El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos

Somos un grupo de personas vinculadas, preocupadas y abocadas a distintas tareas y experiencias relativas a la prisión y a los presos. Por ello estamos conscientes de la situación que afecta a las personas privadas de libertad en nuestro país. La agitación social y política que se verifica en Chile ha hecho posible visibilizar múltiples formas de abuso, de mal manejo de los recursos públicos, de la manera en que algunos han defraudado el patrimonio fiscal, de las redes de poder que actúan como mecanismos de protección, de la falta de probidad en el uso de los bienes colectivos y, entre otras, de las prácticas de nepotismo, la violencia y el apadrinamiento con las cuales se ha minado y ultrajado los bienes públicos. 

Este hartazgo no es solo frente y contra un sistema político y económico que precariza la vida, sino también en contra de esa clase política que en todos los niveles ha burlado el sistema democrático, instalando en el engranaje burocrático operadores políticos de dudosa impronta ética y menos probada capacidad profesional; que se ha enriquecido desvergonzadamente, especulando con las necesidades de las capas sociales más vulneradas y con la inestabilidad y temores de la así llamada clase media; con una clase política que se ha coludido con las grandes empresas para empujar proyectos legislativos que van en contra del interés nacional, que se han repartido los servicios públicos y han apoyado la creación de ONGs y fundaciones para estrujar aún más los recursos del Estado. 

Quienes acá subscribimos, nos desempeñamos en distintas áreas del Sistema Penitenciario y sabemos que las cárceles y el Sistema Penal en su totalidad se han convertido en una industria sumamente lucrativa. Sin ir más lejos, durante el mes de marzo del presente año, el Estado desembolsó $ 6.058.080.021.- para el pago de uno de los compromisos bianuales que debe realizar por las 8 cárceles administradas por empresas privadas trasnacionales que operan en Chile. A mayor abundamiento, entre el año 2008 y el año 2018, por ejemplo, se desembolsaron $1.288 millones de pesos en pago por el uso de telefonía celular y solo el año 2018 se registraron $108 millones de pesos en la compra de alcohol por parte de Gendarmería de Chile. 

Se calcula que se gastan al año más de 1.000 millones de pesos en el pago de sueldos de los capellanes que operan en las cárceles. Sabemos que un grupo de ellos cumple una importante labor de acompañamiento espiritual, pero también son varios los casos sobre los que caen serias sospechas de que se trata de funcionarios que se han allegado al Estado y abusan del sistema que, siendo religiosos, reciben sueldos de alrededor de 2,4 millones de pesos mensuales y actúan sin las exigencias habituales de un funcionario público y que en 7 casos han ingresado a la “Planta” de funcionarios sin haber pasado por un llamado a concurso público, transparente y competitivo. A contrapelo de aquello, el servicio cuenta solo con un profesional de la ginecología y un psiquiatra a nivel nacional como parte del cuerpo de funcionarios. Asimismo, las regiones de Coquimbo, Aysén y Magallanes no cuentan con ningún médico contratado por el servicio para prestar atención de salud a los internos. Esta situación es particularmente grave. Entre el año 2011 y el año 2016, por ejemplo, fallecieron 886 personas privadas de libertad, de ese total el 47% (420) lo fue producto de enfermedades, muchas de ellas no mortales en un régimen de vida en libertad. 

Hoy la planta civil de funcionarios de Gendarmería es de 5005 y la de uniformados alcanza los 15.310. Es muy probable que las quejas de falta de personal que son planteadas por las organizaciones gremiales tengan un sustento racional; no obstante, ello no significa que no sea necesario cuestionar por innecesario el actual proyecto de “Modernización de la Carrera Funcionaria” que, tras haber sido pobremente discutido en la Cámara de Diputados, hoy continúa su tramitación en el Senado. 

