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Reportajes

10 de Febrero de 2023

Mafias, disputas territoriales y amenazas: un recorrido por el descontrolado comercio ambulante en el Metro de Santiago

Comercio ilegal en Estación Central. Foto: Agencia Uno.

Madres con niños pequeños vendiendo aguas o dulces, peleas por estaciones que comerciantes sienten como "propias" y un verdadero mercado persa en el Metro Estación Central. Durante enero hubo 4.411 controles de comercio ilegal por parte del Metro, pero rara vez hay multas. Durante la pandemia el fenómeno explotó y hoy ha repercutido en la seguridad de los pasajeros. The Clinic hizo un recorrido por todas las líneas del Metro de Santiago.

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Ayúdanos. No está permitido comprar a vendedores ambulantes, ni donar dinero a músicos al interior de los trenes”.

A diario se puede escuchar al interior de estaciones y trenes de la red de Metro de Santiago, por altoparlante, ese mensaje. Forma parte de la campaña comunicacional de la empresa estatal para erradicar el comercio ilegal, que en el último periodo -especialmente desde la pandemia- se ha desbordado.

Pese a que se replique constantemente el mensaje, la presencia de vendedores ambulantes no da tregua. Zapatos, ropa deportiva, hamacas, perfumes, adornos colgantes y cojines son parte de la amplia lista que ofrece el comercio ambulante en la bullada estación de Metro Estación Central, en la Línea 1.

Los vendedores se instalan con mantas en el suelo o mesas, dependiendo del producto, en medio de la estación, antes de ingresar a los andenes. Algunos esperan a que lleguen clientes y conversan entre ellos, mientras que otros intentan atraerlos con los precios: “Agua a luca, pal’ calor, el agua a luca”.

Las personas intentan caminar entre los comerciantes. El paso es lento.

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Estación Central es una de las nueve estaciones consideradas como críticas por parte del Metro de Santiago. A la lista se suma Universidad de Santiago, Unión Latinoamericana, Universidad de Chile, Santa Ana, La Cisterna, Plaza de Armas, Vicuña Mackenna y Vicente Valdés.

Para enfrentar la problemática, entre julio y diciembre del año pasado Metro desplegó un plan de control del comercio ilegal. Uno de los ejes principales de la estrategia es el aumento de personal de vigilancia y de la presencia policial en la red, lo que provocó siete mil decomisos de especies, más de 7.500 controles preventivos y 41 detenidos.

“Eso generó un ordenamiento y un despeje que efectivamente fue muy positivo”, afirma Paulina del Campo, gerente de Clientes y Sostenibilidad de Metro de Santiago.

Las fiscalizaciones continuaron y entre el 1 y el 29 de enero de este año -de acuerdo a cifras oficiales de Metro- se realizaron 4.411 controles de comercio ilegal por parte de personal de seguridad de la empresa, el que consiste en retirar a los vendedores de la red.

Se contabilizaron también 644 controles -erradicaciones- por parte de Carabineros, entre el 29 de diciembre de 2022 y el 25 de enero de 2023. En ese mismo periodo se cursaron 26 infracciones o multas.  

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Martes 7 de febrero. A las 10.40 se sube Gabriela (24) y su hijo de cinco años a la estación Monte Tabor. Gabriela no es su verdadero nombre, pero pide mantenerlo en reserva. Se pasea ofreciéndole a los pasajeros coyac por $200 pesos. Una joven le compra dos, uno para ella y otro para quien la acompaña. “Gracias”, dice Gabriela mientras recibe las monedas y las guarda en un bolso.

Tras varias estaciones recorridas se baja junto a su hijo en Lo Prado, para cambiar de andén y devolverse a Monte Tabor. Ese es el recorrido que hace todos los días en la Línea 5 del Metro. A veces también va acompañada de su hija de ocho años, aunque hay días que logra que se quede con una tía. “Mi niño prefiere acompañarme”, dice mientras le sonríe y sostiene la bolsa con dulces.

Fue en enero de 2021 cuando Gabriela llegó de Venezuela a Chile. Entonces tenía 22 años y ofrecía almuerzos en Estación Central. Tras un altercado con la esposa de su jefe, decidió renunciar a ese trabajo. Hace nueve meses que vende dulces al interior del Metro. Se pasa gran parte del día para juntar dinero y pagar el arriendo de la pieza donde vive, en Cerro Navia.

