves, como no presentarse a las audiencias o no hacer los trámites que se les solicitaban y que, si no hubiera sido porque ella los supervisaba estrechamente, esos errores pudieron costarle a la SISS perder en las causas en que litigaba.

“También dispuso la contratación de Beltrán Urenda (nieto homónimo del conocido senador UDI) y que se le asignara la defensa de determinadas causas, a sabiendas de que este joven tenía un conflicto de interés, pues había sido abogado de Esval (en la causa de reclamación de multa seguida ante el 6° Juzgado Civil de Santiago, caratulada ESVAL con Superintendencia de Servicios Sanitarios, Rol 6.461-2014) por encargo del estudio Barros y Errázuriz, del cual era integrante”, relata la abogada.

En memoramdums internos de la SISS, queda en evidencia que Urenda fue contratado para otras tareas, pero que por instrucciones de Bruna y Santander, se le dio mandanto para representar al organismo en una causa, precisamente contra Esval. Y que después de que la unidad jurídica hiciera presente el problema, el joven admitió que pesaba sobre él una inhabilidad “administrativa” para vincularse a temas concernientes a Esval que, si bien no se extendía al ámbito penal, por prudencia, accedía a desvincularse del caso. Renunció a su cargo en agosto de 2018.

Al respecto, Santander afirma que “a petición del superintendente”, dispuso la contratación de procuradores jóvenes, con excelentes calificicaciones, pues su idea era que se formaran en el servicio público y que todos, salvo un caso que le fue representado por Von Pottstock, se fueron por su cuenta, “pues el ambiente era hostil”. En cuanto a Urenda, afirma que “accedió a su contratación, a pesar de que viene de un mundo que ideológicamente no me representa, dado su su excelente curriculum profesional”.

En la misma línea, un exintegrante de la división señala a condición de anonimato que Santander “preguntaba por algunas causas e incluso pedía los expedientes” de forma constante, a pesar de que no estaba entre sus funciones litigar. Incluso, sin ser parte, a veces aparecía en los alegatos acompañando a los abogados de la SISS.
Esto, agrega, era especialmente delicado, puesto que “en el área judicial son netamente litigantes y se manejan estrategias judiciales que no tienen por qué divulgarse con otros compañeros de la Superintendencia, ya que hay riesgo filtraciones, lo que podría influir en los juicios”.

Contraloría también constató que, aunque no litigaba, a Santander se le dio mandato judicial para que pudiera representar a la SISS en causas judiciales.

Una de las primeras medidas del superintendente Bruna, implementada por Santander, fue solicitar la renuncia al entonces abogado jefe de la Fiscalía, David Peralta, quien había sido nombrado en el cargo en 1990.

“Fue terrible lo que hicieron con él”, dice una abogada de la División Jurídica, a condición de anonimato.

“Entendemos que los jefes pueden ser cambiados, pero a él lo denigraron. Le notificaron el despido y le pidieron sacar inmediatamente sus cosas. Le pidieron el celular, le bloquearon el computador y el identificador, para que no pudiera volver a entrar a la oficina, como si fuera un delincuente”, cuenta.

Peralta, quien ejercía paralelamente como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, interpuso un recurso de protección y la SISS tuvo que recontratarlo. Mientras se resolvía la disputa judicial, se nombró a un fiscal jefe de reemplazo, pero, según las fuentes entrevistadas, Santander lo ignoraba y daba instrucciones constante y directamente con los abogados de la división. “Desde que llegó, se comportaba como si fuera el fiscal jefe”, agrega uno de los entrevistados.

Sobre el despido de Peralta, Santander afirma que su nombramiento fue uno de los últimos “amarres” de la dictadura, que fue apuntado en marzo de 1990, a pocos días de que asumiera el cargo Patricio Aylwin, y que su cargo tuvo condición de inamovilidad hasta el año 2006, cuando la reforma a la Alta Dirección Pública permitió remover los cargos “de confianza”.

“El superintendente justificó su decisión, entre otras razones, en que el señor Peralta no cumplía sus obligaciones funcionarias , como la básica, de asistencia, pues dedicaba mucho tiempo a sus tareas como abogado integrante de la Corte de Apelaciones. En su recurso, él alegó que tenía propiedad sobre el cargo y el superintendente tuvo que reincorporarlo y mantenerle el grado 2, el máximo rango de un funcionario público después de los jefes de servicio. Para poder reemplazar su jefatura, en la ley de presupuesto del año correspondiente se tuvo que crear, especialmente, otro puesto grado 2, con lo que la SISS, o sea, todos los chilenos, pagamos dos sueldos de Fiscal”, afirma.  

