El error garrafal del cambio a la dieta parlamentaria que tiene en vilo las asignaciones de los expresidentes

Tras rebajar en mayo pasado el sueldo de diputados y senadores, asunto consagrado en el artículo 62 de la Constitución, se omitió poner una frase clave donde se alude a las asignaciones. En el Congreso se agarran la cabeza para buscar una interpretación legal que habilite los pagos que hoy serían ilegales.

La causa por malversación de fondos públicos que irrumpió en el Senado la semana pasada y que llegó con una solicitud del Ministerio Público de conocer todos los pagos a expresidentes que realiza mes a mes esa corporación, es sólo la punta de un iceberg que tiene en alerta a la Cámara Alta.

El problema data del 28 de mayo pasado, día en que entró en vigencia la rebaja en 25% de la dieta parlamentaria y que se estipula en el artículo 62 de la Constitución. En la redacción de ese punto de la Carta Magna se cometió una omisión garrafal que se constata al sólo leer el artículo.  

Antes del cambio, éste decía: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos corresponden”.  Sin embargo, la última frase donde se precisa “incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”, fue omitida por error en la versión que comenzó a regir a partir del cambio, poniendo en jaque las asignaciones de todo el Congreso, pero principalmente las de los expresidentes. 

Las llamadas “asignaciones parlamentarias” son todos aquellos servicios y prestaciones que diputados y senadores requieren para ejercer su función parlamentaria. Estas son financiadas íntegramente por el Estado, donde se incluye arriendo de oficinas, gastos en transporte, teléfono, peajes, contratación de asesores y difusión de su labor legislativa, entre otros. 

Antes del cambio, éste decía: “Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a estos corresponden”.  Sin embargo, la última frase donde se precisa “incluidas todas las asignaciones que a estos correspondan”, fue omitida por error en la versión que comenzó a regir a partir del cambio, poniendo en jaque las asignaciones de todo el Congreso, pero principalmente las de los expresidentes.

El Senado ha solicitado informes en derechos a distintas instancias y abogados para resolver el entuerto e interpretar correctamente la omisión detectada en forma tardía, varios meses después de que entrara en vigencia el cambio constitucional. 

Según explican algunos senadores, desde la Comisión de Constitución defenderían la idea de que la omisión no afectaría directamente a los legisladores quienes, más allá del rango constitucional, poseen un organismo que regula especialmente estas asignaciones: el Consejo de Asignaciones Parlamentaria que hoy comanda el exsenador DC, Andrés Zaldívar. En ese sentido, al existir un organismo como ése -explican quienes han revisado la interpretación de la Comisión- habilitaría los pagos. 

Sin embargo, el problema está radicado, justamente, en las asignaciones de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, a quienes el Estado provee de una dieta o sueldo vitalicio – $6,6 millones aproximando- y el pago de oficina y mantención de ésta por otros $7 millones mensuales aproximado. 

Para el caso de Sebastián Piñera, éste perdió el rango de expresidente al momento de asumir como actual mandatario. 

El problema está radicado, justamente, en las asignaciones de los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, a quienes el Estado provee de una dieta o sueldo vitalicio – $6,6 millones aproximando- y el pago de oficina y mantención de ésta por otros $7 millones mensuales aproximado. 

La dieta y las asignaciones de los expresidentes está consagrada en el artículo 30 de la Constitución donde se lee: “El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido”, dice ese artículo, en cuyo párrafo tercero agrega que “en virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62”. Al no explicitar ese artículo el pago de asignaciones y al no poseer -a diferencia de parlamentarios- un organismo que regule ese ítem, los exmandatarios habrían perdido ese beneficio a partir del 28 de mayo pasado, día en que se cambió el artículo. 

La omisión en el artículo 62 habría desatado un complejo escenario para los expresidentes. Estos, según explican testigos, reaccionaron furiosos ante la inusitada aparición de un problema que nunca estuvo a su alcance. Así, Ricargo Lagos habría devuelto los pagos hechos a partir de junio pasado, explicando a través de una carta su malestar. 

Quienes conocen sobre la alarma que existe al interior del Congreso respecto de este tema, explican que es en el Senado donde radica la mayor preocupación, puesto que el pago de las asignaciones a los expresidentes está a cargo de esa corporación. 

La omisión en el artículo 62 habría desatado un complejo escenario para los expresidentes. Estos, según explican testigos, reaccionaron furiosos ante la inusitada aparición de un problema que nunca estuvo a su alcance. Así, Ricargo Lagos habría devuelto los pagos hechos a partir de junio pasado, explicando a través de una carta su malestar.

Por otro lado, según explican fuentes ligadas a las distintas bancadas, existe temor respecto de que la opinión pública adopte una ofensiva en contra de la necesidad del pago de asignaciones. No sólo respecto de expresidentes, sino incluso en relación a los parlamentarios en ejercicio.    

The Clinic intentó sin éxito obtener una impresión de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y del secretario, Raúl Guzmán, para conocer qué pasos seguirá la corporación para enfrentar la legalidad de los pagos de estas asignaciones. 

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