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Reportajes

9 de Septiembre de 2020

Las 10 batallas que marcarán el debate constitucional

A partir de mayo, una vez instalados los integrantes de la convención elegida en el plebiscito de octubre, las discusiones en torno al contenido de la nueva Carta Magna se tomarán la agenda. Principios, ideas, intereses, formas de ver el mundo, modelos de país… mucho se pondrá sobre la mesa. The Clinic consultó a más de 20 especialistas de todos los sectores políticos, para guiarnos por los laberintos de los debates que se vienen.

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1.La madre de las batallas: el rol del Estado  

El Estado subsidiario en Chile es un caso curioso: aunque está en el corazón de muchos debates, no aparece mencionado en ningún párrafo de la Constitución y descansa en la interpretación que se hace, principalmente, de los artículos 1 y 19.

En términos muy simples, este principio establece que cualquier tarea para el bien común debe ser encargada a la agrupación o entidad que mejor pueda ejecutarla. Es decir, el Estado renuncia a un rol protagónico y subsidia a quienes desde la sociedad civil puedan dar mejor respuesta a demandas sociales.

Para sus detractores, este modelo ha derivado en que el Estado sólo interviene cuando el mercado no puede o no quiere. Esta idea está en la base, por ejemplo, de la incorporación de la iniciativa privada en la administración de derechos sociales como salud, educación o pensiones.

Para la oposición, e incluso una buena parte del oficialismo, el Estado, bajo esta forma, tiene sus días contados. De hecho, desde la DC hasta el Frente Amplio, pasando por el PC, creen que es el momento de optar por la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho como eje rector de la futura Constitución.

Según sus defensores, esto implicaría un Estado más presente en el modelo de desarrollo: que interviene y planifica, y no se limita a tareas de regulación y fiscalización. En ese escenario, tendría un papel central en la custodia y prestación de los derechos sociales. 

En la derecha están conscientes de esta ofensiva, por lo que centrarán su postura en un criterio de realismo, poniendo sobre la mesa los límites fácticos de un Estado de esta naturaleza: ¿es capaz de solventar económicamente la cobertura de dichos derechos? A lo cual agregarán la idea de un Estado neutro y que en la nueva Constitución se exprese de manera escueta.

“La política y también algunos constitucionalistas tienen una irresistible tentación a transformar todo tipo de aspiraciones en derechos”, plantea el académico de Derecho Constitucional, Sebastián Soto.

En ese sentido, el académico de Derecho Constitucional e integrante del CDE, Sebastián Soto, advierte sobre los riesgos de la postura opositora: “El catálogo de derechos y sobre todo la discusión sobre derechos sociales es una de las materias donde se puede colar el populismo en la Convención. La política y también algunos constitucionalistas tienen una irresistible tentación a transformar todo tipo de aspiraciones en derechos. Tiene algo de infantil pensar que escribiendo nuestras aspiraciones en la Constitución las cosas pueden de verdad cambiar”.

Para el bloque opositor en conjunto, la expresión de derechos a la salud, la educación y, por primera vez, a la vivienda, son puntos irrenunciables en la redacción de una Constitución moderna. Varios apuntan, además, que no hay que olvidar que son estas demandas las que gatillaron el estallido social, que demandó una nueva Constitución.   

2. Asoma la idea de un Primer Ministro en Chile

Aunque hay opiniones divergentes sobre cómo debe quedar la figura presidencial en una nueva Constitución, parece haber un diagnóstico transversal: así como está hoy, el sistema presidencial no sobrevivirá. 

Aunque muy técnica, en el fondo, es la gran pelea por el poder. Consensos y matices serán batallas punto por punto. 

Mientras al interior del PS, se ha instalado con fuerza la idea de que la figura del presidente “estilo portaliano” debe terminar, en la derecha más ortodoxa, en cambio, tienen reticencias a darle, en reemplazo, más poder a un Congreso, que ya no responde a mandatos de partidos ni alineamientos en bloque. 

En tanto, desde el Frente Amplio se ha socializado la idea de hacer convivir dos figuras: un Jefe de Estado, junto a un Jefe de Gobierno. El primero, para representar al país; el segundo para implementar políticas públicas. 

