“El Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes en DD.HH.”: Detalles del lapidario informe del INDH a dos años del 18O

El nuevo reporte de seguimiento de las recomendaciones que el INDH hizo al Estado tras las violaciones a los DD.HH. en el marco del Estallido Social, devela un panorama desolador: ninguna de las veintitrés sugerencias del organismo se ha cumplido por completo. Esto lleva a que a dos años de la Revuelta, el instituto concluya: “El Estado no ha adoptado ninguna medida para cumplir o las gestiones iniciadas son incipientes", dice el documento al cual tuvo acceso The Clinic.

En un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciado vía telemática el 20 de Septiembre del 2020, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el país a partir del Estallido Social del 18 de Octubre del 2019.

“Haremos todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas que atentan contra la sociedad”, dijo en esa ocasión el Mandatario ante el organismo multilateral.

Hoy, 18 de Octubre del 2021, a dos años del inicio de la Revuelta que según informes de organismos internacionales -Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)- fue escenario de graves violaciones a los Derechos Humanos, un reporte de seguimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es categórico en afirmar que el Ejecutivo estaría lejos de haber cumplido con lo expresado el año pasado en Naciones Unidas.

Para asegurar que las palabras de Presidente Piñera no han tenido eco en la institucionalidad, el “Segundo Reporte de Seguimiento” del INDH -al cual tuvo acceso The Clinic-, recuerda una cifra clave: “De las 3.479 causas vigentes por violación de Derechos Humanos, se han formalizado a 137 agentes estatales, y sólo en cuatro de ellas se ha dictado una sentencia definitiva condenatoria”, reza el documento.

Lo anterior motivó que en una reciente entrevista con La Tercera, el director del Instituto, Sergio Micco, emitiera un juicio lapidario: “Hoy en Chile estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y justicia”.

En tanto, el reporte de seguimiento del INDH, que busca evaluar la recepción por parte de los poderes del Estado a las recomendaciones del Instituto, a fin de “poner término a ellas (violaciones a los DD.HH.), conocer la verdad de la ocurrido, hacer justicia, reparar a las víctimas y garantizar que lo vivido no volviese a tener lugar”, se mide el cumplimiento de sus recomendaciones en base a una escala de seis niveles.

Así, la escala utilizada está compuesta por los rótulos: “Cumplimiento Total”, “Cumplimiento Parcial Sustancial”, “Cumplimiento Parcial, Pendiente de Cumplimiento”, “Incumplimiento”, y la última categoría, que corresponde a aquellas medidas en las que no hay información suficiente para evaluar su implementación.

El segundo reporte de seguimiento del INDH indica que, de 23 recomendaciones hechas por el instituto, 9 tienen la etiqueta de “Cumplimiento Parcial”. El resto, están rotuladas como “Pendiente de Cumplimiento”.

Con esto, en el informe queda de manifiesto que de veintitrés recomendaciones, nueve tienen la etiqueta “Cumplimiento Parcial”, que, según el documento, quiere decir que el Estado ha adoptado “algunas medidas para su cumplimiento, pero la adopción de medidas adicionales sigue siendo necesaria”.

El resto de las recomendaciones, en tanto, están rotuladas como “pendiente de cumplimiento”, cuya explicación es categórica: “El Estado no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la recomendación o las gestiones iniciadas son incipientes”.

Observación INDH: Reformular las Fuerzas de Orden

Así, entre las que están “pendientes de cumplimiento”, según el informe, están materias como que el uso de escopetas antidisturbios por parte de Carabineros, “se realice con estricto apego a los protocolos pertinentes”. También “instruir a Carabineros en orden a que la utilización de agentes químicos se ajuste al respeto de los DD.HH., que estos no sean lanzados o detonados en dirección al cuerpo de las personas y que se revise la composición de los mismos”.

Asimismo, el reporte plantea que las detenciones realizadas en contextos de manifestaciones, “se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente”, excluyendo “de modo absoluto la aplicación de torturas, ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración”, agrega el documento.

Entre las materias que el INDH cataloga como “pendientes de cumplimiento”, figura que el uso de escopetas antidisturbios sea con apego a los protocolos y que las detenciones durante manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente.

A lo anterior, se añade al ítem de “Pendiente de cumplimiento” el reformar el marco normativo de las “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” (Léase Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas), “fortaleciendo el principio de subordinación de aquellas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cuanto este último es el que debe concentrar la decisión política en materias de orden público”.

También se suman como pendientes en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la creación de “mecanismos autónomos y especializados de control externo” para “prevenir la comisión de actos que contravengan la legalidad vigente”, así como medidas necesarias respecto de la estructura orgánica, cultura interna, doctrina y protocolos para la “promoción y protección de los Derechos Humanos”.

En este sentido, se agrega otro pendiente a los Agentes del Estado: reforzar “instancias formativas en Derechos Humanos, con profesionales externos, y que estas sean transversales en todo el proceso formativo al interior de sus respectivas instituciones”.

Justicia, verdad y reparación

El documento también apunta a las deudas que mantiene el Poder Judicial respecto a las causas de violaciones a los Derechos Fundamentales en contexto de la Revuelta. Es por eso que el escrito sugiere que el Ministerio Público fortalezca la labor de los fiscales regionales y medidas de “atención y protección” de víctimas que denuncien abusos, así como la recomendación a los tribunales sobre la “garantía a un recurso judicial efectivo, tramitado en un plazo razonable” para determinar las responsabilidades por las violaciones a los DD.HH. desde el Estallido, además de un “acceso efectivo y rápido a recursos judiciales para determinar las responsabilidades penales”.

El documento del INDH también apunta a las deudas del Poder Judicial. Sobre esto, el escrito sugiere que Fiscalía fortalezca medidas de atención y protección de víctimas. Además, pide que los recursos judiciales se tramiten en un plazo razonable.

En tanto, entre las medidas que según el documento han sido cumplidas parcialmente, está la recomendación “a los poderes del Estado realizar las acciones correspondientes para que Carabineros, Policía de Investigaciones y FF.AA, presten absoluta colaboración en los procesos penales que se lleven respecto de sus efectivos”, así como una recomendación realizada al Ejecutivo y al Congreso para adoptar “medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar las violaciones a los DD.HH., en los grupos de especial protección, y fortalecer la Defensoría de Derechos de la Niñez en todo el país”.

Entre estos, el reporte del INDH apunta al Ejecutivo para que a través del Ministerio de Justicia, se incorpore al Plan Nacional de Derechos Humanos “procedimientos y acciones para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos en Chile desde el 18 de Octubre del 2019”, junto a medidas de reparación, esto es, “prestaciones de salud física y mental, rehabilitación e indemnizaciones”.

Cabe señalar que el último reporte del INDH se elaboró entre los meses de Abril a Octubre del año en curso, realizando 32 entrevistas a representantes del sector público, de la academia y de la sociedad civil, mientras que se enviaron 23 oficios a diversas reparticiones públicas.

Con todo, a dos años del 18 de Octubre que inició las movilizaciones del Estallido Social, el INDH es claro en sentenciar: “a dos años del inicio de la más grave crisis de violaciones a los derechos humanos desde el retorno de la democracia, el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes respecto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Puede revisar aquí el documento liberado por el INDH.

Segundo Reporte Seguimiento del Informe Anual 2019 (INDH) by The Clinic on Scribd


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