María Von Pottstock coincide con que el despido de Peralta fue vejatorio, pues “nunca en toda mi vida he visto algo así”. En esta línea, agrega que si bien pudo regresar al Servicio por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue relegado a tareas intrascendentes y que no hacían justicia a su experiencia, por lo menos en su periodo de reincorporación.

Una de las mujeres del equipo jurídico cuenta, a condición de anonimato, que Santander “se metía a nuestras oficinas cuando ya nos habíamos ido, a veces de noche, nos trajinaba los cajones, se metía en nuestras carpetas. Nos citaba a su oficina veinticinco veces al día, para amenazarnos que si no hacíamos lo que él nos decía, nos iba a echar a todos. A uno de mis compañeros, a quien le faltaba dar el exámen de grado, le decía todo el tiempo: ‘Si no sacai el título, te voy a echar cagando cabro’. Era desesperante”.

“Los abogados que litigamos llegamos antes de las 8 de la mañana a tribunales y a las cinco, cinco y media de la tarde, nos vamos, pero quedan otros colegas trabajando. Ellos nos mandaban mensajes de texto para contarnos que Santander se había metido a nuestras oficinas”, agrega. “Yo me devolví una vez para ver si era cierto y lo encontré en mi escritorio, con varias de mis carpetas en la mano. No me dio ninguna explicación. Sólo me dijo algo así como: ‘Qué bueno que viniste. Te quería comentar tal cosa’”.

La misma fuente agrega que “nos veía almorzando en el casino y se iba a sentar con nosotros y nos hablaba, con lujo de detalles, de los encuentros sexuales que había tenido la noche anterior, de cómo lo había pasado. Le preguntaba a los colegas varones si lo encontraban atractivo, porque no se explicaba su éxito con las mujeres. No tenía ningún pudor. Nosotros nos mirábamos y no sabíamos cómo reaccionar. Era el jefe, tampoco lo podíamos mandar a la cresta”.
Más de una fuente relata haber observado que le metía la mano al pantalón de un abogado joven para sacarle una cajetilla de cigarrillos. Y que en las reuniones tomaba el celular de cualquier funcionario para leer los mensajes que estaba recibían

Las acusaciones sobre comentarios de connotación sexual que se hacen en contra de Santander, coinciden las fuentes consultadas, no se refieren a insinuaciones o invitaciones para obtener favores, sino que a una cierta obsesión por contar con detalles su intimidad, a la par que los intimidaba constantemente con la amenaza de despido. “Era muy incómodo, desproporcionado, e inadecuado”, dice una fuente.

Santander niega tajantemente haber acosado sexualmente a los funcionarios de la SISS y haber registrado sus pertenencias y celulares. También que haya metido las manos al pantalón de un colega. “Es probable que haya hecho comentarios sobre citas con mujeres, como una reacción a las insinuaciones que me hacían de que yo era homosexual por estar soltero a mi edad. Pero eso fue en un contexto de informalidad y broma. Yo soy feminista y respeto la diversidad sexual. Precisamente uno de los sellos que he dejado donde he estado ha sido el respeto hacia mis equipos de trabajo”, dice.

En cuanto al acoso laboral, sostiene que “lo único que hice fue decirle a un abogado que tenía que titularse ¡Y él lo consideró acoso laboral!”.

El abogado afirma que detrás de estas acusaciones está la defensa coorporativa de un equipo “que con Peralta se acostumbró a trabajar poco. Es cierto que tenían una alta tasa de éxito en los litigios por multas, pero esas multas son pequeñas en monto e insignificantes para las empresas. Lo que intentamos hacer bajo la gestión de Bruna es que fiscalizaran y multaran por la falta de planes de desarrollo, por ejemplo, para evitar que se produzcan cortes cuando llueve, que es el área donde las empresas están cómodas y donde las multas que podían aplicarse eran significativas. Lo que aquí hubo, en realidad, fue un enfrentamiento entre el equipo de Bruna y el de Peralta y estas acusaciones con la consecuencia de aquello”.