En el corazón del gobierno hay defensores acérrimos del presidencialismo. Sin embargo, constitucionalistas afines tienen conciencia de que en esto habrá que ceder y han transmitido que la discusión hoy no tiene extremos.  

De cuajar esa idea, Chile se vería enfrentado a un nueva figura dentro del mapa de poder chileno: el Primer Ministro, que operaría bajo la confianza del Congreso.

Es así como los modelos “semipresidencial” o “semiparlamentario” comienzan a ser el eje de la discusión. El constitucionalista DC, Patricio Zapata, lo resume bien: “Veo a muy pocos especialistas defendiendo la mantención tal cual del actual sistema de gobierno. Todos coinciden en que hay que hacerle ajustes, algunos mantendríamos el presidencialismo como idea matriz, pero haríamos una más equilibrada distribución entre el poder del Gobierno, del Congreso Nacional, de las regiones y de los ciudadanos. Podríamos decir, un presidencialismo con equilibrio y no un presidencialismo desmesurado o inflado como el que existe actualmente”. 

Ejemplos extranjeros como el semipresidencialismo francés, o los modelos portugués o italiano están sobre la mesa. Todos suponen separar en dos magistraturas el actual poder presidencial. De cuajar esa idea, Chile se vería enfrentado a un nueva figura dentro del mapa de poder chileno: el Primer Ministro, que operaría bajo la confianza del Congreso.

¿Riesgos? Una suerte de solución de compromiso; es decir, conservar el presidencialismo pero aumentando el poder del Congreso. Según el constitucionalista Rodrigo Correa, esa opción conlleva un error: y es que para resolver los problemas del actual estancamiento, lo que se requiere es superar la relación de oposición entre gobierno y parlamento con un real parlamentarismo y no intensificando el conflicto inherente al presidencialismo. 

3.Descentralización y el peligro del caos fiscal

Y si seguimos hablando de redistribución del poder, la segunda batalla clave será cómo avanzar hacia una real descentralización. Más en concreto: en cómo distribuir los recursos para lograrlo, lo que vendría aparejado de un rediseño tributario. 

Según las múltiples fuentes consultadas, a pesar de su importancia, en este punto aún hay muy poca claridad sobre las propuestas en juego. Sí ha resurgido un antiguo anhelo de las regiones: implementar impuestos territoriales, en cuya discusión se avizora un peligroso camino hacia lo que en la DC consideran un “caos fiscal y tributario”.

Aunque seguramente no será materia constitucional, los especialistas advierten que esta conversación sí o sí deberá incluir mecanismos de control a la creciente y soterrada corrupción de administraciones locales y regionales. 

Tanto en el PS como en la DC se habla de seguir ejemplos como el de Francia, donde hace 40 años se robusteció el poder de los municipios. Y es en este punto donde se anuncia el rol central que en esta discusión tendrán los alcaldes, con un rol cada vez más influyente. Saben que ahí estará el poder y pelearán por él. 

De hecho, en los círculos lavinistas ya barajan mayores atribuciones para los municipios en la pasada por la descentralización, algo que bien podría ser apoyado por la futura bancada regionalista constituyente. Sin olvidar, el papel que aún está por verse que jueguen los futuros gobernadores.  

Foto referencial – Agencia Uno

4. La carta de los derechos

Los especialistas concuerdan en que buena parte del trabajo de la Convención se centrará en redactar una nueva declaración de derechos.

Para las fuerzas progresistas, lo óptimo es dotar a la Constitución de una carta de derechos gruesa y bien nutrida. Por el contrario, en la derecha apuestan por una lista sobria, ya  que, aseguran, un catálogo demasiado extenso podría ser difícil de abordar por el Estado o, eventualmente, derechos sociales, culturales o laborales terminen colisionando con otros, como el de propiedad. 

Esta discusión será de especial interés para organizaciones sindicales y gremiales, pero también para especialistas de áreas como el derecho internacional, laboral y de derechos humanos.

