Columna: Con respecto a la Cuenta Pública, ¿cómo mejoramos y optimizamos el poder legislativo?

La cuenta pública del presidente Sebastián Piñera puso muchos temas sobre la mesa. Y uno de ellos, y posiblemente el más comentado en los últimos días, es la propuesta de una reforma constitucional para disminuir la cantidad de diputados y senadores, además de limitar la reelección de congresistas y alcaldes en los territorios donde anteriormente fueron electos. Ideas que en un contexto donde reina un sentimiento antipolítico, serán probablemente bien recibidas por la ciudadanía. ¿Pero qué tan beneficiosas son para nuestro sistema político democrático y para el país finalmente?

Recordemos que hace no mucho, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pasamos de tener un congreso binominal con 120 diputados y 38 senadores a tener uno proporcional (que funciona con sistema D’ Hondt) que tiene 155 y 43 senadores (pasando a ser 50 estos últimos a partir de la próxima elección parlamentaria). Las razones de esta reforma era aumentar la representatividad del Congreso y dar espacio a una mayor diversidad de realidades, sensibilidades e ideologías políticas en dicha institución.

Y en buena parte funcionó. Si antes por ejemplo existía una Cámara de Diputados sumamente duopólica, donde de los 120 diputados y diputadas que habían, solo cuatro no pertenecían a la Nueva Mayoría o a Chile Vamos. Hoy de los 155 diputados y diputadas que hay, 26 congresistas no pertenecen ni a coaliciones de la ex Nueva Mayoría ni a Chile Vamos. 20 son del Frente Amplio (una nueva fuerza transformadora que apunta a cambiar el modelo) y otros 4 son de la Coalición Regionalista Verde (que representaría a personas de centro con tendencias descentralistas y ecologistas).

También la representatividad mejoró más allá de dar espacio a una mayor diversidad política. Debido a que si lo miramos cuantitativamente con el ejemplo del distrito 1, donde pasaron de tener dos diputados a tener en vez tres. Si antes había un diputado por cada 113 mil habitantes, ahora hay un diputado por cada 75 mil habitantes. Y en otros distritos, a nivel proporcional, fue mucho más notorio el cambio aún.

Es decir, a priori el objetivo de la reforma se cumplió en gran medida. Debido a que sí se dio paso a una mayor representatividad y diversidad en el Congreso. Por lo tanto, retroceder en aquello, y disminuir la cantidad de diputados y diputadas, sería quitarle la voz a realidades e ideologías políticas que antes no tenían cómo ser escuchadas.

Pero vamos al Senado. Que ahí sí se puede llegar a un acuerdo que no afecte ni la diversidad ni la representatividad de nuestra democracia. Debido a que no hay Cámara menos representativa que la Cámara Alta. De hecho, aún con la reforma del gobierno de la presidenta Bachelet, de los 43 senadores que hay actualmente, solo 3 no pertenecen ni a las coaliciones de la ex Nueva Mayoría ni a la Alianza. Y quien tiene un cargo como senador/a tiene que cubrir un espacio poblacional mucho más grande que un diputado.

Esto último no solo es una problemática para la representatividad en ejercicio (el trabajo senatoriall), sino que por sobre todo en términos de campaña y al momento de una elección que sea representativa. Porque siendo sinceros y lógicos, quienes pueden cubrir los grandes costos que requiere una campaña para ser senador, son; 1° los que tienen un gran capital político detrás apoyando, es decir, por ejemplo, a todo un partido, movimiento o buena parte de ellos buscando lograr su elección; Y 2°, y lo más importante y definidor, los que tienen un gran capital económico. Si uno ve el perfil de quienes son senadores, la gran mayoría son personas del estrato socioeconómico más alto del país; también ex ministros, subsecretarios e intendentes (Felipe Kast, Andrés Allamand, etcétera); o, de familias tradicionales de la política chilena (Allende, Lagos, etcétera).

Por lo tanto, si una hay cámara que debería verse disminuida, o más bien, definitivamente ser eliminada, esa sería el Senado. Pero también es importante saber, no solo si se puede eliminar o no, sino que por qué hacerlo. Apareciendo de aquel cuestionamiento a lo menos dos razones; una sería ahorrar en costos; y la otra, sería agilizar nuestro sistema legislativo. Y la última razón no necesita mucha mayor profundidad y análisis, debido a que si vemos en los hechos, el Senado no aporta ningún valor agregado que la Cámara de Diputados no pueda aportar, y por lo tanto, al final solo estaría para retrasar innecesariamente el proceso legislativo.

Con respecto al gasto económico que significa este aumento de diputados y senadores que hubo tras la reforma al sistema binominal. Lo primero que hay aclarar, es que el gasto al Congreso no es tan significativo en relación al PIB. Sí, son millones que ayudarían a costear docenas de sueldos a profesores y médicos, pero no es que disminuyendolo haya una mejora considerable en nuestras arcas fiscales. Esto lo aclaro para que no se vea como una gran panacea ante la supuesta falta de dinero del Estado para realizar gastos sociales. Mejor en ese caso, revisar lo que se gasta en otras áreas como por ejemplo en la Ley Reservada del Cobre.

Pero sí hay un claro consenso en que los sueldos de los congresistas son absurdos e injustificablemente altos. No hay razón alguna para que los diputados y diputadas reciban un sueldo bruto de más 9 millones pesos, que es 30 veces el sueldo mínimo actual. ¿Su trabajo es 30 veces más sacrificado, exigente y valioso que el de un trabajador/a promedio? Pues no. Y ante ello lo más razonable, sería al menos disminuir este sueldo a la mitad, y que pasen a ganar poco más de 4.500.000 pesos brutos, que seguiría siendo 15 veces el sueldo mínimo. Si queremos avanzar hacia una sociedad menos injusta y desigual, partamos entonces por el Congreso, rebajando sus sueldos y quitándoles otros privilegios.

El tema está, en que el presidente Piñera nunca habló de disminuir la dieta de las y los congresistas. Sino que solo de disminuir la cantidad de ellos (con los costes a nuestra democracia que ya vimos previamente) y limitar la reelección de los cargos por elección popular solo en sus territorios. Mucha atención con esto último, que entonces, un diputado podría reelegirse dos veces en su mismo distrito y después mandarse a cambiar a otro y salir ahí nuevamente como diputado. Si el fin de este cambio es la renovación política, claramente no tendrá mucho efecto. Si el Presidente realmente quisiera evitar los apernados, que el límite de reelección sea por cargo y no por distrito o territorio.

Ahora, si quisiera ir más allá, el Presidente Piñera hablaría de iniciativas populares de ley, para legitimar aún más el poder legislativo dándole a la ciudadanía la posibilidad de participar directamente proponiendo proyectos de ley. Y si en realidad busca una renovación del parlamento, y en el sentido ético, partiría por profundizar la agenda de probidad y transparencia nacida de la comisión Engel, enfocándose -entre otras cosas- en mejorar la regulación y fiscalización del financiamiento público de la política.

Entonces, en resumidas cuentas, la Cuenta Pública de Sebastián Piñera nos habla más de una añoranza por ese congreso duopólico que existía cuando estaba el sistema binominal, que de una verdadera intención de reducir costos innecesarios y de mejorar como también renovar el Congreso.