COMUNIDAD DE TECHO

Las suspicacias del equipo jurídico se hicieron mayores, señala la fuente consultada, a mediados de 2017, cuando aparecieron en la defensa de empresas sanitarias tres jóvenes abogados que no eran conocidos en el rubro y que, en un estilo de litigio inusualmente hostil, hacían gala en los alegatos de su conocimiento de situaciones técnicas y decisiones estratégicas de la Superintendencia que nadie fuera del servicio conocía. “Incluso, algunas situaciones ni siquiera nosotros, como abogados litigantes, las sabíamos, pero al volver a la oficina y averiguando, nos enterábamos de que se trataba de un tema discutido entre muy pocas personas, entre ellas Santander, apenas una semana antes”, relata una fuente.

Esos abogados eran Cristóbal Osorio Vargas, Lina Callejas Ramírez y Camilo Jara Villalobos, quienes representaban a las sanitarias Essbio y Nuevo Sur.

“Intrigados por estos comentarios en los alegatos, que nosotros rechazamos por improcedentes, decidimos ‘googlear’ sus nombres y nos aparecieron como abogados socios del estudio Zúñiga y Campos, donde también, para nuestra sorpresa, aparecía Santander”, relata una fuente. “¡Casi nos caímos de espalda! Nos pareció tan grave, que llamamos a la oficina y la secretaria nos dijo que en ese momento Santander no estaba allí, pero que iba a la oficina a distintas horas y nos confirmó que trabajaba allí”.

Estos antecedentes sobre los cuestionamientos a Santander llegaron al Ministerio de Obras Públicas de ese entonces, Alberto Undurraga, quien desechó su postulación en la terna que se le presentó para llenar el cargo de jefe de la División Jurídica y prefirió en el cargo a a Gonzalo Astorquiza, designado en octubre de 2017.

Santander afirma que a fines de 2017 tomó la decisión de renunciar a la SISS por razones personales y que desechó ofertas que tuvo, pues deseaba iniciar un camino como abogado particular. “Una de las opciones que había estado barajando era la de arrendar oficina en el estudio de Zúñiga, pero solo a mediados de enero tomé la decisión de irme para allá y recién la materialicé en marzo, al regreso de mis vacaciones y cuando el señor Cristóbal Osorio ya se había ido de allí”, dice.

En su opinión, su asociación con esos abogados se debió a que “por razones publicitarias, se me pidió permiso para usar mi nombre en la promoción del estudio, apareciendo como un equipo, pero la relación es de arrendatarios, en lo que se conoce como ‘comunidad de techo’. También me dieron un email, que usé un par de veces, una de ellas para comunicarle a la Zúñiga-Campos que me iba para allá en marzo”.

Santander niega cualquier relación con Osorio. “Sé quién es, pero nunca trabajé con él, ni nos cruzamos en la oficina. No somos amigos, ni podríamos serlo, porque ni siquiera hay simpatía entre nosotros”, dice. “Los otros dos abogados, no tenían oficina aparte, sino que eran simplemente los asistentes de Osorio. Con ellos tampoco tengo ningún vínculo”.

Francisco Zúñiga no respondió a los mensajes que dejamos con su secretaria para consultarle respecto de estos hechos, mientras Osorio confirma los dichos de Santander, en cuanto a que “no tengo ni he tenido relación laboral” con él, y a que el aludido abogado “llegó a trabajar al estudio con posterioridad a mi renuncia”.

LA INVESTIGACIÓN ESPECIAL

Poco antes de que Santander se fuera de la SISS, la asociación de funcionarios pidió la intervención de una sicóloga del Centro de Crisis de la Universidad Católica, en octubre de 2017.

“Ahí todos los funcionarios, no sólo del área judicial, empezamos a compartir nuestras experiencias y a darnos cuenta de que lo que vivimos con Santander no fue un hecho aislado”, cuenta Alicia Ramírez, presidenta de la Asociación.

“Hubo gente que terminó llorando. Estábamos bajo mucha presión y angustia. Yo me di cuenta, en lo personal, que no quería ir a trabajar, no quería encontrarme con él cuando pasaba al baño, porque sabía que me iba a llamar para hostigarme con mi trabajo. Que me sentía mal cuando nos hablaba de sus conquistas sexuales y que me había estado guardando todo eso por miedo a perder el trabajo. Varias veces vi a una joven abogada que él trajo llorando en su oficina y ella se fue sin que supiéramos lo que le pasaba. Me di cuenta de que me había hecho parte de un círculo de violencia laboral y a partir de ese momento, decidí que no lo iba a permitir más”, relata una de las participantes.

