EDITORIAL – Necesidad de legitimación

Llegó el día. Este 4 de julio, los 155 constituyentes elegidos hace poco más de un mes darán forma a la Convención Constitucional. Si bien todos comparten el mismo objetivo -proponer una nueva Constitución-, no se puede decir lo mismo de la manera cómo entienden su labor.  Y la forma cómo se procese esta divergencia puede ser clave en los resultados de este proceso inédito en nuestra historia. 

A simple vista, podemos apreciar dos visiones en pugna. Una formal, que descansa en que los representantes de los ciudadanos en el Congreso celebraron un acuerdo, el cual dio origen a una reforma de la Constitución, la que se sometió a plebiscito, cuyo resultado generó un cuerpo especial de 155 miembros. Ahora, lo que corresponde es que este grupo se dote de reglas internas, pero consciente de que su finalidad y sus limitaciones ya están definidas por la reforma constitucional que lo generó. 

En cambio, la otra visión reniega de ese formalismo y considera que su legitimidad descansa directamente en la voluntad popular, sin depender de mediadores. La revuelta, el plebiscito y la elección de una mayoría de convencionales ajenos a los partidos tradicionales serían su evidente manifestación. 

A esta postura bien cabría calificarla de inconsistente, pues es obvio que no puede renegar de todas las reglas aprobadas por el Congreso para la Convención. Pero esa crítica poco importa. ¿La razón? Las reglas le valen en la medida que hacen posible la expresión de la voluntad popular, una voluntad que sólo algunos saben interpretar o representar. En definitiva, sólo acepta las reglas que le ahorran controversias sobre organización y procedimiento y que, gracias a los resultados de la elección de los convencionales, neutralizan a las fuerzas políticas que antes podían frenar cualquier cambio constitucional.

Sin duda, la relevancia de esta controversia dependerá de los resultados de las parlamentarias. Si dos tercios del próximo Congreso se alinearan con quienes desconocen las reglas de noviembre, cualquier escenario sería esperable, desde la disolución del Congreso en favor de la Convención hasta la disolución de ésta en favor de aquél, sin descartar una nueva reforma constitucional que redefina a ambos. 

“En la misma medida en que se aprovecha la impugnación del establishment, quienes la alientan deben saber que, tarde o temprano, se exponen a padecerla. En el mundo volátil de la política selfie todo lo nuevo inevitablemente se vuelve rutina o deviene en farsa”.

Esta falta de apego a las normas no es mero capricho. Se alimenta de una evidente y continua pérdida de prestigio de las fuentes institucionales de legitimación: los partidos políticos comprometidos con los últimos treinta años, los cargos elegidos entre candidatos definidos por esos partidos y los cargos designados por esos candidatos electos… y la lista sigue. 

Pero en la misma medida en que se aprovecha la impugnación del establishment, quienes la alientan deben saber que, tarde o temprano, se exponen a padecerla. En el mundo volátil de la política selfie todo lo nuevo inevitablemente se vuelve rutina o deviene en farsa.

El problema más grave es la creencia de contar con una fuente segura de legitimidad proveniente de sus votantes. Ese fue el error de Sebastián Piñera: no entender lo que significaba que su rotunda victoria por un 54.58% sólo contara con el apoyo del 26.46% de los ciudadanos con derecho a voto. 

La votación total obtenida por el conjunto de los postulantes a convencionales que han llamado a desconocer lo sellado en noviembre sumó el 16,61% de los sufragios, esto es poco más del 6% de los ciudadanos con derecho a voto en Chile. Y si se sigue la lógica de fragmentación territorial, se tiene que el total de los votos propios de cada uno de sus convencionales, que entrarán en ejercicio, ni siquiera llega al 3% del padrón electoral. 

Medida por esta horma, no hay legitimidad asegurada para la convención. Lo que se inicia este 4 de julio es de una enorme complejidad, pero también un desafío. Una oportunidad de legitimación. Lograrlo dependerá de que la convención, con su deliberación y sus acuerdos, llegue efectivamente a convocar a una mayoría que ratifique su obra. Eso exige consistencia con las condiciones de su convocatoria y modestia de cara a los ciudadanos que forman esta comunidad política

Una comunidad que exige coherencia lógica y corroboración empírica en la discusión pública. Una comunidad a la cual se le ha hecho la promesa de una mejor distribución de recursos y de poder para que la libertad sea valiosa para todos. No un proyecto único colectivo. No una nueva definición de cómo vivir la propia vida que se imponga por la fuerza. Que la libertad tenga sentido para cada uno de los miembros de esta comunidad. Esa es la promesa.