Francisco Cox estudió derecho en la Universidad Diego Portales no bien la democracia volvía a Chile, cuando en esa facultad hacían clases “muchos profesores que habían sido expulsados de la Universidad de Chile durante la dictadura”, según explica. Entonces, una cosa llevó a la otra y Cox comenzó a interesarse por desarrollar su carrera dentro de este ámbito, “básicamente, porque a mí siempre me interesó el individuo frente al Estado. Y bueno, el contexto de la dictadura tuvo bastante que ver también”, agrega. Apenas egresado partió a Costa Rica a trabajar en una ONG que litigaba en el sistema interamericano y en donde le tocó su primer viaje a México para reunirse con la comandancia zapatista de esos años a propósito de la ejecución de miembros del zapatismo. Después vendría un paso por la Universidad de Columbia y un posterior trabajo en Human Rights Watch donde trabajó “en temas de jurisdicción universal como la persecución penal a Pinochet luego de su viaje a Londres y las experiencias que se podían sacar de ese tipo de casos”. Ya de vuelta en Chile, asumió el caso de la jueza Karen Atala, quien demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación luego que la Corte Suprema le negara la tuición de sus 3 hijas producto de su convivencia con una pareja homosexual. El 2009 la jueza ganó el caso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Chile vulneró sus derechos al quitarle la tuición de sus hijas debido a su orientación sexual.

¿Hay mejores o peores momentos en el mundo de los derechos humanos, en el sentido que la opinión pública está más sensibilizada con el tema?

-Creo que efectivamente hay distintos momentos, con más o menos receptividad a las propuestas de la comisión. Ahora, yo te diría que Chile es un Estado muy parado en la soberanía nacional por esta lógica que hay desde La Moneda que antes te mencionaba. Pero claro, hay momentos en que esta lógica se rompe cuando se considera que hay una violación y que la ha cometido justo el poder judicial. Pero eso es más bien escaso. Entonces, hay visiones que se alinean más con ciertas cosas, como durante el gobierno de Michelle Bachelet que se pudo llegar a una solución amistosa sobre el tema del matrimonio igualitario, cosa que probablemente con este gobierno sería imposible. Y ese es uno de los temas que probablemente les preocupa como gobierno ahora, que de alguna manera se les estaría imponiendo avanzar en algo por sobre los ritmos propios que tiene nuestra democracia. Pero si eso fuera así, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos habrían tenido que esperar siglos para integrarse.

Comparando el espíritu de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro ordenamiento jurídico, ¿tenemos un conservadurismo que es un lastre?

-Yo te diría que sí y no. Hay temas en los que Chile fue mucho más progresista que el sistema interamericano. Por ejemplo, en términos de debido proceso. Con la reforma procesal penal nosotros estábamos mucho más a la punta que lo que había dicho hasta ese momento la Corte Interamericana. Ahora, en temas como matrimonio igualitario y orientación sexual la Corte Interamericana sí tiene una visión, si tú quieres, más progresista, aunque en realidad está apegada a lo que dice la comisión americana, que prohíbe la discriminación arbitraria. Entonces, en el fondo, decir que porque tú tienes determinada orientación sexual no tienes ciertos derechos que el resto de los ciudadanos sí tienen, es simplemente una aberración. Y esta es una interpretación que se hace desde el texto y desde la evolución y aquí hay, yo creo, dos visiones radicalmente distintas.

¿Cuáles?

-Si vamos a interpretar las normas de manera anquilosada o las veremos como que están vivas y en contexto de sociedad y por lo tanto se avanza. Insisto: en la Corte Suprema de Estados Unidos hubo un caso en que se consideró que un esclavo era propiedad privada y que por lo tanto se debía restituir a su dueño cuando él se escapó. Con esa misma Constitución, años después se decide que los colegios del sur de ese país se deben integrar. Porque cuando usamos el derecho se deja abierto para que se vaya adaptando a la realidad social.

