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Juan Antonio Coloma
El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Foto: Agencia Uno

Política

14 de Octubre de 2024

Chile Vamos inicia ofensiva contra el Gobierno y pide que se rectifiquen indultos y pensiones de gracia otorgadas a raíz del estallido social

La existencia de "sujetos que fueron irregularmente acreditados como 'víctimas en un proceso del todo viciado", son algunos de los reparos que realizaron las directivas de Chile Vamos al Gobierno, ad portas del quinto aniversario del estallido social.

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Pasadas las 10 de la mañana de este lunes, concurrieron las directivas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) hasta el Palacio de La Moneda. La finalidad era una: entregar una carta al Presidente Gabriel Boric, por motivo de la proximidad del quinto aniversario del denominado estallido social el próximo 18 de octubre.

Por lo mismo, los integrantes de las directrices de los partidos aprovecharon la instancia para manifestar sus reparos a Boric mediante el escrito. En ella se realizaron una “serie de reflexiones acerca de los riesgos que corrió muestra democracia“. En lo mismo, solicitaron “revisar una serie de gestos y políticas impulsadas desde el Gobierno”, las que, señalaron, hacían “reconocimiento” a quienes “destruyeron nuestras ciudades“.

Allí apelaron a una “impunidad” que han tenido los involucrados en delitos relativos al estallidos a partir de la llegada de Boric a La Moneda. En lo mismo, aludieron a quienes plantearon la existencia de “presos políticos” en el país. Allí mencionaron a actuales integrantes del Ejecutivo, parlamentarios y también dirigentes políticos de la coalición oficialista quienes plantearon aquello.

Sobre lo mismo, argumentaron que dichas afirmaciones fueron “desmentidas de manera categórica por parte de todos los organismos que integran el sistema de persecución penal”. Y a pesar de ello, el Gobierno, aseguraron, no cesó en el planteamiento “y fue la razón por la cual se han concedido una serie de beneficios” a “sujetos que destruyeron nuestro país y pusieron todo de su parte para remover (…) a un Presidente democráticamente electo“.

Indultos y pensiones de gracia del estallido

Uno de los ejemplos que mencionaron guardó relación con cuando parlamentarios de la oposición —en diciembre de 2020— de ese entonces presentaron un boletín que concedía un “indulto a una serie de personas imputadas o condenadas por su participación en hechos circunscritos al ‘estallido social'”.

Pero, no fue a lo único que aludieron. También se hizo énfasis al retiro de 139 querellas realizadas por el Ministerio del Interior de la anterior administración con investigaciones penales por el “estallido”. A eso se sumó el indulto presidencial que otorgó Boric a finales de 2022, cuando 12 personas con delitos relativos al “estallido” fueron beneficiadas de la acción del Mandatario.

De hecho, allí apelaron al indulto que se le hizo a Luis Castillo. Dicho indultado tenía antecedentes penales previos a octubre de 2019. Al tiempo después, se vio involucrado en una nueva situación judicial. Ello develó, aseguraron, “la irracionalidad del accionar presidencial”. En lo mismo sumaron a las pensiones de gracia entregadas de manera “ilegítima y arbitraria”, apelando a un informe de Contraloría.

Tales eventos dejaron en evidencia “esta política de la impunidad“, manifestaron. “Hay un guiño a la delincuencia que permite presumir deudas pendientes del Gobierno con un mundo que puso todo de su parte para derrocar a un gobierno”, siguieron.

Con eso descrito, pidieron que el Gobierno diese “gestos democráticos y renovar sus credenciales”. Para ello, esbozaron que se tenía que dejar sin efecto los indultos y las pensiones de gracia otorgadas. Ello a todos los “sujetos que fueron irregularmente acreditados como ‘víctimas’ en un proceso del todo viciado“.

La finalidad de la carta, señalaron al cierre, consistió en que sea una “oportunidad para dejar de lado una interpretación antojadiza”. Sobre ello, pidieron que se adopte una “posición conciliable con los principios democráticos, en la que se reivindique la labor policial y se rechace todo intento de deponer a una Presidente, democráticamente electo, por la fuerza.

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