¿Conocen los diputados y senadores los problemas de gestión de las cárceles del país? ¿Sabrán, por ejemplo, que en la Región Aysén el número de funcionarios uniformados es de 313 y que el número de civiles encarcelados a quiénes custodian es de 90? ¿Sabrán que, en total, allí trabajan 403 funcionarios y que el número de personas privadas de libertad (incluidos los CET) es de 270? ¿Tendrán presente que aportar $50.000 millones para apurar procesos de llamado a retiro resulta inaceptable en el Chile que hoy se moviliza, no siendo razonable fortalecer grupos de privilegiados? ¿Cómo le explicarán al país que se está dictando una norma que permitirá que funcionarios públicos puedan acogerse a retiro con 20 años de servicio con un bono cercano a los $26 millones y una jubilación impensada para un trabajador chileno? 

Las personas privadas de libertad y las consecuencias que de ello soportan sus familiares son el efecto más directo de la desigualdad y la precarización de la vida para un importante segmento de nuestra sociedad a quiénes omitimos de los discursos oficiales, incluso, de aquellos con miradas más sociales. 

Hoy son más de 50 mil personas las que pueblan las prisiones del país. Las condiciones en que viven día a día, en este mismo momento, son inhumamente insalubres y, para ellos, el maltrato físico y psicológico forma parte de la vida cotidiana. La cárcel en Chile es el espacio del No-Derecho, de la indefensión, de la naturalización del horror y del ejercicio sistemático de la tortura. Así lo confirman los diversos informes emitidos por organismos de Derechos humanos nacionales e internacionales disponibles en fuentes públicas. 

La vida adentro de las prisiones va de la mano no sólo de la pérdida de la libertad, sino de las más mínimas condiciones de vida digna. Los y las presos y presas viven amontonados y amontonadas en celdas sin luz, con escasa ventilación; los baños suelen ser espacios pútridos, plagados de infecciones. El encierro puede alcanzar hasta de 16 horas por día, quedando los y las presas y presos en ese espacio de tiempo abandonados y abandonadas, expuestos y expuestas a toda la violencia que genera la detención de sus cuerpos en espacios reducidos. 

La cárcel vulnera, violenta y causa dolores innecesarios a la vida humana. Estimula la lucha por los espacios, la comida, la sobrevivencia, como si viviésemos hace 300 mil años atrás, aún en cavernas. La cárcel expone al preso y a quiénes les visitan a todo tipo de vejámenes y esas prácticas se refuerzan y autoreproducen, y consolidan los códigos del silencio, que no son más que un hermetismo artificioso creado a través del amedrentamiento sistemático para favorecer a los abusadores y los funcionarios corruptos. La cárcel es un espacio de abandono vital, una grieta sangrante en el Estado de Derecho. 

Por su parte, las modificaciones hechas al decreto 321 que regula la Libertad Condicional han resultado funestas para las pretensiones de aquellos y aquellas privados y privadas de libertad que decidieron ajustarse a normas que no terminaron satisfaciendo las expectativas que les generaren. Con ello no solo se ha incrementado el encarcelamiento masivo y el mayor abarrotamiento de las cárceles, sino que, ante todo, se frenó una importante política orientada a la re-vinculación social de las personas privadas de libertad, de cuyos resultados podemos afirmar, los datos empíricos dan cuenta de un éxito innegable y una bajísima reincidencia. Estas decisiones legislativas van en contra de toda la evidencia que demuestra la importancia reparadora de estas medidas alternativas para el cumplimiento de condenas y son el reflejo de que el populacherismo vindicativo atraviesa transversalmente a la clase política. 

Quienes abajo firmamos, reclamamos por la creación de una real política pública penitenciaria. Son varias las alternativas y una de ellas es la creación e implementación de una ley de ejecución penitenciaria. No tenemos dudas sobre que es el camino del Derecho el que puede comenzar a regular las distorsiones y los abusos que se producen al interior de las cárceles, pero al mismo tiempo, tenemos certeza que nada cambiará si no se interviene con decisión los enquistes y las culturas de los operadores directos y sus organizaciones que se alimentan y lucran del dolor ajeno. 

La reformulación de nuestro Sistema Penitenciario pasa también por la reformulación de sus bases. El Derecho a la reinserción debe encontrarse garantizado a escala constitucional como norma que oriente a todas las instituciones e intervinientes a la hora de tomar decisiones frente a una persona privada de libertad y las condiciones bajo las cuales se encuentre. 

