Los cinco jóvenes abogados que nacieron en democracia y que hoy investigan los crímenes de la dictadura en el norte de Chile

A pesar de que hayan pasado seis años de la reconstitución de escena que ayudó a esclarecer cómo murió Guillermo Vargas (21) en el año 1984, Daniella Pinto (36) lo recuerda con total claridad. Era un 30 de junio de 2018 al mediodía, y gran parte de los testigos, víctimas vivas e inculpados relacionados con la muerte de Vargas estaban reunidos en el cerro detrás de la Universidad de Atacama (Copiapó), lugar donde el joven falleció.

Como abogada de la Unidad de Derechos Humanos de La Serena, Pinto, quien en esa época tenía 31 años, se había preparado de manera minuciosa: estudió los testimonios de los involucrados, sabía la posición de cada uno, e incluso, llevó una carpeta con un punteo de los hechos que no debía olvidar. Su atención era inquebrantable: debía anotar cada evento crucial que ocurriera en la reconstitución.  

Antes de comenzar la escena, ya habían reconstituido varios de los hechos que llevaron a la muerte de Vargas: él y más estudiantes de la universidad huían de pelotones del Ejército y de Carabineros, quienes habían ingresado al recinto para disipar una protesta a punta de balazos y bombas lacrimógenas. 

Así, ya ubicados todos los testigos, inculpados y víctimas vivas del caso en el cerro, se inició la escena. El primer testimonio fue de un conscripto que vio cómo un estudiante estaba en las faldas del cerro con un balazo en el glúteo.

El segundo testimonio fue el de Guido Lobos, quien en la reconstitución estaba en la cima del cerro, al lado de una cruz blanca. Allí, Lobos –que en ese momento tenía más de 50 años-, recordó que corrió con Vargas hacia la cúspide, pero sintió un golpe en la pierna. Cuando se giró para ver a su compañero y pedirle ayuda, se dio cuenta de lo impensado: Vargas yacía en el suelo, boca abajo, con sangre en la cabeza. Allí se dio cuenta de que su compañero estaba muerto.  

Otro de los testimonios en la jornada fue el de otro conscripto, quien también estaba ubicado a las faldas del cerro persiguiendo a los estudiantes. Si bien reconoce que disparó por orden de Claudio Raggio y Guillermo Ramos, cuenta que no lo hizo directo a los que corrían, sino que apuntó al aire.  

Esos tres testimonios fueron cruciales para establecer qué sucedió con Vargas: debido a que todos los inculpados y testigos de la causa decían no saber quién ejecutó el tiro que llegó al joven, el juez Vicente Hormazábal enfocó la causa a identificar a quienes dieron la orden de disparar. De esa manera, en mayo de este año se comunicó el fallo: Claudio Raggio y Guillermo Ramos fueron condenados a 15 años de cárcel.  

La Unidad de Derechos Humanos de La Serena: un grupo de jóvenes abogados en contra del tiempo  

El caso de Guillermo Vargas fue uno de los muchos casos en los que Pinto cooperó como abogada de la Unidad de Derechos Humanos. En ese entonces, era una de las primeras funcionarias en trabajar en la entidad, en un momento en el que las causas de delitos de lesa humanidad aumentaban: en 2017, la Corte Suprema indicó que la Corte de Apelaciones de La Serena debía hacerse cargo de todos los casos del norte. Desde Arica a Coquimbo.

Daniella Pinto se marchó de la Unidad en 2019, pero su trabajo ayudando al ministro Hormazábal contribuyó a que la entidad se hiciera más grande para enfrentar la tarea de investigar causas de Derechos Humanos. Hoy, son cinco los abogados que están a cargo de 545 causas. Todos nacieron después de la vuelta a la democracia. Algunos se acaban de recibir como abogados.

El rol de este grupo es similar al que se mostró en el filme nominado al Oscar, Argentina 1985, que narra el proceso judicial en contra de los líderes de la dictadura del país transandino que fue posible gracias al trabajo del fiscal Julio César Strassera (personificado por Ricardo Darín) y su fiscal adjunto Luis Gabiel Moreno Ocampo, quienes lograron condenas a los jerarcas de la dictadura cívico-militar gracias a la colaboración de un grupo de jóvenes abogados que recopilaron las pruebas, recorriendo distintas localidades de Argentina.

La labor de grupo de jóvenes abogados de La Serena, desde un comienzo, no fue fácil. Uno de los primeros desafíos que debieron enfrentar fue el desconocimiento que tenían de cómo funcionaban los procedimientos de investigación.

Debido a que todos los crímenes de lesa humanidad ocurrieron antes de la Reforma Procesal Penal del 2000, los litigios debían investigarse como en el sistema anterior: sin fiscales del Ministerio Público, la Defensoría, ni juicios orales.  

