Amnistía a Presos del Estallido: lecciones de la era Aylwin al entuerto que deberá resolver Boric

En medio de presiones de las agrupaciones de familiares de los presos de la Revuelta, uno de los principales desafíos legislativos que deberá resolver el gobierno de Gabriel Boric, será sacar adelante el recientemente renombrado proyecto de amnistía para los detenidos en el marco del Estallido Social del 2019.

Pese a los emplazamientos que el Presidente electo realizó al actual Senado, haciendo un “llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva en el mes de enero”, el proyecto en la Cámara Alta no logró ser despachado antes del receso legislativo que, en los hechos, comenzó el pasado miércoles 26 de enero.

De esta forma, el proyecto, que lleva más de un año de tramitación, sólo alcanzó a ser despachado desde la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Aún faltaría, entonces, la elaboración del informe técnico para que pueda ser votado en general y en particular por el conjunto de los senadores en ejercicio.

“En la medida que no lo tengamos (el informe) no puedo citar y quedaría para la primera semana de marzo, lo que va a depender de los acuerdos de comités”, dijo esta semana la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC). 

De sus palabras, se desprende que será la siguiente legislatura la encargada de votar el proyecto, ya que sólo habrá cuatro sesiones de sala antes del cambio de mando, y aún resta que el proyecto pase por su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

Con todo, el contenido de la iniciativa dista de cuando comenzó su largo trámite legislativo, el 9 de Diciembre del 2020. Principalmente, debido a las indicaciones que presentó la semana pasada el senador Francisco Huenchumilla (DC).

Por ejemplo, las enmiendas modificaron el nombre del proyecto. Originalmente, se rotulaba como “indulto”, pero actualmente fue cambiado por “amnistía”. De esta forma el quórum de aprobación para el proyecto bajó de veinticinco votos a veintidós.

Otras de las modificaciones establecen que la amnistía no extingue la responsabilidad civil de quienes hayan cometido delitos. También agrega la creación de un programa de reparación de víctimas de daños enfocada en pymes, y la introducción de una norma procesal para el cierre de investigaciones en causas abiertas relacionadas al Estallido.

Asimismo, los senadores también establecieron el catálogo de delitos que podrían, eventualmente, ser beneficiados con una amnistía. Entre estos están los atentados, amenazas contra la autoridad, oponerse a la acción de la autoridad pública o de sus agentes, interrupción de circulación de personas y/o vehículos, desórdenes públicos, incendio sólo con daños o sin peligro de propagación, daños calificados y daños simples.

En la misma línea, los parlamentarios también excluyeron del catálogo de delitos a ser amnistiados, el homicidio frustrado y el maltrato de obra a Carabineros y a la PDI.

Con todo, la experiencia histórica reciente nos muestra otro complejo episodio en el que se pueden encontrar contrapuntos y similitudes de la tarea que deberá emprender el futuro Gobierno para impulsar la liberación de los presos del Estallido Social. Para ello, hay que trasladarse a los primeros días de Transición, cuando la recién asumida democracia aún tenía en sus cárceles a opositores a la dictadura cívico-militar. 

Historia: el indulto de Aylwin y truncado “acuerdo macro” con la derecha

Corría el 12 de Marzo de 1990 y el primer Presidente del país tras el retorno a la democracia, Patricio Aylwin (DC), se dirigía a sesenta mil personas en un Estadio Nacional al tope de su capacidad, para zanjar una de las promesas tácitas de la Transición.

“He enviado al Congreso Nacional los proyectos de leyes pertinentes para que, en el más breve plazo, se haga justicia a todos los presos políticos”, dijo el otrora Mandatario, desatando aplausos ensordecedores en la audiencia.

Sin embargo, una de las principales promesas de Aylwin no fue tan fácil de concretar.

El entonces ministro de Justicia, Francisco Cumplido, fue el encargado de liberar a los presos políticos de la dictadura, labor a la cual se abocó desde los primeros días de Enero de 1990, cuando el expresidente Aylwin le pidió que integrara su gabinete.

Entre los beneficiarios, según consignaba el primer programa de la Concertación, estarían los que no hubieran cometido asesinatos, lesiones gravísimas, secuestros y raptos.

Con todo, una de las primeras acciones que impulsó Cumplido fue la rebaja de las penas de la Ley Antiterrorista, con la que habría liberado a un gran porcentaje de los presos políticos. Sin embargo, la oposición en la Cámara, liderada por los entonces diputados Andrés Chadwick (UDI) y Alberto Espina (RN), negociaron lo que se conoció en la época como el “acuerdo macro”.