Resulta también indispensable democratizar las cárceles. La democracia tiene como virtud hacer participar a los ciudadanos de la vida pública.
No reconocemos la existencia de ninguna buena razón para seguir privando a los condenados de su calidad de ciudadanos con Derechos y obligaciones cívicas como las de cualquiera, a menos que estemos dispuestos a aceptar que quién incurre en un delito penal se convierte automáticamente en un enemigo que debe ser expulsado del pacto social.  

De lo contrario, es necesario que se reconozca a las personas privadas de libertad el Derecho a un rol más activo al interior de las cárceles en aspectos básicos como acceder a una adecuada y suficiente defensa, el Derecho a petición, el Derecho de asociación, el Derecho a la salubridad, los Derechos sexuales y reproductivos y el Derecho a participar de actividades que les permitan desarrollarse de manera personal, material, espiritual y familiar. 

Llamamos a las personas privadas de libertad y sus familiares, a las organizaciones que han logrado mantenerse libres e independientes de toda influencia y aportes económicos, a los activistas de Derechos humanos, a los académicos comprometidos con las personas privadas de libertad, a aquellos funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile que realizan su labor con compromiso ético a hacer esfuerzos por organizarse y hacer oír la voz de las personas privadas de libertad. 

No avanzaremos en dignidad si invisibilizamos a quienes sufren las más nefastas consecuencias de este sistema económico, social y, por cierto, penitenciario. Por lo mismo, exigimos lo siguiente: 

1)  Que se revise el impacto negativo que está produciendo el decreto 321 en las posibilidades de reinserción de las personas privadas de libertad; 

2)  Que se ponga especial preocupación en revisar la situación en las cuales se encuentran las capellanías que operan a lo largo del país; 

3)  Que se transparente el sistema de acceso público de las Ongs, fundaciones, universidades, etc. que trabajan y desarrollan proyectos al interior del espacio carcelario; 

4)  Que se ponga especial preocupación sobre la situación que afecta a las mujeres privadas de libertad, en especial aquello que tiene que ver con sus Derechos maternales, atención médica especializada y psicológica. 

5)  Que la Cámara de Diputados cree una comisión investigadora de las graves violaciones de Derechos humanos que se viven cotidianamente al interior de la cárceles de Chile; 

6)  Que se investigue la situación de las cárceles concesionadas y que se evalúe el impacto que ha tenido su intervención en los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad que han egresado de los centros penales por ellos administrados; 

7)  Que se fortalezcan material y profesionalmente las defensorías penitenciarias; 

8)  Que se someta a discusión con la mayor celeridad posible una ley de ejecución penitenciaria; 

9)  Que el Senado solicite informes y estudios específicos a fin de ponderar y votar adecuadamente el proyecto denominado “Modernización de la Carrera Funcionaria de Gendarmería de Chile” y que aquello sea discutido teniendo presente las voces no sólo de las asociaciones de familiares y organizaciones ligadas al mundo carcelario y otras personas de buena voluntad que aún creemos en la posibilidad de rescatar las más personas que podemos del infierno de la cárcel, sino a los propios presos, pues a ellos remite no sólo la necesidad y el esfuerzo, sino la ilusión de superar para siempre este estado de las cosas que nos hace encerrar a iguales. 

Como se ha repetido durante estos días, hasta que la dignidad se haga costumbre. 

