Rodrigo Pérez de Arce (IES) y crisis de seguridad: “Las formas de convivencia se ven muy tensionadas cuando hay comunidades que reciben muchos migrantes en períodos muy cortos de tiempo”

No han sido días fáciles de abordar en materia de seguridad para el gobierno.

En sólo 4 días diversos eventos, la mayoría ocurridos en la Región Metropolitana, ilustraron una situación que generó consternación en el mundo político, en donde se llegó, inclusive, a pedir la renuncia de las autoridades del Ministerio del Interior.

Ese escenario le genera preocupación a Rodrigo Pérez de Arce, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y asociado a Faro UDD, quien visualiza un “entrampamiento” en la discusión política relativa a la seguridad pública.

Eso sí, también identifica a un responsable por la situación de seguridad en el país: el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD). En todo caso, también constató un “oportunismo” por parte de la oposición al momento de solicitar la remoción de las autoridades de la cartera.

El investigador, en diálogo con The Clinic, también ve un cambio en la forma de actuar de las bandas chilenas, en donde asegura que estarían influenciadas por el nuevo método de ejecución de delitos que tienen las bandas internacionales.

—En el asesinato de Lampa hubo cinco víctimas extranjeras. En los videos que se han difundido sobre ese evento, también se escucha jerga extranjera, aparentemente por parte de los percutores del crimen. ¿Tiene alguna injerencia el crimen organizado internacional en la situación de seguridad pública del país?

—Uno tiene que mirar la foto completa y no solamente quedarnos con un incidente particular. ¿Qué es lo que nos indican los datos hasta la fecha? Es que el ingreso de algunas bandas criminales extranjeras o extranjeros que vienen a delinquir en Chile ha cambiado la configuración del delito en nuestro país. Entonces, tendencias que venían desde antes, como el aumento en la tasa de homicidios se contagia con dinámicas propias de bandas extranjeras.

Aunque en algunos tipos de delitos los números se mantienen, y en otros aumentan en muchos casos, los modus operandi son diferentes: son crímenes más cruentos, más sangrientos, aparecen fenómenos como los secuestros o las torturas, y también crímenes que son particularmente sanguinarios, como estos disparos a personas en la calle, como pasó en Quilicura. Obviamente uno no puede hacer una asociación sin más entre ser extranjero y ser delincuente, pero todo indica que en la dinámica del crimen sí ha influido. 

—Eso guarda un poco de relación con uno de los anuncios que hizo la ministra Tohá esta mañana, donde dice que la Policía de Investigaciones (PDI) tendrá mayor presencia en la zona fronteriza del país. ¿Qué mensaje se quiere dar en ello?

—No solo ahora sino que desde hace ya varios años Chile parece haber recibido muchos más extranjeros de los que podía recibir o, al menos, se recibieron extranjeros sin lograr chequear completamente sus antecedentes. En esto, la situación con Venezuela, que en muchos casos no facilita la identidad de algunas personas o son derechamente inexistentes para el sistema, lo vuelve particularmente difícil. Chile además es un país con fronteras muy extensas. Es muy fácil geográficamente entrar a Chile. Y, por lo mismo, dado el escenario anterior de nuevas formas de criminalidad, pero también de organizaciones criminales que son transnacionales, un crimen se puede cometer en Chile pero el beneficiario final de ese crimen que se reditúa financieramente puede estar muy lejos de acá.

—Lo esbozó en la respuesta anterior. ¿Existe alguna diferencia notable en lo que se podría decir como “ética” del crimen entre bandas extranjeras y nacionales? Y, si se diera el caso ¿las bandas nacionales comienzan alcanzar un nivel de brutalidad mayor para no recibir competencia?

—Todo indica que con estas bandas extranjeras ingresan nuevas maneras de cometer delitos. Ahora, al igual que en otros ámbitos, las bandas criminales nacionales empiezan a competir contra adversarios que tienen ciertas diferencias culturales respecto del valor de la vida o de cuáles son los límites al cometer delitos y por lo mismo se produce un efecto de contagio porque, en algunos casos, son competidores directos entre sí.

Si una banda chilena quiere sobrevivir en un escenario cada vez más conflictivo, probablemente tenga que abrazar dinámicas que antes no hubieran sido “tolerables” para el código de conducta delictual. 

—¿Existe una diferencia notable sobre la valoración de la vida entre bandas chilenas e internacionales? Por ejemplo, hace unos meses a un carabinero se le atacó con una granada de mano. 

—Sí, por ahora hemos visto que existe, aunque, entre paréntesis, en los asesinatos de Quilicura, el sospechoso principal es chileno, el que mata a estos jóvenes niños en la plaza. Entonces esa diferenciación se produce por ahora, pero lamentablemente uno podría avizorar que se pueden ir contagiando muy rápidamente estas maneras de cometer un delito. 

—¿Esas diferencias entre el uno y el otro podría generar algún tipo de hostilidad hacia la migración? Hace unos días en el Congreso estaba en discusión respecto la obligatoriedad en el voto que tienen los ciudadanos extranjeros, por ejemplo.

—Me parece que sí, pero eso no se debe solamente al tema criminal, porque la convivencia entre chilenos y extranjeros en algunos lugares, que ciertamente no son los donde vive el élite, es súper áspera, y no tiene que ver con el crimen en muchos casos: tiene que ver con el volumen al que se pone la música, las cosas que se cocinan, ciertas normas de convivencia que en muchos casos entran en tensión. Y con esto, digamos, quiero ser muy cuidadoso y no establecer que todos los migrantes son personas ruidosas o delincuentes, sino levantar la preocupación, porque esas formas de convivencia se ven muy tensionadas, sobre todo cuando hay comunidades que reciben muchos migrantes en periodos muy cortos de tiempo. 