Dice que el tramo que recorre entre Monte Tabor y Lo Prado es más seguro que otras líneas de la red donde, comenta, vendedores ambulantes la han amenazado con cuchillos por usar el espacio.

Es difícil -reconoce-, porque estoy con mis niños, pero ya en marzo entran al colegio”.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz expresa preocupación por la presencia de menores de edad en el comercio ilegal. “La situación de exponer a los niños a todo lo complejo que involucra la calle y las dinámicas que muchas veces involucran hechos de violencia que les afectan, es algo que debe resolverse y abordarse con particular sentido de urgencia“, dice.

La abogada explica que la exposición de niños, niñas y adolescentes a acciones que infringen la ley -como el comercio ambulante- les afecta significativamente. “No solo por lo que involucra muchas veces la intervención policial, sino que por el solo hecho de no estar desarrollándose en espacios y ambientes en los cuales sus derechos sean protegidos”, puntualiza.

Ante esa situación, subraya que la protección de menores “es una carga que tienen, primero, las familias“. Sin embargo, enfatiza que en caso de que las familias no tengan las condiciones económicas para asumir la protección, “sin duda que ya se traslada también al deber del Estado de propiciar condiciones de vida digna“.

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La disputa por los puestos entre vendedores ambulantes es continua. Para no intensificarla, algunos optan por no subirse a un vagón si ven a otro comerciante arriba, para evitar altercados y amenazas.

Esas amenazas a Julia (25) -pide mantener en reserva su verdadero nombre- le generan temor. En 2021, cuando llegó de Venezuela a Chile en busca de una mejor calidad de vida, comenzó a vender ilegalmente en espacios públicos.

“Vendíamos ambulante en Plaza de Armas o paseos, pero una vez nos quitaron una mercancía en una fiscalización municipal, entonces decidimos que era más seguro el Metro para vender”, dice, mientras ordena los productos que están sobre una manta azul.

Julia tiene ocho semanas de embarazo. Junto a su pareja se instalan diariamente en la estación Parque de Almagro a vender chocolates, dulces, papas fritas en lata y agua mineral, que compran en distribuidoras del Barrio Franklin o del centro de Santiago.

Dice que el Metro es más seguro para vender, pero admite que ha recibido amenazas, incluso con cuchillos, por instalarse en ciertas estaciones.

“Desde que comencé a trabajar en las estaciones he tenido problemas. Me han amenazado con cuchillo, con golpearme, y por eso he ido rodando de estación en estación. Pasé por Irarrázaval, Plaza de Armas y Universidad de Chile, y la última vez que fui a Irarrázaval me dijeron unos vendedores de ahí, que fueron los únicos que no me amenazaron, que me fuera para Matta. Al mes de estar trabajando ahí llegó un muchacho de nacionalidad colombiana a amenazarme, yo estaba sola, dijo que me iba a reventar si no me iba”, cuenta.

Tras una serie de amedrentamientos con otros comerciantes y problemas con el personal de seguridad de Metro, se fueron de Matta y llegaron a Parque de Almagro, donde -hasta ahora- no los han fiscalizado.

“Gracias a Dios no nos han quitado nada, pero la presión y el miedo… y como ya tuvimos una experiencia, es como que estamos predispuestos. Vemos un policía y se nos va el alma, el corazón… pero a veces llegan amablemente y nos dicen que nos vayamos y ya, no pasa nada”, señala.

Las ganancias las utilizan para pagar el arriendo de la pieza en la que viven, cerca de la estación Los Libertadores. En Matta -dice Julia- ganaban $30 mil o $40 mil pesos diarios, pero en Parque de Almagro las cifras bajan.

Acá hacemos $20 mil o $15 mil, no compran mucho”, afirma.

Han pasado cuatro vagones. De todas las personas que se bajan, dos se acercan a comprar agua mineral a $1.000 pesos.

Comercio ilegal en estación Irarrázaval.

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La gerente de Clientes y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo, explica que uno de los factores de instalación del comercio ilegal en estaciones se debe a los altos flujos de personas que circulan en la red. “En nuestra red de Metro tenemos más de 2 millones de personas que transitan diariamente, por lo tanto, es un espacio que para el comercio ambulante resulta atractivo”, dice.