¿Entonces el gobierno chileno, al insistir ahora en el Senado en su oposición a la adopción homoparental, estaría cometiendo un acto discriminatorio?

-En mi opinión, totalmente. Y se estaría yendo contra lo que la Corte Interamericana dijo en el caso Atala, donde se establecía que los derechos que tienen las personas no pueden estar diferenciados por orientación sexual. Yo no le puedo dar más derechos a los heterosexuales que a los homosexuales. Y ese es el estado del derecho hoy, lo que dice la convención americana y no tiene discusión posible.

LAS DOS CARAS DE MÉXICO

¿Cuánto tiempo duró tu trabajo en México?

-Fueron como dos años de viajes.

¿Pudieron llegar a una conclusión final?

-Lo primero que dijimos de los desaparecidos de Ayotzinapa es que esta suerte de verdad histórica que existía y que decía que los habían incinerado a todos en un basurero es falsa. También descartamos que hayan estado infiltrados por otra banda de narcotraficantes. Además, pudimos establecer que las policías de distintos municipios y observados por el ejército rodearon la ciudad, y que ahí estos muchachos fueron entregados a una banda de crimen organizado. Y hasta ahí nomás sabemos. No sabemos qué pasa después. Sí dejamos algunas líneas de investigación con las que se ha podido ir sabiendo por ejemplo que el posible motivo de que se hayan llevado a los estudiantes es que ellos, por error, tomaron un bus para ir a una manifestación, el que llevaba un cargamento de heroína.

Te vimos muy dolido y quebrado en “Los días de Ayotzinapa”, el documental de Netflix que muestra aspectos de la desaparición de los estudiantes de Iguala…

-Sí, me tocó muy fuerte. Porque en este caso confluyen los dos intereses profesionales que yo tengo: el tema derechos humanos y el tema penal. Aquí la investigación penal estaba muy mal hecha, por lo que tuve la oportunidad de enderezar ese hilo y establecer ciertas líneas de investigación, y por otro lado, pude establecer un vínculo y una relación entre los familiares, padres y madres, de los cuarenta y tres desaparecidos con el Estado; que pese a los intentos de la ONG, -que algo habían hecho al respecto-, cuando nosotros llegamos las relaciones estaban muy rotas. Afortunadamente, pudimos luego crear puentes de comunicación que, lamentablemente, se anduvieron cortando cuando a nosotros nos echaron y no pudimos seguir investigando.

¿Los echó el gobierno?

-Sí, el gobierno de Peña Nieto no nos renovó el mandato y nos dijo que muchas gracias, pero que nos vayamos.

¿Y ahora con nuevo presidente habría una posibilidad de volver?

-Sí, yo ahora estoy trabajando con una ONG de Monterrey también en temas de desaparecidos, y el gobierno ha dicho que quiere que volvamos. Pero hasta ahora no hay nada oficial.

Por otro lado, estás viajando a La Haya por las 2.605 víctimas de la guerrilla en Uganda.

-Sí, empezamos con esto por ahí por el 2015 y estamos ya terminando la defensa de las víctimas de Dominic Ongwen (miembro de la guerrilla del Ejército de Resistencia del Señor e imputado por múltiples crímenes de guerra y de lesa humanidad). Luego viene la sentencia y las apelaciones.

HA LLEGADO CARTA

Chile acaba de suscribir junto a otros países de la región, una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según muchos, es un retroceso en materia de derechos humanos. Algo como “nosotros somos independientes y nos las arreglamos solos”.