En simple: ante el miedo que se expandía en los círculos castrenses de que el gobierno quería “vaciar las cárceles de terroristas para llenarlas de militares” -según repetían en la prensa fuentes marciales anónimas de la época-, la entonces oposición propuso rebajar las penalidades tanto a los acusados de acciones subversivas como a los imputados por violaciones a los Derechos Humanos.

Sin embargo, el “acuerdo macro” firmado en la Comisión de Constitución de la Cámara, no lograba que el ministro Cumplido llegara a la meta que se había propuesto: aún seguirían encarcelados ciento treinta presos políticos condenados por delitos con causa de muerte, mientras que se proyectaría una imagen de impunidad a las causas de delitos de lesa humanidad.

Así, mientras en la prensa aparecían hallazgos de fosas con cuerpos de asesinados por la dictadura -hasta agosto de 1990 se habían encontrado unas 300-, el Partido Socialista declinó ser parte del acuerdo, con lo cual el gobierno y la Concertación declararon suspendida la negociación con la oposición.

De esta forma, y ante las presiones de la opinión pública por los hallazgos de cuerpos de Detenidos Desaparecidos, Renovación Nacional, mediante el entonces senador y timonel de la tienda, Sergio Onofre Jarpa, decidió informarle a Aylwin que estarían dispuestos a aprobar una reforma constitucional para que el Presidente pudiera indultar a todos los presos políticos.

Así, se estima que al final del gobierno de Aylwin, al menos trescientos presos políticos fueron liberados gracias a los indultos del Presidente.

Lección de la experiencia: evitar señales de impunidad

“Hubo mucho acuerdo de que era una medida absolutamente necesaria y que era parte de las acciones propias de la Transición. El período histórico exigía como una de sus condiciones liberar a todas esas personas que estaban injustamente detenidas”, recuerda Ricardo Solari (PS), quien a la fecha fungía como Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia en el gobierno de Aylwin.

Esto, señala el economista y ex presidente del directorio de TVN, es una de los principales contrapuntos con el proceso que actualmente viven los presos del Estallido Social.

“Tenía una connotación bastante precisa: que las personas que estaban siendo objeto de la amnistía, eran personas que habían sido detenidas durante la dictadura y que no habían tenido ninguna posibilidad de juicio”, advierte Solari.

En la misma línea, el abogado Jorge Correa Sutil, quien entonces oficiaba como secretario de la Comisión Rettig, marca el punto con el tipo de delitos que fueron indultados.

“En general eran delitos de sangre los cometidos en esa época. Se trataba de delitos cometidos en dictadura, por lo tanto, había más explicación para esos delitos que los que hay hoy día. Creo que había una justificación mucho mayor en la amnistía del gobierno de Aylwin que en la actual”, afirma Correa.

Con todo, sobre la propuesta para la inclusión de uniformados en la amnistía de la época -aspecto que se está barajando en el proyecto actual, aunque mayoritariamente los beneficiados serían Carabineros-, Solari afirma que esto fue resuelto mediante la enseñanza sobre las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990.

“Ahí se empezó a hacer pedagogía intensa respecto a lo que significan los delitos de lesa humanidad y cómo, cuando son agentes del Estado quienes cometen los delitos, estos tienen una gravedad singular. La gravedad propia de quien lo hace en nombre de quien tiene que respetar el Estado de Derecho, y las exigencias fundamentales de justicia. Eso fue una discusión de la época muy relevante”, rememora. 

Así, una de las principales lecciones que el ex ministro del Trabajo señala para el próximo gobierno y Congreso, es evitar que una eventual amnistía o indulto, dé una señal de impunidad.

“Conseguir dar esta señal, esta vocación de reparación y de cierre de un proceso complejo, también requiere precisiones que impidan que esto, por el sólo hecho de tener imperfecciones técnicas o jurídicas, quede anulado y se entienda como una eventual impunidad”, enfatiza Solari, quien ve en la conformación del catálogo de delitos una señal favorable para esos fines.

“Cuando entras a esos ejercicios, estás hilando demasiado fino. En el caso de los noventa, era una línea gruesa que contemplaba a los que habían sido detenidos y procesados bajo la dictadura”, agrega. 

Con los noventa en la mira, Correa Sutil también pondera la posibilidad de que Boric haga uso de la potestad presidencial de indultar, en lo cual ve un posible riesgo que Aylwin también tuvo que sortear.

“El Congreso y Boric tienen mucha menos certezas que los que puedan amnistiar o indultar sean personas que no van a volver a delinquir. Eso es bastante más incierto”, dice el jurista, ya que, según señala, en el caso de los indultados por Aylwin “estaba suprimida la causa de su actuar delictual”, esto es, la lucha contra la dictadura. 

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