Comenta que la presencia de vendedores ambulantes en el Metro aumentó tras la pandemia y que, para hacer frente a esa problemática, existe un sistema de vigilancia. Este se aplica a través del personal presente en las estaciones y es apoyado por un centro de control de más de cinco mil cámaras, que funciona en horario permanente y con asistencia de Carabineros.

El mayor de Carabineros Cristian Acevedo Apablaza, de la 60ª comisaría de Metro, explica que funcionarios de la institución, con el fin de prevenir el comercio ambulante, realizan distintas intervenciones en las estaciones de Metro y sus alrededores, “consistentes en solicitar si mantiene permiso para la venta de los productos“.

En caso de no contar con un permiso, dice que la situación “se denuncia e informa al tribunal correspondiente“. También afirma que se efectúan rondas diarias en diferentes estaciones, entre las 7.00 y las 21.00 horas.

Si bien la presencia de personal policial ayuda a remover el comercio ilegal, el expresidente de Metro (2018-2022) y director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales (UDP), Louis de Grange, reconoce que no es suficiente.

Explica que la empresa estatal cuenta con “cuadrillas” que erradican a los vendedores ilegales dentro de estaciones y trenes, pero que en los lugares “complejos” estas no tienen los recursos necesarios.

El contingente de erradicación necesario es enorme y, lamentablemente, no pueden estar de manera permanente dedicados a esta labor, por eso los ilegales vuelven a los pocos días, o incluso a las pocas horas de ser erradicados”, dice.

El martes por la mañana en Santa Ana, una de las estaciones críticas para Metro, no había vendedores ambulantes en los andenes. Una funcionaria de esa estación dice que la presencia de Carabineros implicó que algunos comerciantes que frecuentaban el lugar se retiraran, pero que podrían volver durante la tarde.

La gerente de Clientes y Sostenibilidad de Metro precisa que si bien los vigilantes y guardias realizan una labor de fiscalización y de control del comercio ambulante, en gran parte de los procedimientos se requiere colaboración de Carabineros para el decomiso de productos o la detención de personas, ya que algunos vendedores poseen “actitudes mucho más agresivas” e, incluso, “están armados“.

Para enfrentar esa situación, De Grange plantea una modificación a la ley sobre comercio ilegal ,para concederle más facultades al personal de seguridad presente en las estaciones.

“Los equipos de Metro, exponiendo su integridad física, solo pueden erradicar a vendedores solitarios, ya que si los vendedores andan en grupo, los guardias se exponen a ser agredidos y atacados con armas, quedando heridos, como varias veces ha ocurrido. Por eso es fundamental modificar la ley de comercio ambulante, para aumentar las atribuciones del personal de vigilancia de las empresas y de tipificar la venta ilegal como delito y no como falta”, propone el expresidente de Metro.

De hecho, el mayor Acevedo dice que cuando los productos incautados contravienen normas sanitarias o de aduanas, corresponde una detención y que es el Ministerio Público el encargado de determinar si procede un control de detención o una citación.

Pese a eso, puntualiza que tras analizar los perfiles de las personas vinculadas al comercio ambulante, “es usual que éstos sean reincidentes y se desplacen cometiendo la misma falta e, incluso, en algunos casos escalen en la pirámide delictual, vinculándose a delitos producidos en espacios públicos“.

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Este martes es mi primer día vendiendo en el Metro”, dice Felipe Droguett (17), quien cursará cuarto medio este año. Criado en La Granja, se instaló en un andén de la estación La Cisterna con un cooler naranjo a vender agua mineral por $1.000 pesos, que compró en una distribuidora en Santa Rosa.

Llegó a las 13.00 y comentó que hasta ese momento no se había topado con guardias. “En caso de que fiscalicen hay que tomar riesgo no más, para tener plata. La verdad es que me la estoy rebuscando, estoy cortando el pelo para ir juntando plata y esta es una de las posibilidades para no andar robando”, admite.