1. Alejandra Legue Figueroa, trabajadora social. 
2. Alejandro Almonacid, técnico informático. 
3. Alex Álvaro Moisés Saavedra Andrades, Estudiante de Derecho. 
4. Alexa paola morales valenzuela, Estudiante Derecho. 
5. Alicia Flores, Activista DDHH Proyecto Mecha Chile. 
6. Agustín Walker, Subdirector de Leasur ONG. 
7. Amalia Valdés, Tesorera de Leasur ONG. 
8. Amanda Parra, Activista plurinacional por el Agua y los territorios. 
9. Ana Rosa Téllez Meneses, Educadora de Párvulos. 
10. Ángela Peralta, Abogada, activista de DDHH. 
11. Angie Riquelme Escobar, Socióloga. 
12. Anna Cruz Benavidez, curinga del Teatro de las Oprimidas, directora Otro Cuerpo; Teatro e Investigación. 
13. Antonia Elena Carrasco Espínola, Estudiante Derecho. 
14. Bárbara Camila Ramos Peñaloza, Estudiante obstetricia y puericultura. 
15. Beatriz Belén Osorio Meza, Estudiante de Derecho. 
16. Beatriz Dominique Mauffray Robles, Estudiante de pedagogía en educación física. 
17. Begoña Meyer, terapeuta ocupacional, ONG Dialecta. 
18. Belén Orellana Díaz, Estudiante. 
19. Bertha Díaz Opazo, Estudianta de Kinesiología. 
20. Camila Angelica Vergara Avalos, Estudiante de Derecho. 
21. Camila Cáceres Díaz, egresada de Licenciatura en Derecho. 
22. Camila Pia Torres Cornejo, Estudiante de Derecho. 
23. Camila Valenzuela Basoalto, Estudiante de ciencias políticas y gestión pública. 
24. Caneña Melina, cofundadora y directora de Proyecto Mecha Internacional. 
25. Carla Verdugo Salinas, Activista de DDHH. 
26. Carlos Elgueta, abogado, Bloke Abolicionista. 
27. Carlos Guerrero Munita, abogado. 
28. Carlos Esparza, privado de libertad, activista DDHH, Proyecto 56.000 Sin Voz. 
29. Carola Encalada Reyes, ingeniera en administración de empresas. 
30. Carolina Ángel Téllez, Violinista, Estudiante de Derecho. 
31. Carolina Hudson Stange, Fundación Mariposa del Caos. 
32. Carolina Rebolledo, Abogada, activista territorial del CED La Frontera. 
33. Catalina Alejandra Mendoza Salgado, Estudiante de Psicología. 
34. Catalina Alice Lagos Maldonado, Estudiante de Derecho. 
35. Catalina Basoalto zamorano, Estudiante de enfermería. 
36. Catalina Francisca Salvo Parraguez, abogada. 
37. Catherine Andrea Ugás Helmo, Educadora de párvulos, Curicó. 
38. Cecilia Ojeda, activista de DDHH, Punta Arenas. 
39. Cecilia Vallejo, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
40. César Pizarro, Director ONG 81 Razones. 
41. Christian Navarro, Estudiante de psicología, Purranque. 
42. Claudia Andrea Arcos Moraga, Estudiante Derecho. 
43. Claudia Cifuentes Contreras, Estudiante de Derecho, San Javier. 
44. Colectivo Sustento, Santiago. 
45. Conny Espinoza Ludueña, Estudiante de Sicología, Curicó. 
46. Constanza Araya, Coordinadora general de Leasur ONG. 
47. Constanza Arias Iturra, Estudiante de Derecho. 
48. Constanza Escobar Guzmán, Estudiante Derecho. 
49. Constanza Raquel Alegría Valdés, Estudiante de Derecho. 
50. Cristian Alejandro Parra Fernández, Psicólogo Educacional. 
51. Cristian Jofré Orellana, artista, fundador del programa de gestión de desarrollo emocional Expresar o Morir. 
52. Dangy Antonia Grez Araya, Estudiante de trabajo social. 
53. Daniela Belem Cornejo Aravena, Profesora de Educación Especial. 
