Contraloría trasladó sumario contra alcalde de Chillán tras reclamo de los senadores De Urresti y Quintana

Un día después de reunirse con el alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), y los senadores Alfonso De Urresti (PS) y Jaime Quintana (PPD), la contralora subrogante, Dorothy Pérez, decidió trasladar el sumario que desde abril pasado desarrollaba la Contraloría del Ñuble en contra de funcionarios municipales de Chillán, incluido el alcalde, por su rol en las irregularidades detectadas en la compra de una medialuna que le costó al municipio $3.276 millones.

No fue el único sumario trasladado a Santiago. Una segunda indagatoria que estaba desarrollando la Contraloría del Ñuble pesaba sobre el administrador municipal, Richard Guzmán, por la contratación de un antiguo socio como jefe de la Secretaría de Planificación de la misma Municipalidad de Chillán.

La reunión del 2 de septiembre, en la que participaron el alcalde además de los dos senadores, quedó anotada en la agenda de Dorothy Pérez, disponible en la página web de la Contraloría. Allí no se indica la materia que se trató en la cita. Quienes conocieron del contenido de esa reunión, señalaron a The Clinic que los dirigentes políticos reclamaron que el contralor regional del Ñuble, Mario Quezada, estaba obsesionado con investigar al alcalde de Chillán, y que dejaba de lado otras indagatorias que podrían perjudicar a otros dirigentes políticos.

El reclamo de los senadores, y la decisión de la contralora que les dio en el gusto, ocurrió dos meses antes de que el Senado vote la ratificación de Dorothy Pérez en el cargo de Contralora General de la República, lo que debiera ocurrir esta primera semana de noviembre.

El lunes 28 de octubre la Comisión de Constitución del Senado escuchó la exposición de Pérez, luego de que ella fuera elegida por el gobierno de Gabriel Boric como su candidata a ocupar la jefatura de la Contraloría por los próximos ocho años. Dorothy Pérez lleva 10 meses como contralora subrogante, y de ser ratificada por el Senado -requiere el voto a favor de tres quintos de los senadores-, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

El senador De Urresti es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, y desde ese rol habló con Radio Cooperativa luego de escuchar la exposición de Pérez: “Creo que su currículum es extenso y consistente en materia del trabajo en esta importante institución”. La Comisión de Constitución resolvió de manera unánime emitir un informe favorable a la postulación de Pérez.

Lo que en esa sesión de la semana pasada no dijo el senador De Urresti, ni tampoco la contralora subrogante, es que en al menos dos ocasiones ambos se han reunido para tratar la investigación de la Contraloría del Ñuble sobre la administración del alcalde de Chillán.

Además de la cita del 2 de septiembre, en la que también participó el senador Quintana y el alcalde Benavente, De Urresti estuvo en las oficinas de la Contraloría en calle Teatinos el 11 de enero pasado. Esa reunión, donde estuvo acompañado por el alcalde de Chillán, quedó anotada en el registro de audiencias de la contralora subrogante, pero allí se omitió la participación del Presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

La agenda de la contralora solo indica “Contralora(S) se reúne con el Sr. Alcalde de Chillán”. Fuentes de la Contraloría dijeron a The Clinic que no se anotó la participación del senador De Urresti porque este no estuvo desde el comienzo en la reunión, y que tampoco se quedó hasta el final.

Esa reunión de enero fue importante, porque se produjo justo cuando la Municipalidad de Chillán debía responder un pre informe emitido por la Contraloría del Ñuble donde se cuestionaba la compra de la medialuna de la ciudad, la que tuvo un costo de $3.276 millones. Ese pre informe está fechado el 15 de diciembre de 2023, y la respuesta del municipio llegó a la Contraloría un mes después, el 15 de enero pasado, cuatro días después de la reunión del alcalde Benavente y el senador De Urresti con la contralora.

La investigación de la Contraloría del Ñuble se inició luego de que un grupo de concejales denunciara la compraventa de la medialuna, transacción que se concretó el 6 de octubre de 2022. La Municipalidad de Chillán se la compró a la corporación Sociedad Fiesta El Caballo Chileno. El problema fue que luego de la adquisición, los anteriores dueños de la propiedad retiraron la estructura de la medialuna, el casino y otros bienes muebles, sin pagar por ello. La investigación de la Contraloría determinó que esos bienes eran de propiedad municipal y debió haber existido un cobro.

El 8 de abril pasado la Contraloría del Ñuble finalizó su investigación y determinó iniciar un sumario “con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados”, señala el informe (ver aquí).