Diez minutos después, en esa misma estación, pero en los pasillos para la combinación entre la Línea 2 y Línea 4A, un hombre que está junto a sus dos hijos comienza a guardar los productos que tiene sobre una mesa en cajas. Lo hace rápido, porque se acercan dos carabineros. Sin embargo, los funcionarios pasan de largo -aparentemente no lo ven- y él vuelve a instalar los chocolates y dulces que ofrece.

Un joven se acerca a la mesa para comprar un chocolate Kit Kat. “Son dos por $1.000 pesos”, dice el hombre. Recibe el billete y lo guarda en un banano.

Sus hijos, mientras eso ocurre, juegan y corren en el lugar. El padre cuenta que vende en el Metro para juntar dinero, porque está disputado la tuición de los menores.

Dos horas después, pero en Vicente Valdés, dos vendedoras guardan sus productos en cajas, también hay presencia de Carabineros. Ellas corren hacia el vagón, sin ser vistas por la policía.

En estación Baquedano una joven -que vende chocolates sobre una manta morada- no corrió la misma suerte. Dos guardias del Metro la obligan a retirarse. La advertencia no fue suficiente. Al otro día se instaló en el mismo lugar.

Comercio ilegal en estación Tobalaba.

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El aumento de presencia policial y de personal de seguridad en estaciones es una acción complementaria a la campaña comunicacional de la empresa estatal, que promueve la colaboración de los usuarios para no comprar a vendedores ambulantes. “Es muy importante que también los pasajeros se hagan parte en este combate del comercio ambulante”, dice Del Campo desde Metro.

El año pasado, la empresa desplegó una campaña educativa junto al Ministerio de Salud para informar sobre los riesgos a los que se exponen las personas al comprar en el comercio ilegal.

Junto con eso, también se han concretado acciones para el copamiento de espacios, para evitar la toma de lugares por parte del comercio ambulante. Una de ellas es el programa Mercado a un Metro que, en colaboración con municipalidades, permite la instalación de puestos para emprendedores.

Sin embargo, Del Campo enfatiza que la erradicación del comercio ambulante también debe ser coordinada con otros organismos porque -asegura- no es una problemática exclusiva de Metro, “sino que está afectando a toda la ciudad en su conjunto”.

Por eso, detalla, trabajan junto a municipios y la Policía de Investigaciones (PDI), y forman parte de mesas de trabajo con el Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

El diputado y miembro de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Juan Antonio Coloma (UDI), comenta que ante el incremento del comercio ilegal en el Metro le solicitaron al Ministerio de Transportes endurecer la fiscalización.

“Este aumento del comercio ambulante ha significado inseguridad, pero también que en algunas partes existan verdaderas mafias”, dice el parlamentario.

El diputado e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, José Miguel Castro (RN), por su parte, asegura que “no es posible que la delincuencia se tome estos espacios que antiguamente nos daban tranquilidad, seguridad y, por lo demás, nos entregaban un transporte bastante eficiente”.

Durante los últimos días, una profesora de biología de la Universidad de Chile denunció que fue agredida con un cuchillo por una adolescente al interior de un vagón de la Línea 4.

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Cinco guardias están parados juntos en el andén de la estación Vicuña Mackenna. Conversan y se ríen. Al mismo tiempo, cuatro vendedores ambulantes, con carros y cajas, esperan el vagón en dirección a Tobalaba. Cuando llega se suben solo dos, uno vende helados, el otro dulces. Los demás quedan esperando el próximo.

En ese mismo lugar, pero dirección a Plaza de Puente Alto, esperan tres comerciantes. Se sube solo uno cuando llega el tren y comienza a recorrer el vagón mientras ofrece chocolates a $1.000 pesos. Nadie compra y sigue caminando. Cuatro minutos después, en Vicente Valdés, entra un hombre con guitarra y micrófono. “Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente”, comienza a cantar.

Dos estaciones más allá, en Elisa Correa, se suben otros dos vendedores: uno ofrece agua mineral y el otro cargadores de celular. Por altoparlante el chofer del vagón informa que hay una detención del servicio por una persona en las vías en Vicuña Mackenna. “Agüita chiquillos pa’ la espera, tómense un agüita”, dice uno de los vendedores.

En el otro vagón, en dirección a Tobalaba, un señor canta: “¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí”.

Tras cinco minutos de detención, el servicio se repone.

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