-Es bien paradójica esa carta, porque el Ministro de Justicia dijo hace poco que algunos sectores han reaccionado con virulencia a ésta, casi con histeria, cuando ellos están proponiendo un diálogo. Lo que pasa es que hay instancias de diálogo en el sistema interamericano de justicia para que los estados opinen y esa instancia es la Asamblea General de la OEA. Ahí todos los años la Corte Interamericana de Derechos Humanos rinde cuenta de su año y presenta sus informes. Y ahí se puede dar una instancia de diálogo formativo e institucional. Pero en esta carta tú tienes que ver quiénes son los cofirmantes. Tienes a Bolsonaro y también a Macri, que no tiene las características del brasileño pero también es de derecha. Está Duque (Iván, presidente de Colombia), que está bastante cuestionado por algunos nombramientos que ha hecho en las fuerzas militares que están relacionados con el caso de los falsos positivos, de militares que asesinaban gente y los hacían pasar por guerrilleros para cobrar unos bonos. Son puros gobiernos de derecha. Entonces, uno tiene razones para preguntarse cuáles son los motivos de estos países para presentar esta carta.

¿Por qué crees que Chile se sube a este carro?

-Al parecer, por lo que he leído y por lo que dice el canciller argentino, Chile no sólo se sube a esta carro si no que lo lidera. Y aquí yo tengo dos tesis al respecto. Una, que se le está hablando al electorado chileno más duro. Porque si por ejemplo tú ves lo que está pasando ahora con el tema de la adopción homoparental, -tema en el cual el gobierno se opone y destaca una vez más el rol del padre y la madre-, también es una manera de hablarle a los sectores más recalcitrantes y conservadores de su electorado. Otro principio que este electorado abraza con fuerza es el de la soberanía, el orgullo nacionalista frente a la comunidad internacional, y eso se reafirma en la carta cuando se dice que en el sistema interamericano no hay un Margen de Apreciación.

¿Qué es eso?

Es una doctrina que tiene el sistema europeo que dice que existe una visión preliminar positiva de que el Estado no viola derechos humanos. Esto el sistema interamericano jamás lo ha aceptado y justamente por eso el concepto en América Latina es distinto al establecer que los derechos humanos son algo que nos interesa a todos. Y está el ejemplo nazi, donde hubo mayorías y la gente estaba de acuerdo con lo que el régimen hacía. Esa es una contradicción por la que el sistema interamericano nunca ha aceptado el Margen de Apreciación. Pero lo que sí ha aceptado la corte interamericana es que no se mete en cómo cumplen sentencia los estados cuando violan los derechos humanos y son éstos los que tienen que establecer el mecanismo para ese fin.

Y volviendo a la carta…

Esta carta es como un poco destemplada, es una mostrada de dientes de cinco países. Y siguiendo con lo anterior, mi otra tesis con respecto a las motivaciones de esta carta tiene que ver con las indemnizaciones que se están pagando, que reclaman que son muy altas. Y la indemnización última, que al parecer es la que le preocupa a Chile, corresponde a una por 180 mil dólares para cada una de 28 personas.

¿En qué caso es eso?

Es el caso Órdenes Guerra, que agrupa a víctimas de violaciones a los derechos humanos que en un primer momento se les declaró estaban prescritas. Y la corte interamericana lo que está haciendo es justamente tomar el caso de Chile y de manera prudencial fijar cifras que están justo en la mitad, entre lo más bajo y lo más alto que la Corte Suprema chilena ha fijado como indemnización en este tipo de casos. Y otra falacia de la carta es decir que la Corte Interamericana se salta instancias nacionales, porque cuando tú vas este tribunal si no has agotado todas tus acciones en tu país, se te rechaza tu petición.

Esta carta viene firmada por cinco países gobernados por la derecha, pero como dicen por ahí, a Maduro le vendría tan bien lo que dice, que en una de esas si se lo ofrecían también la firmaba.

-¡Es que es la misma línea! Si tú ves el discurso de la soberanía y de que somos autónomos, ese es el mismo discurso que han tenido todos los estados que son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos. Y en eso está Nicaragua y Venezuela, y en su momento Ecuador. O sea, muchas de estas mismas críticas de la carta las hicieron durante años estos tres países. Esto es muy peligroso, porque por razones distintas, pueden confluir una serie de estados a debilitar el sistema. ¿Y esto a quién perjudica? A la gente, a nosotros, a los individuos; a la gente que no tiene acceso al poder y a ninguna forma de influir en la toma de decisiones.