En sus casos, el procedimiento consiste en pesquisar a través de distintas diligencias durante un período que estimen conveniente, procesar al inculpado e iniciar un plenario. En esta última etapa, se realizan audiencias probatorias, en las que los involucrados presentan sus testimonios.

Ahí, este último debe precisar si se necesitan más diligencias por realizar. En caso de que no las tenga, evalúa la causa y dicta el fallo. En promedio, esta etapa dura dos meses, mientras que la investigación puede extenderse por años.  

Debido a que este grupo den jóvenes abogados cursó la carrera después del 2000, no conocían este procedimiento. Así, esa fue la primera vez que su edad les jugó en contra.

Más allá de esa desventaja temporal, según ellos, el hecho de que estén a mediados de la veintena e iniciando los treinta es una ventaja. Así lo dice Judith Gutiérrez (34), la abogada más antigua del equipo, quien trabaja allí desde 2018.

“Tenemos el conocimiento de cómo poder tramitar una causa desde el punto de vista judicial. Ahora en base al tema histórico, porque nosotros no habíamos nacido en ese momento, eso puede tornarse una ventaja. No tenemos un prejuicio político, no estamos empapados de opiniones políticas de ningún lado. Entonces, creo que somos mucho más neutros a la hora de conocer las investigaciones y de poder dilucidar qué fue lo que pasó en las causas, y eso nos vuelve bastante objetivos”, opina Gutiérrez.

Así, una vez que entendieron cómo funcionaba el procedimiento, lo demás se fue aprendiendo en la marcha. Cuando uno de ellos llegaba al equipo, los jóvenes abogados debían interiorizarse con el contenido de cada causa, una tarea que podía llevar semanas o meses. A partir de ahí, debían evaluar qué tipo de diligencias pedir. Por ejemplo, si había que solicitar documentos a la Vicaría de Solidaridad o al Museo de la Memoria —las dos instituciones a las que más recurren, por su gran cantidad de documentación—, pedir testimonios a los involucrados, exhumar cuerpos, reconstituir escenas de delitos, solicitar análisis balísticos y más.  

Christine Roco (26), la menor y la última en integrar este grupo de jóvenes abogados, cuenta que los diez meses que ha trabajado allí le han enseñado a ser estratégica. Teniendo 48 causas a su cargo, cada día tiene que sopesar si alguna diligencia dará frutos o no.

“Por ejemplo, uno puede esperar el oficio que manda el registro civil, informando la familia de tal persona, y luego de eso tú puedes citar a varios testigos. No es llegar y citar a todos, sino que uno va decidiendo qué testigo citar y en qué orden”, ejemplifica Christine.  

Para Paolo Olguín (32) también es así. De hecho, comenta que el proceso de investigación requiere “un gran nivel de cachativa”. Por ejemplo, cuando llegó al equipo en 2021, debió estudiar diversas causas en simultáneo que relataban sucesos de los años 70 y venían desde Antofagasta.

Así, al interiorizarse cada vez más en su contenido, se dio cuenta que muchos involucrados se repetían en distintos litigios. “Podíamos ir armando un mapa de lo que sucedía en Antofagasta a nivel causas, porque eran las mismas autoridades militares, las mismas autoridades de Carabineros. Por ejemplo, hubo algunas víctimas que fueron trasladadas de Calama a Antofagasta, y los inculpados de ellas se repetían en las causas de otras víctimas de Calama”, explica.  

Una dificultad común que enfrentan los jóvenes abogados es identificar cada pieza del puzzle con la mayor celeridad posible. La falta de tiempo es un recordatorio constante cada vez que investigan: por el paso de los años muchas veces una persona clave en un caso ya están muertas, y si están vivas, no recuerda bien los hechos. Lo mismo produce que varias causas queden sobreseídas.

Pero para Luis Prado (30), quien trabaja allí desde el 2022 y tiene 46 causas en investigación, eso no es razón para desanimarse. Para él, siempre hay alguna manera de probar algún delito o la presencia de una persona en un hecho.

Por lo mismo, el trabajo que realizan necesita un alto grado de compromiso. “Muchas veces no es que trabajes de 8 a 5 de la tarde, muchas veces requiere que te quedes hasta 7 de la tarde trabajando o vengas en días que no te correspondería venir. Pero es parte de la labor que hacemos. Nosotros lo hacemos con bastante entusiasmo”, indica Prado.  

La frustración de no hallar a detenidos desaparecidos

Homicidios, torturas, desapariciones forzadas y sustracción de menores son la mayoría de los temas que estos jóvenes abogados deben pesquisar en sus causas. Si bien la mayoría trata de mantener distancia –sin dejar la empatía de lado-, ante los hechos que leen o escuchan, Olguín cuenta que hay veces en las que se ha quedado pensando cómo el trauma de lo sucedido cambió el rumbo de las vidas de las víctimas.  