54. Daniela Belén Alcántara Soto, Trabajadora Social (Talca). 
55. Daniela Constanza Godoy Reyes, abogada 
56. Daniela Encalada Arriaza, Estudianta de Derecho. 
57. Daniela Francisca Abarca Ávila, Estudiante Derecho. 
58. Daniela Ortega, abogada. 
59. David Montecino Vieira, Profesor de Lenguaje y Comunicación. 
60. Daybelis Segovia, Actriz chilena en Buenos Aires. 
61. Mg. Diana Valdés Aguayo, Defensora Penal Pública. 
62. Diego Zurita, administrador local de comida. 
63. Mg. Edson Aravena, Profesor de Filosofía. 
64. Eduardo Erick Latuz Favi, Empresario. 
65. Eduardo Guillermo Enrique Meins Middleton, abogado. 
66. Eduardo Pérez, Fotógrafo. 
67. Eliana Espinoza Del Campo, Abogada feminista y activista por DDHH. 
68. Elizabhet Solange Figueroa Cornejo, Estudiante Derecho. 
69. Enrique Salgado, Dirigente sindical. 
70. Enzo Giuliano Dodero Lira, Artista y microempresario. 
71. Fabiola Romo Lagos, Defensora Penal Pública Penitenciaria. 
72. Felipe Ampuero, músico. 
73. Felipe Antonio Bravo Castro, Estudiante de Derecho. 
74. Felipe Ortiz Prince, Artesano. 
75. Felipe Parada Arias, Estudiante de administración pública. 
76. Felipe Puebla Rodríguez, Estudiante de Derecho. 
77. Dr. Fernando Codoceo, Académico. 
78. Fernando Codoceo. C., Jubilado, obrero. 
79. Fernando Leal Aravena, Abogado, Diplomado en Sistema Penitenciario y DDHH, Litigante de Convencionalidad. 
80. Mg. M. Fernanda Ampuero, Académica, artesana. 
81. Dr. Fernando de la Cuadra, Sociólogo, académico. 
82. Francisca Duarte Guzmán, Psicóloga y activista en derechos de la infancia en ambientes carcelarios. 
83. Francisca López Sepúlveda, Trabajadora Social (Talca). 
84. Florencia F, Activista feminista, Colectivo teatral Las Brutas. 
85. Francisca Vásquez Paredes, Abogada. 
86. Francisco “Papas Fritas”, Artista visual y fundador de ONG 81 Razones. 
87. Francisco Liberona Espinoza, Estudiante de gastronomía internacional. 
88. Mg. Francisco Molina Jerez, Abogado. 
89. Gabriela Ignacia Rojas Aravena, Estudiante de Derecho. 
90. Galo Muñoz, Director Observatorio Social Penitenciario 
91. Gemita Pastenes Opazo, ONG Dialecta. 
92. Giacomo Perini, Actor de El teatro de los que sobran. 
93. Gladys Morales, Profesora, dirigente sindical. 
94. Gloria Moneny, Directora ONG Marco en Libertad-Valdivia. 
95. Mg. Gonzalo Ulloa, Trabajador Social, Artesano, activista causa mapuche. 
96. Hanz Hoffhein Escalona, Estudiante Derecho. 
97. Ignacia Almendras Flores, Diseñadora Gráfica. 
98. Ignacio Cuevas Olivares, Tallerista. 
99. Isabel Constanza Ibacache Salazar, Estudiante de Derecho. 
100. Isabel Fernanda Diaz Cáceres, Estudiante de Derecho. 
101. Isadora Ana Sofía Rojas Garrido, Estudiante Derecho. 
102. Ivania Espinoza, Estudianta de Derecho, activista de DDHH. 
103. Mg. Iván Vidal, Abogado, académico. 
104. Jaime González Orellana, Estudiante de Derecho. 
105. Javier Mella, Bloke Abolicionista. 
106. Javier Rodrigo Carrasco Sepulveda, Estudiante Derecho 
107. Javier Aguilera, Abogada, 
108. Javiera Aracelli Gómez Díaz , Estudiante de Derecho. 
109. Javiera Cona Romero, Abogada, ONG Dialecta y activista. 
110. Javiera Erba, Estudiante de Derecho. 
111. Javiera Farias, Abogada. 
112. Javiera González Orellana, Estudiante, Turismo Aventura. 