Clave, apuntan quienes saben, será en este apartado dar respuesta unívoca a la relación entre la nueva Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

5. El anhelo del acceso a la información pública

Hoy, la Constitución garantiza que los actos y resoluciones de los organismos del Estado son públicos. Pero no dice nada sobre el acceso de la información. Es precisamente, ese vacío el que está empujando a las ONGs pro transparencia a sumarlo al debate.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, explica que la idea es que junto a los principios de publicidad y probidad “se establezca explícitamente una garantía constitucional de acceso a la información. Porque al establecerla así, nos evitaríamos cualquier tipo de interpretación que pretenda ocultar información que es de todos los ciudadanos. Esta ha sido una resistencia histórica, porque Chile debiese tener esta institución hace tiempo”. 

El reclamo apunta a que el Tribunal Constitucional ha sostenido una doctrina de inviolabilidad de comunicaciones, por ejemplo,  en correos electrónicos, porque justamente el acceso a la información no posee rango constitucional. 

En esta discusión tendrán un rol clave las ONGs, pero también la prensa, sin olvidar el siempre delicado equilibro con la protección de los datos personales, en la que Chile aún está al debe y el riesgo de intentar solucionar a través de la Constitución errores más propios del diseño legislativo.

Para el futuro, todo apunta a que será indispensable eliminar las controversias entre el Consejo para la Transparencia, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional o el efecto de la concentración de la obtención de la información exclusivamente a través del Consejo.

6. Cómo reconocer a los pueblos originarios 

Esta batalla tiene un punto de partida que hoy nadie niega: debe haber un reconocimiento con rango constitucional de los pueblos originarios. La pelea estará dada por la forma en que se traduzca aquel consenso: plurinacionalidad, interculturalidad o multiculturalismo. Es decir, si Chile estará compuesto de naciones culturales distintas; de culturas con  intercambio comunicacional entre ellas -sin que alguna predomine-; o de culturas que no necesariamente interactúen entre sí. 

Abogados mapuche van por consagrar la plurinacionalidad como un “desde”, sin olvidar consignar explícitamente a los nueve pueblos originarios: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar y Yagán o Yamana. 

En los sectores moderados de la derecha, hay figuras constitucionalistas que no se cierran a ninguna opción. Sin embargo, en el sector se ha acentuado la prevención de que este reconocimiento no conduzca a la autodeterminación de los pueblos, y, por el contrario, se recalque “la diversidad dentro de la unidad”. 

En este apartado, los escaños de participación en el Congreso son otro punto a debatir, así como la compensación de los derechos indígenas. José Francisco García, constitucionalista independiente pro Evópoli, se abre a reservar cupos: “Me inclino por seguir alguna regla de asegurar escaños reservados o algún mecanismo de acción afirmativa para garantizar representación en el Congreso. No me parece problemática, a pesar de que hay que tener cuidado con los registros electorales y las reglas de identificación”.

7.¿La familia o las familias?

La principal mención a la familia en la Constitución aparece en el artículo 1, donde recibe el estatus de “núcleo fundamental de la sociedad”. Sin embargo, su tratamiento ha sido distinto dependiendo de la instancia que la aborde. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha recurrido, principalmente, a un modelo clásico, basado en el matrimonio heterosexual y monogámico. 

En los juzgados, en cambio, su interpretación ha sido más amplia, guiada por determinaciones como los lazos afectivos, de protección, cuidado y sustento, independiente de la sexualidad de sus integrantes.

En ese sentido, los tribunales se han mostrado más flexibles a  la diversidad de familias que ha ido generando la sociedad, tal como pasó en junio, cuando el Segundo Juzgado de Familia, reconoció a un pequeño de dos años como el primer niño, oficialmente, con dos madres. 

¿Cuál será el criterio que deberá recoger la futura Constitución? La abogada PS, Claudia Sarmiento, plantea que es difícil que la mención a la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad salga de la Constitución. El punto estará en definir a qué tipos de familias se hará referencia: “La de los casados, la de los no casados, las con hijos, las sin hijos, las de los heterosexuales, las de los bisexuales”.

Otra fórmula puede ser definir la familia en la Constitución, pero no en base a quiénes la integran sino a los principios que la componen, tales como la igualdad, la protección de derechos o la garantía de contar con un ambiente libre de violencia.

Este debate convocará principalmente a organizaciones que han abogado históricamente por las reivindicaciones en materia de diversidad, como la Fundación Iguales o el Movilh. O entidades religiosas como las iglesias o movimientos fundamentalistas, vinculados a la protección de la familia tradicional. 