Poco después, en enero de 2018, cuando ya se conocía su vinculación con el estudio Zúñiga y Campos, se les informó que Santander había renunciado, coincidiendo con el inicio de su período de vacaciones. En marzo de ese año, la Contraloría dio inicio a una investigacion especial por maltrato y hostigamiento laboral y posible conflicto de interés. En septiembre de 2018, la presidenta de la Asociación pidió al ente contralor que le informara el estado de la investigación y recibió como respuesta que las altas autoridades SISS le indicaron que no existían denuncias formales sobre esos hechos, por lo que no conocían los hechos denunciados. Entonces, Alicia Ramírez declaró los episodios que conocía y la Contraloría decidió agilizar sus indagatorias, incluyendo la información sobre el posible conflicto de interés de Santander e interrogando directamente a los funcionarios afectados.
Fue así que finalmente emitió el informe de marzo de este año, donde ordena iniciar un sumario administrativo por posible transgresión al princidio de “probidad administrativa” en contra de Santander.

La Contraloría constató que en el sitio web del estudio jurídico figuran como “abogados socios” “la señora Lina Callejas Ramírez y los señores Cristóbal Osorio Vargas y Camilo Jara Villalobos, a quienes las empresas Nuevo Sur S.A. y ESSBIO S.A. otorgaron mandato judicial para que las representaran en las reclamaciones judiciales entabladas en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios”.

Nuevo Sur S.A mantuvo una disputa judicial con la SISS a partir de mayo de 2017, en el Octavo Juzgado Civil de Santiago; mientras Essbio S.A hizo lo propio en dos oportunidades, ambas desde junio de 2017, en el 22° Juzgado de Santiago. Las empresas impugnaban multas por un momento cercano a los $430 millones.

Santander, se determinó, tenía poder para representar a la Superintendencia para representarla en tales juicios. Es decir, formalmente,“era socio de los abogados de la parte reclamante y apoderado de la parte reclamada”.
Aunque Santander no hizo uso de tal mandato, la Contraloría “constató que, a lo menos, el día 29 de noviembre de 2017, siendo aún funcionario de la SISS, el señor Santander Cepeda figuraba en la página web http://zcabogados:cl/abogados/ como abogado asociado a la misma. Además, se tuvieron a la vista correos electrónicos emitidos por el aludido señor Santander Cepeda, los días 5 y 24 de enero y 27 de febrero, todos de 2018, cuya dirección electrónica era bsantander@zcabogados.cl”.

Sumado a estos elementos, el informe señala que tanto Alicia Ramírez como Maria Von Pottstock declararon que “permanentemente el señor Santander Cepeda tomaba conocimiento del estado de las causas y de los expedientes”.

“Luego, mediante documento de 14 de noviembre de 2018, la señora Von Pottstock Molina complementó su declaración, manifestando que el señor Santander Cepeda instruía, en forma verbal, a cada uno de los miembros de la Unidad, las actuaciones que se debían realizar, solicitaba que se le diera información de la tramitación judicial, se le entregaban informes del control de causas, y que ‘no se presentaba ningún escrita de fondo, esto es, contestación de demanda de reclamación de multas, recursos de apelación, reposición y otros sin previamente ser revisados por él. Todo le era entregado en impresión para su revisión previa’”, agrega el documento.

Estos aspectos, según Contraloría, ratifican que al menos entre el 29 de noviembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018, Santander contó “con una doble condición, es decir, como funcionario de la SISS e integrante de la referida ‘comunidad de techo’ en la cual participaban otros abogados que representaban a las empresas sanitarias en las demandas interpuestas por las mismas en contra de la SISS”.

Finalmente, la Contraloría dictaminó que: “De las situaciones anteriormente descritas se desprende que se configuró un potencial conflicto de interés por parte del señor Santander Cepeda, actuación que transgredió el principio de probidad administrativa, atendido que el artículo 62, numeral 6, de la ley N° 18.575, establece que lo contravienen cuando se intervenga, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal, como asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad”.

Las denuncias por “conductas constitutivas de maltrato y hostigamiento a los funcionarios” de la unidad Judicial de la Fiscalía de la SISS también se incorporaron al sumario administrativo.

Además, nueve funcionarios de la División Jurídica acordaron esta semana presentar una denuncia ante el Ministro de Obras Públicas (que supervisa al órgano regulador), para que los investigue. Consultado para este reportaje, el superintendente Bruna declinó referirse a las acusaciones contra su ex mano derecha, pues el sumario administrativo se encuentra aún abierto.