113. Javiera Ignacia Rodway Alarcón, Estudiante de Derecho. 
114. Javiera Ignacia Urrutia Cerda, Estudiante de Pedagogía media en inglés. 
115. Javiera Olguín, Estudiante de Enfermería. 
116. Javiera Loch Araya, Trabajadora social. 
117. Jennifer Morales Maldonado, Activista DDHH Proyecto Mecha Chile. 
118. Jessica Nauto, Antipoeta popular, activista DDHH de privadas y privados de libertad. Colectivo 29M. 
119. Jocelyn Ampuero, Dueña de casa. 
120. Jorge Gonzales Matute, Músico. 
121. José Luis Jara Torres, Estudiante de Derecho. 
122. José Miguel Rodríguez, Abogado. 
123. Juan Pablo Muñoz García, Estudiante Ingeniería civil. 
124. Juan varas, Director organización social de DD.HH, Arica. 
125. Julián Agustín Hernández Tejos, Estudiante de licenciatura en lingüística y literatura. 
126. Julio César Martínez Bustos, Estudiante de Derecho. 
127. Julio Ríos, Profesor de historia y geografía. 
128. Karen López Matus, Técnico en enfermería. 
129. Karen Godoy Schmied, Abogada. 
130. Katherine Henríquez Sepúlveda, Estudiante de Licenciatura en Derecho. 
131. Katherine Muriel Alarcón Giadach, Abogada. 
132. Kilber Salas, Fotógrafo. 
133. Kristen Yunnis Burgos Morales, Estudiante de Derecho. 
134. Lorena Inostroza, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
135. Luis Paredes, Diseñador. 
136. Luis Francisco Salinas Segura, Abogado. 
137. Luis Sepúlveda López, Abogado DD.HH. 
138. Macarena Agüero Díaz, Abogada, Defensora Penal Pública Penitenciaria. 
139. Macarena Leng Astete, Abogado. 
140. Magdalena Arduiz Sepúlveda, Estudiante de Derecho. 
141. Manel Codoceo, Estudiante secudario, activista de DDHH. 
142. Manuel Agurto, Abogado. 
143. Manuel Bravo Díaz, Estudiante. 
144. Manuel Henriquez Cortez, Asesor ONG CONFAPRECO. 
145. Marcela Álvarez Cornejo, Estudiante de Derecho. 
146. Dra. Marcela Aedo, Abogada, académica. 
147. Michelle Ribaut, Cineasta. 
148. Nathalia Mardones, Artista, activista del Proyecto Mecha Internacional. 
149. Marcelo Aguilar Mercado, Estudiante de Derecho. 
150. Marcelo Javier Aguilar Mercado, Estudiante de Derecho. 
151. Marcelo Zambrano Suárez, Estudiante de Derecho. 
152. Marcia Orrego, Licenciada en Química y Biología. 
153. Marcia Rivera, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
154. María Cofré Gallardo, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
155. María Constanza Cornejo Aravena, Psicóloga Clínica. 
156. María Fernanda Ovalle Donoso, Abogada, académica. 
157. María Francisca Barra Díaz, Abogada. 
158. María Ignacia Álvarez, Trabajadora independiente, Rapanui. 
159. María Ignacia Rojas Enrich, Estudiante de Derecho. 
160. María Isabel Montenegro Cáceres, Estudiante de Derecho. 
161. Mg. María Paz Ureta Bravo, Abogada. 
162. Mariano Rubio Bastías, Abogado. 
163. Maribel González, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
164. Marisel Álvarez, Educadora de Parvulos, Purranque. 
165. Marycel Cabello, Auxiliar Farmacéutica. 
166. Matías Ignacio Sepúlveda Gajardo, Estudiante Derecho. 
167. Melissa Mella, Profesora de lenguaje, artesana. 
168. Meredith Constanza Araya Aedo, Estudiante de Derecho. 
169. Mg. Max Troncoso, Abogado, académico. 
170. Miguel Vidal Ayancán, Estudiante Química analítica, conserje. 
