Sergio Micco: El estallido social y la crisis de derechos humanos en Chile

Por Sergio Micco*

Las causas que motivan el estallido social son muy anteriores al mismo. Las demandas que se han levantado están relacionadas con la falta de garantías en materia de derechos sociales, como salud, educación y seguridad social, cuestiones que el INDH ha relevado en sus informes anuales desde 2010. Asimismo, las demandas por un nuevo pacto social, una distribución distinta del poder y la participación de sectores sociales históricamente discriminados han sido una bandera que se ha levantado por parte del movimiento social con mucha fuerza estos años.

El telón de fondo del escenario es el debate por una nueva constitución, discusión de la que el INDH no se ha restado. En diversos Informes Anuales (2012, 2014, 2015 y 2017) ha sostenido que la actual Constitución no cuenta con el consenso de toda la ciudadanía y que un proceso de reforma o sustitución del texto fundamental debe cumplir con “estándares de participación amplios, con la inclusión de grupos discriminados, equilibrio entre hombres y mujeres, representatividad territorial, transparencia e igualdad de voto”. Estamos, por tanto, frente a un proceso de larga data que excede la responsabilidad de un Gobierno.

Desde la “Revolución Pingüina” de 2006 los movimientos sociales han tomado fuerza en el país: en 2011 a través de las movilizaciones universitarias por una educación gratuita; luego, en 2012 en las movilizaciones de Aysén por mayor equidad y accesibilidad a servicios sociales; en 2018 en las manifestaciones feministas y el cese de la violencia en contra de las mujeres.

Toda esta antesala de movimientos sociales fue una oportunidad para que los diversos gobiernos propiciaran una modernización de las policías, especialmente de Carabineros de Chile, en lo pertinente al control del orden público en el contexto de manifestaciones. Pero no se hizo. 

Carabineros ha hecho en este periodo -y hay que decirlo con toda claridad-, un desproporcionado uso de la fuerza, contrario a sus propios protocolos, con inusitada fuerza y magnitud. Lo anterior se vio especialmente agravado con la declaración del Estado de Excepción Constitucional, el que habilitó la acción de las Fuerzas Armadas para el resguardo del orden público, las que carecen de preparación práctica y logística, terminando con tres personas muertas por su presunta acción entre el 20 y el 21 de octubre. 

Como parte del balance de estos dos meses tenemos cientos de víctimas de tortura sexual, más de 350 víctimas de heridas oculares, cinco personas muertas y miles de heridos por presunta acción de agentes del Estado. Estos graves hechos no debieron haber sucedido y constituyen una violación al deber de respeto que tiene el Estado respecto de los derechos humanos que no pueden entenderse como meros hechos aislados o excepcionales.

Quedó así en evidencia una situación que el INDH ha venido haciendo presente desde su fundación relativa al rezago y debilidad de Carabineros de Chile para garantizar que el cumplimiento de sus funciones sea con pleno respeto a los derechos humanos y efectivo control por parte de la autoridad civil. En ese sentido, es importante no solo hacer cumplir los actuales protocolos que regulan el uso de la fuerza u otras actuaciones policiales, sino también tomar medidas más decididas que permitan una profunda reforma a la doctrina, misión, estructura, cultura interna y normas que rigen a la institución, con la finalidad principal de poner en el centro de su quehacer institucional la protección de los derechos de las personas.

Ello implicará regular por ley el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego por parte de organismos de seguridad del Estado, adecuándolos a los estándares que plantean los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, así como el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

Es imperativo que los actores políticos y sociales encuentren vías de salida que permitan recuperar la paz y generar una cultura que garantice el ejercicio de los derechos humanos, respondiendo eficazmente a las demandas de justicia social. Además, se hace fundamental que toda la ciudadanía reafirme su compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y con una cultura de diálogo, justicia y paz.

El INDH, como siempre, será activo promotor de la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, de tal manera que se garantice que los hechos vividos desde el 17 de octubre del 2019 no se sigan repitiendo.

*Es abogado y director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).