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Opinión

12 de Noviembre de 2020
Foto: Agencia Uno

Columna de Stephanie Alenda: Chile Vamos ante el 10%: ¿solidarios vs. liberales?

“Lo que enseña este nuevo episodio es que si Chile Vamos quiere proyectarse en el tiempo, sus diferencias internas deben ser procesadas con miras a la construcción de consensos, sin que esto implique desestimar ni aún menos subestimar el disenso”.

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La votación del segundo retiro del 10% de los fondos de pensión implicó avanzar un paso más en el desmantelamiento de facto del actual sistema previsional, en vez de zanjar el debate en el marco de una reforma de pensiones y de la convención constitucional. 

Lo insólito fue que este nuevo golpe al sistema fue propiciado por un número aún mayor de parlamentarios de Chile Vamos que para el retiro original, con un incremento de 13 a 44 de ellos. El desenlace de la votación –que sólo sorprendió por la magnitud del apoyo oficialista–, y las tensiones internas que engendró, dan cuenta de la incapacidad de los partidos y del Ejecutivo de reconocer que ciertos temas no suscitan posiciones unánimes al interior de la coalición, y de anticiparse a escenarios potencialmente conflictivos. 

Lo que enseña este nuevo episodio es que si Chile Vamos quiere proyectarse en el tiempo, sus diferencias internas deben ser procesadas con miras a la construcción de consensos, sin que esto implique desestimar ni aún menos subestimar el disenso.

Los argumentos que dieron algunos parlamentarios para justificar su voto muestran que éste tuvo poco que ver con carecer de “convicciones”, a diferencia de lo que habían planteado altos dirigentes de la coalición, en particular al momento de la aprobación de un primer retiro del 10%. Esta vez, varios de quienes optaron por el apruebo lo hicieron “por sus convicciones”, como aseveró el diputado UDI Juan Antonio Coloma, mientras el diputado RN Camilo Morán arguyó que no se trataba de una votación “en contra de las AFP ni de un torpedeo al sistema de pensiones (…) sino en contra del inmovilismo del ministro de Hacienda”.

Lo que invita a reconocer ese voto es la existencia de una competencia entre distintas preferencias normativas, todas válidas, que se inscriben en las situaciones y posiciones particulares en las que se encuentran los actores. Estas diferencias podrían revelar la influencia que ha ganado la sensibilidad solidaria con la que ya se identificaba un tercio del sector en una encuesta aplicada a las élites de Chile Vamos en 2016. 

Los argumentos que defienden la necesidad de una transferencia inmediata y efectiva de recursos a la clase media parecen ir en ese sentido. Sin embargo, el litigio proviene de visiones contrastadas sobre la solidaridad. En efecto, desde la perspectiva de Hacienda, si comparamos la magnitud de las transferencias directas y préstamos solidarios efectuados para paliar los efectos de la crisis del Covid-19 (por % del PIB), según el Fondo Monetario Internacional, Chile ocupa un lugar destacado no sólo en relación a los países de la región sino también a algunos países de Europa. En particular en esos últimos casos, cabe no obstante reconocer que la menor magnitud de la ayuda que muestran algunos países ha sido compensada por la existencia de Estados de Bienestar bien aceitados, que por sí solos lograron atenuar los efectos de la crisis sanitaria. 

Considerando los esfuerzos fiscales realizados por el gobierno y la imposibilidad de construir de la noche a la mañana un Estado social y no sólo residual frente al mercado, las acusaciones de parálisis o de falta de sensibilidad del gobierno no reflejan otra cosa que un choque de miradas normativas cuando, en realidad, ninguna posición puede arrogarse una superioridad moral sobre la otra.

La crisis del Covid-19 es procesada desde sensibilidades distintas (la primera solidaria, la segunda más liberal o “subsidiaria”), pero además desde posiciones distintas: por un lado, la representación parlamentaria y las presiones electorales que llevan a privilegiar las medidas cortoplacistas; por otro lado, el rol ingrato asociado a una cartera y una visión de Estado que llevan a adoptar medidas de largo plazo, sopesando las aristas y urgencias de una crisis multidimensional.

“Considerando los esfuerzos fiscales realizados por el gobierno y la imposibilidad de construir de la noche a la mañana un Estado social y no sólo residual frente al mercado, las acusaciones de parálisis o de falta de sensibilidad del gobierno no reflejan otra cosa que un choque de miradas normativas cuando, en realidad, ninguna posición puede arrogarse una superioridad moral sobre la otra”.

Una última dimensión del litigio involucra elementos contextuales que van desde el clima electoral hasta la crisis política que ha debilitado a la figura presidencial, y el obstruccionismo de la oposición. A falta de un liderazgo convocante, las energías de Chile Vamos parecen desgastarse en una disputa entre los partidos por hegemonizar el sector (en ésta, la sensibilidad “solidaria” quedaría principalmente alojada en RN vs. una UDI y Evópoli más liberales). Si bien la lucha por la conquista de puestos de poder, como nos enseña Weber, forma parte integrante de la actividad política, no se sostiene sola, menos aún ante los desafíos de construir colectivamente un proyecto político que requerirá de Chile Vamos aprender a procesar y convivir en el disenso.

*Stéphanie Alenda es doctora en Sociología Política de la Universidad de Lille; profesora asociada y directora de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Editora del libro Anatomía de la derecha chilena: Estado, mercado y valores en tiempos de cambio (FCE, 2020). Integrante de la Red de Politólogas. 

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