171. Miriam Cárcamo, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
172. Natalia Cerpa Orellana, Estudiante de Derecho. 
173. Natalia Paz Picart Cornejo, Estucadora de Párvulo. 
174. Natalia Rojas Muñoz, Trabajadora Social, Talca. 
175. Nataly Tancara, Coordinadora Mujeres Sin Rejas. 
176. Nelly Catalán, Empleada doméstica. 
177. Noemí Hernández Guzmán, Trabajadora social, Arauco. 
178. Núcleo de Estudios Penitenciarios, Universidad de Valparaíso. 
179. Paloma Silva Salas, Estudianta de Derecho. 
180. Paola Vega Cofré, Comerciante. 
181. Patricia Arévalo Vargas, Trabajadora Social, ONG Dialecta. 
182. Patricia Vallejos, Trabajadora Social, Peñalolén. 
183. Patricio Ampuero, Trabajador de la construcción. 
184. Mg. Patricio Caviedes Núñez, Psicólogo, ONG Dialecta. 
185. Dr. Patricio Quiroga, Historiador. 
186. Patricio Varas Campos, Estudiante de ingeniería en mecatrónica. 
187. Paula Angélica Valencia Cisterna, Estudiante de Derecho. 
188. Paula Elizabeth Cornejo Aravena, Enfermera. 
189. Paula Yáñez, Comerciante. 
190. Paulina Antonia Otárola Troncoso, Estudiante Ingeniería civil industrial. 
191. Paulina Catalina Muñoz Leiva, Estudiante de Ingeniería civil geológica. 
192. Dra. Paz Irarrázabal, Abogada, académica. 
193. Pía Espinoza Quiroga, Estudiante de Ingeniería en administración de empresas. 
194. Rafaella Florencia Kindel Araya, Estudiante de nutrición y dietética. 
195. Red Descarcelarte, Valparaíso 
196. Roberto Aldana Salinas, Abogado. 
197. Rocío Alejandra Ramos Urra, Estudianta de Enfermería. 
198. Sandra Arriaza Bravo, Técnico en enfermería. 
199. Sebastián Beltrán, Activista DDHH, Proyecto Mecha Arte. 
200. Sergio Cañoles, Profesor de Teatro. 
201. Silvia Vidal Ibarra, Presidenta ONG CONFAPRECO. 
202. Dr. Silvio Cuneo, Abogado, académico. 
203. Simón Parada Manzur, Abogado. 
204. Solange Andrea Sánchez Duarte, Estudiante de Derecho. 
205. Solange Sánchez Duarte, Estudiante de Derecho. 
206. Sonia Lagos, Activista de DDHH, Asociación de Familiares de Presos de Aysén. 
207. Steffi Hanna Schramm, Abogada, activista Observario de Violencia Institucional. 
208. Sthefania Walser B, Abogada, Directora ONG LEASUR. 
209. Mg. Tamara Farrah, Abogada, Defensora Penal Pública Penitenciaria. 
210. Tomás Osvaldo Benavides Zuñiga, Estudiante Construcción civil. 
211. Valentina Antonia Parra Inzulza, Estudiante de Derecho. 
212. Valentina Daniela Morales Villarreal, Estudiante de Medicina. 
213. Valentina Ignacia Jorquera Vásquez, Estudiante de Derecho. 
214. Valentina Lorca Núñez, Abogada. 
215. Valeria Díaz, Estudiante Ingeniería Agrícola. 
216. Valeska Uribe, Agrupación de madres de privadxs de libertad asesinadxs por el Estado. 
217. Vaneza Alejandra Tapia Montecino, Estudiante Derecho. 
218. Vary Soto, Mujer privada de libertad. 
219. Mg. Víctor Cabello Valdivia, Abogado. 
220. Víctor Huenufil, Filósofo, Músico. 
221. Víctor Moraga San Martín, Abogado. 
222. Walter Ravello, Profesor. 
223. Xavier Aguirreal, Director y cofundador Proyecto Mecha Internacional. 
224. Ximena vasquez miño, Estudianta de Derecho. 
225. Yasna Kyara Falcón Garrido, Estudiante Derecho. 
226. Yélika Ibarra González, Abogada. 
227. Yeniffer Dayana Murillo Micolta, Estudiante de Derecho. 

05.11.2019, el año en que Chile despertó.