LA JUSTICIA Y LA MALDAD

Hablabas antes del individuo frente al Estado y lo indefenso que se puede estar en esa situación. Por lo mismo, es necesario tener una institucionalidad jurídica que te permita defenderte. ¿Se hace más feble lo judicial cuando tenemos escándalos como el que seguimos por la prensa en la Fiscalía de Rancagua?

-Para mí es crítico. O sea, para mí tener un estado de derecho fuerte, instituciones fuertes… puede sonar paradójico, pero tener un Estado fuerte al final beneficia al individuo. Porque ante la ausencia de Estado es cuando suceden las peores cosas contra el individuo, sobre todo al individuo débil que no tiene a quien recurrir. Y cuando se pierde la confianza en las instituciones, como la justicia, volvemos un poco al estado de naturaleza. Además, me llama la atención cómo la gente no ve la relación entre la corrupción y la seguridad. Porque si tú eres capaz de robar o apropiarte de dineros estatales para tu beneficio personal, claramente tienes intereses económicos individuales muy altos. Por lo tanto, ¿qué me asegura a mí que el día de mañana un cartel no te compre? Y así, si la gente deja de creer en las instituciones, caemos en la ley de la selva. Y créeme que muchas veces en estas oleadas caen varios inocentes. Y lo que está pasando en Rancagua es lamentablemente, porque te ponen en duda todo. Y si por eso caemos en el discurso de que se vayan todos, vamos a terminar con algo peor. Vamos a terminar con los Bolsonaro.

A propósito de política y políticos, tú defendiste a Jovino Novoa en el Caso Penta. ¿No entra eso en contradicción con tu trabajo en derechos humanos?

-Para mí no había ninguna contradicción, porque a Jovino Novoa se le dio un trato totalmente distinto que al que se le dio a otros políticos, y eso fue solamente por un sesgo político. O sea, se le revisaron hasta las sociedades personales, cosa que no se hizo con nadie más. Entonces ahí hubo un tema de obstinación política que no se aplicó con el resto. Y por eso yo nunca sentí una contradicción en defenderlo porque veía que el Estado aquí estaba abusando para perseguir a una persona. Y por muy contactado y por muy ex ministro que seas, cuando el Estado y la opinión pública la tienes en contra, tú eres la parte más débil. Aunque no le guste a la gente.

¿Pero tienes algunos tipos de casos vetados, que jamás tomarías?

-Acá en la oficina, y por solicitud mía, no tomamos casos de defensa de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero eso básicamente porque yo no les daría una buena defensa. Creo que tienen todo el derecho a ser bien defendidos y a tener la mejor defensa, pero yo estaría queriendo que los condenen.

México, Uganda, el caso de Enrique Orellana… ¿qué le pasa a uno viendo tanta maldad o conductas al límite de la gente?

-Yo creo que lo más interesante de mi trabajo y de los que nos dedicamos a esto es poder ver al ser humano en su completitud, entero. Por ejemplo, en el caso de Ongwen en Uganda, él también fue víctima en su momento. Lo secuestraron de niño y luego llegó muy alto en rangos militares. Entonces lo que encuentro interesante es que cuando tu ves este tipo de cosas, ves todos los matices los dobleces de las personas. Por lo mismo, este trabajo te hace valorar la importancia del Estado, del estado de derecho y de la separación de poderes. Porque necesitamos normas que nos enrielen y nos pongan límites.

¿Porque el ser humano puede no tener límites?

Sí. Yo creo que cualquiera de nosotros, puesto en ciertas situaciones, podría hacer cualquier cosa. Porque el ser humano tiene muchas miserias, y me incluyo. Cualquier ser humano, las víctimas también las tienen. Y como en ciertas circunstancias los límites pueden desaparecer es que necesitamos que el estado nos ponga los límites.