“En una audiencia en la que estuve, los familiares de algunas víctimas narraban las peripecias que sufrieron desde que se murió su marido. La pobreza en la que quedaron. Ahí yo después pensé: ¿cómo habría sido yo si me pasara eso? Si me hubiera pasado algo a mí, por ejemplo, ¿Qué habría hecho mi señora, mi hija para sobrevivir?”, comenta Olguín.  

Judith Gutiérrez ha tenido que investigar varios casos de detenidos desaparecidos, como el de la Mina La Veleidosa. Para ella, una de las situaciones más frustrantes es no poder encontrar ciertos cuerpos. “No es que ellos (los familiares) denuncien o quieran encontrar un culpable, sino que lo hacen porque está desaparecida su persona y quieren encontrarla (…) A cualquiera de nosotros nos gustaría darle sepultura a nuestros familiares. Creo que eso es lo más emotivo, porque uno se coloca en el lugar de esas víctimas, de esos familiares”, cuenta Gutiérrez.  

Algunos de los integrantes del equipo, por ejemplo, han recurrido a asesoramiento psicológico. Por ejemplo, el juez Sergio Troncoso, quien ingresó a la entidad este año proveniente del área de familia, nunca le había tocado involucrarse en causas de violaciones en contra de los Derechos Humanos, la crueldad de algunos casos lo ha llegado a impresionar. “No es algo que crea que me las banco aquí solo. Sé que uno tiene sus fragilidades. Puede ser muy agobiante”, confiesa Troncoso.  

Para Luis Prado, el trato con los familiares de las víctimas fallecidas es lo que más le supone una carga emotiva. Muchas veces, estos últimos se encuentran en estados emocionales inestables y tiene que contenerlas. “Eso implica cierta carga para nosotros como actuarios. Pero no incide en ningún caso en la objetividad que nosotros podamos tener como para tramitar esa causa”, explica Prado.  

Eso, dicen todos los del equipo, es uno de los elementos más importantes a la hora de investigar para lograr encontrar la verdad: deben mantenerse imparciales para no empañar el procedimiento. Incluso, Prado aclara que, si bien muchos pueden creer que el equipo tiene la tendencia a favorecer a las víctimas, la labor de ellos no siempre es defenderlas. Algunas veces han tenido que absolver a acusados. “Aquí lo que se requiere no es solo buscar un inculpado o acreditar delitos, lo importante es encontrar verdades”, explica.  

El caso conscriptos  

Fiama Muñoz (26) es la penúltima abogada que ingresó a este equipo de jóvenes abogados a principios del 2023. Lo hizo por un caso especial: a mediados del 2022, el Ministerio de Justicia envió desde Santiago más de diez cajas llenas de testimonios de jóvenes que hicieron el servicio militar entre el año 73 y el 90. Allí, en sus papeles, se relataban crueles torturas que los conscriptos sufrieron cuando eran menores de edad o apenas superaban los 18 años.  

Las causas que Muñoz tiene son cerca de 250, y relatan a cabalidad lo que sufrieron. Los métodos que los oficiales utilizaban en ellos eran variados, pero propios de la barbarie. Por ejemplo, los obligaban a realizar simulaciones de guerra, en los que debían tener un campo de detenidos. Allí, los oficiales elegían a los conscriptos que eran parte de partidos políticos y los torturaban. Esos momentos, los amarraban de pies y manos a catres metálicos, y les cortaban el cuerpo con un corvo o les ponían corriente eléctrica. Además, los oficiales los obligaban a matar perros y comérselos, lo que era una práctica habitual.  

Por la cantidad de causas, Muñoz dice que aún no ha concluido ninguna de ellas. Las diligencias principales son lentas, en especial los documentos que solicita a la Vicaría de la Solidaridad, el Museo de la Memoria o al Ejército. En esos casos, el trámite puede durar dos meses. Además, Muñoz solicita en casi todos los casos que se aplique el Protocolo de Estambul, un conjunto de directrices que determina si una persona ha sido víctima de torturas.  

Aun así, la abogada cuenta que algunos conscriptos han desistido de la investigación, pues no quieren someterse al procedimiento. “Muchos de ellos normalizaron ciertas conductas. Entonces, los que no quieren continuar con el proceso dicen: ‘esto ya me pasó. No quiero continuar porque esto fue hace mucho tiempo y da lo mismo’”, explica Muñoz.  

A pesar de la magnitud del caso, la abogada tiene la misma expectativa y misión que los demás de sus compañeros. “Espero llegar a la verdad. Y que, al menos, algunas de las personas puedan tener tranquilidad por el hecho de ver justicia. Yo soy imparcial aquí, tengo que reconstruir la historia para saber qué fue lo que realmente pasó. Entonces, en estos casos, si es que pasaron como dicen, la justicia le dará tranquilidad a estas personas”, concluye.