8. Género e identidad: el desafío de la Convención paritaria

Abordar una nueva Constitución con una perspectiva de género es uno de los desafíos que concitará especial interés, principalmente, en una Convención que podría contar con paridad.

En ese sentido, las preocupaciones son varias y diversas: desde pulir el lenguaje de lo exclusivamente masculino -aún se habla sólo de “Presidente de la República”- hasta reconocer constitucionalmente dimensiones como la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y las desigualdades. En ese sentido, irían medidas como el reconocimiento del trabajo doméstico o los derechos sexuales y reproductivos. 

En este último punto, que la ley proteja “la vida del que está por nacer”, tal como se menciona en el artículo 19 de la Constitución, podría volverse uno de los nudos a desenredar por la Convención, donde agrupaciones feministas volverán a tener protagonismo tal como en el debate por el aborto en tres causales. 

Las preocupaciones son varias y diversas: desde pulir el lenguaje de lo exclusivamente masculino hasta reconocer constitucionalmente dimensiones como la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia.

Por otro lado, pese a ser considerado un derecho humano consagrado por la ONU, en la actual Carta Magna no existe mención alguna a la identidad de género. En esta materia, hay organizaciones que consideran prioritario que se le dé estatus constitucional a las diversidades sexuales.

9. Constitución verde: del medio ambiente y su protección

Esta batalla promete ser de las más álgidas comunicacionalmente, ya que se cruza, entre otros, con el derecho a propiedad. Y, en específico, con algunas de sus versiones más controvertidas, como el de aguas. 

Para sectores de centroizquierda, la discusión se centrará en la función social de la propiedad, y es ahí donde entran los recursos naturales. Priorizar el consumo humano en medio de la escasez hídrica, reformula todo el actual mapa de derechos de aguas. Incluído el uso en las faenas mineras o agrarias. Por eso, en el oficialismo están atentos a acotar cualquier indicio de expropiación que pudiera surgir en esta batalla.   

“Pensar la naturaleza bajo un principio de cuidado puede servir para reestructurar nuestra relación en términos de mayor protección y mayor respeto con el ecosistema”, dice la académica de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga.

A su vez, desde sectores más regionalistas se apunta a consagrar derechos para la naturaleza. La académica de la Universidad Austral, Yanira Zúñiga, explica que “se puede pensar en hablar de derechos para la naturaleza, algo que en el sistema chileno hemos reservado sólo para las personas. Pensar la naturaleza bajo un principio de cuidado puede servir para reestructurar nuestra relación en términos de mayor protección y mayor respeto con el ecosistema”.    

Según se avizora, la llegada de una posible bancada de pueblos originarios puede rebarajar el debate, enriqueciéndolo con otra forma de plantear la conservación y explotación de la naturaleza.

10. El siempre controvertido Tribunal Constitucional

Buena parte del diseño actual del Tribunal Constitucional no tiene sus orígenes en la Constitución del 80, sino que en la reforma de Lagos del 2005. Pero a pesar de ello, sus cuestionamientos están lejos de cesar. 

De hecho, la propia presidenta del organismo, María Luisa Brahm, reconoció que el órgano opera como “una tercera cámara”, porque así lo dicta la Carta Fundamental.

Si bien en la opinión pública se ha planteado la posibilidad de eliminarlo -como lo propuso Guillier durante su campaña presidencial-, ésta es una opción prácticamente descartada en el mundo académico y jurídico. 

Dicho esto, el debate apuntará, principalmente, a su transformación en torno a dos ejes: eliminar su injerencia en la discusión sobre proyectos de ley, salvo por cuestiones de procedimiento; y modificar su “binominalismo” o “cuoteo” como régimen de nombramiento. De hecho, ya muchos apuntan a que la propuesta de modernización que se estaba trabajando de manera transversal, justo antes del estallido de octubre, pueda servir de piso para iniciar la conversación.

Eso sí, tampoco hay que descartar un camino más inesperado, como que la justicia constitucional vuelva a estar radicada en la Corte Suprema. Eso implicaría una revisión de esa institución, y con ella, del Poder Judicial, mínimamente regulado en la tradición de las constituciones chilenas.

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