Me preocupa que un sector de nuestra izquierda muchas veces alentó esa migración sin visibilizar o prever los conflictos que se podían generar a partir de esto, particularmente en el Gobierno. La idea del derecho a migrar puede estar muy bien, pero que algo sea un derecho humano no significa que esté exento de conflictos, o que no entre en colisión con otras dimensiones, tanto o más relevantes, de la vida en sociedad. 

—La causa no era mala, pero los efectos de la misma no se consideraron en el momento, ¿no? 

—O sea, era razonable buscar maneras de ayudar particularmente al pueblo venezolano que estaba sufriendo los efectos de una dictadura que persigue a los opositores y que tiene a su pueblo sometido al hambre. Ahora, eso también exige preguntarse cómo se equilibra esa ayuda a la población que ya vive en Chile. Eso no se previó o prefirieron mirar para el lado con esta idea de que no hay personas ilegales, que en un sentido es cierto, pero que alguien no sea ilegal no te resuelve el problema político y social que se puede generar a partir de eso. 

Pérez de Arce: “Hablar del pacto fiscal cuando tienes casi 20 muertos en un fin de semana muestra una desconexión profunda”

—Junto a los anuncios del Gobierno, también se reconoció que la agenda de seguridad no ha impactado como gustaría en la Región Metropolitana. ¿A qué responde dicho escenario?

—Lo primero es que la RM es una región comparativamente mucho más grande, mucho más compleja que todas las demás. Aquí vive gran parte de la población del país, gran parte de la población inmigrante que está aquí. Obviamente tiene una dinámica particular y esas complejidades requieren atender la peculiaridad de cada comuna o de cada sector de la ciudad.

Si uno mira, por ejemplo, cómo ha cambiado la tasa de homicidios en los últimos 15 años aproximadamente, uno puede ver que las comunas del sector oriente tienen tasas de homicidio prácticamente en cero, mientras que en otros lugares, como el centro mismo de Santiago, crecieron exponencialmente en esos indicadores. 

Tiene que ver con que han ingresado nuevas formas de criminalidad, que hay una disputa territorial en desarrollo entre distintas bandas criminales, y que probablemente la deslegitimación del uso de la fuerza que hubo desde el estallido en adelante, aunque obviamente el estallido no se le puede atribuir la causa de la criminalidad, pero sí la deslegitimación del uso de la fuerza de Carabineros y de la PDI influyó en la manera en que estas instituciones podían operar para controlar el crimen en la ciudad. 

—Hay cierta parte como de deslegitimación perdida de autoridad al respecto.

—Exactamente, que en fondo las policías no solamente operan mediante el uso de las fuerzas, sino que tienen que contar en alguna forma con el apoyo de la población para hacer su trabajo. Y eso se rompió, en parte por los escándalos de corrupción, el Pacogate, entre ellos, pero también porque había una izquierda que bajo el lema de no criminalizar la protesta social, hizo vista gorda de hechos delictuales o de violencia que finalmente hicieron menos eficaz la acción de la policía. 

—¿Qué camino debiese seguir el Ejecutivo para impulsar la agenda de seguridad? En eso han sacado a flote el pacto fiscal ¿es una buena estrategia sacarlo en esta discusión? 

—A mí me parece que hablar del Pacto Fiscal cuando tienes casi 20 muertos en un fin de semana muestra una desconexión bien profunda respecto de lo que está pasando en el país. Uno puede preguntarse respecto de los recursos que se van a utilizar para combatir esta epidemia de homicidio, pero la verdad es que el Presidente y la ministra Tohá y el subsecretario Monsalve, en fin, al hablar del Pacto Fiscal la verdad es que todo se ve más oportunismo que otra cosa. 

Hay un riesgo en que la ciudadanía se queda un poco con la sensación de “otra vez más el gobierno dice que nos va a perseguir con toda la fuerza de la ley, que van a ser unos perros con los delincuentes”, como dijo el presidente hace un montón de tiempo, pero en los hechos concretos, en la vida cotidiana, pocas cosas cambian. No es que se vean grandes modificaciones. Y al final el gobierno está recurriendo a las mismas herramientas que han empleado los gobiernos anteriores. Desplegar más policías en las calles, anunciar que los carabineros que salgan de esta promoción de la escuela van a patrullar más Santiago, en fin, pero parece súper insuficiente frente a desafíos que requieren más carabineros, pero que no se solucionan con más carabineros, necesariamente. 

—Hablaba de este tipo de oportunismo en el pacto fiscal en la discusión. En el caso de la oposición, cuando se pide la salida de las autoridades del Ministerio del Interior, ¿se cae también en el oportunismo?

—Veo con mucha preocupación que el gobierno y la oposición están entrampados en exigirse responsabilidades y renuncias mutuamente. Y claro, uno puede apuntar con el dedo al Ministerio del Interior, particularmente al subsecretario de Prevención del Delito, que en esta discusión ha brillado por su ausencia. Tenemos una subsecretaría dedicada especialmente a eso y la verdad es que no parece estar obrando con mucha eficacia. Dicho eso, no creo que pedirle la renuncia a la ministra Tohá o a Monsalve vaya a arreglar el problema, y más bien creo que la oposición, junto con ser crítica del gobierno, debería mostrar de alguna manera que tiene mejores herramientas para combatir con eficacia el crimen que crece lamentablemente en nuestro país.