Fuentes consultadas por The Clinic señalaron que el sumario por la compra de la medialuna estaba a punto de culminar su etapa indagatoria, y que el alcalde Benavente arriesgaba, incluso, la destitución de su cargo. Luego de que ese sumario saliera de las oficinas de la Contraloría del Ñuble, quedó a cargo de la Fiscal de la Contraloría, Carolina Requena, quien asumió esa función en diciembre de 2023, justo cuando Dorothy Pérez fue nombrada contralora subrogante.

Desde la Contraloría respondieron por escrito a The Clinic:

“Respecto de esa comuna han habido presentaciones y denuncias sucesivas, todas las cuales han sido investigadas por la Contraloría General, tanto en el nivel regional como en el central y se han adoptado todas las acciones derivadas que la normativa mandata. En cuanto a que uno de los procedimientos se lleva adelante desde Santiago y no desde la sede Ñuble, esto no constituye una novedad, ya que es una medida que se adopta de manera regular, con el objetivo de asegurar la imparcialidad de los procesos cuando han existido presentaciones sobre este punto”.

Las reuniones

El cuñado del senador De Urresti, Juan Carlos Lama (fallecido en 2013), formó parte del directorio de la corporación Sociedad Fiesta El Caballo Chileno -que reúne a los corraleros de la zona-, la misma que le vendió la medialuna a la Municipalidad de Chillán, y su hijo Benjamín Lama De Urresti (sobrino del senador) actualmente se desempeña como funcionario a honorarios en el municipio a cargo de prestar apoyo técnico para la recuperación de áreas verdes. Su honorario es de $1,6 millón, según registros de transparencia.

En el entorno del senador De Urresti niegan que los vínculos de su familia con la Municipalidad de Chillán tengan relación con su apoyo al alcalde Benavente ante la Contraloría. De Urresti le dijo a The Clinic que en sus reuniones con la contralora “principalmente se habló sobre la disparidad que tienen las distintas contralorías regionales para abordar temas comunes (…) Se plantearon un conjunto de antecedentes que tienen relación con que la Contraloría Regional de Ñuble no habría finalizado ni las investigaciones ni los sumarios que lleva adelante, particularmente en el marco de los casos de Cuentas Corrientes y el de Luminarias LED”.

Según De Urresti, asistió a la reunión de septiembre por solicitud del senador Jaime Quintana: “Soy senador de la República y, además, vicepresidente nacional del Partido Socialista. Abordar problemáticas que suceden en todo el país, más allá de la región que represento, es importante para la ejecución del cargo. En este caso fue una solicitud del senador Jaime Quintana, quien además es presidente del PPD, al igual que el alcalde de la comuna de Chillán”.

El alcalde de Chillán, Camilo Benavente, dijo en el concejo municipal del 29 de febrero pasado, que la reunión de enero en la Contraloría fue gestionada por De Urresti: “Él pidió la reunión, también nos ayudó (…) yo tengo cercanía con el senador Sr. De Urresti, usted entenderá que Alfonso es mi amigo. Es chillanejo, incluso hasta medio familiar. La vida funciona así”.

El alcalde Benavente señaló para este reportaje que “ambas reuniones (con la contralora) fueron solicitadas por el conducto regular, a través de la ley de lobby. El contenido de las reuniones y temas tratados también se declaran públicamente a través de la plataforma creada para esto. Son de conocimiento público y establecidas por la propia ley”.

Sin embargo, esas dos reuniones no están anotadas en el registro de lobby de la contralora Dorothy Pérez. Sí aparecen en su agenda de actividades, donde no se señala las materias que allí se trataron.

Benavente le dijo a The Clinic que la reunión de septiembre fue gestionada por el senador Quintana: “El senador Quintana es presidente nacional del PPD, por ende, mantiene una relación de apoyo y trabajo colaborativo con las autoridades electas de la colectividad. Quien solicitó y gestionó la reunión fue el senador Quintana. Los temas tratados son públicos y se pueden revisar en la plataforma establecida para esto”.

Consultado el senador Quintana, señaló que la reunión se solicitó por la inquietud que les generaba algunas de las investigaciones de la Contraloría del Ñuble: “Además de senador, soy presidente de partido, y en esa calidad acompañé al alcalde de mi partido a esa entrevista, en relación a un tema donde había muchas dudas acerca de cómo se estaban llevando adelante los sumarios y determinadas investigaciones en esa región, cuya dilación podía prestarse para un aprovechamiento político”.

En la Municipalidad de Chillán temían que las indagatorias de la Contraloría del Ñuble afectaran la reelección del alcalde Benavente, algo que no ocurrió. En la elección del 26 y 27 de octubre, el alcalde fue reelecto con el 49,67% de los votos.

Irregularidades

La investigación de la Contraloría del Ñuble sobre la compra de la medialuna que le costó al municipio de Chillán $3.276 millones, estampó sus conclusiones en un informe publicado el pasado 8 de abril. Allí se indica que el acuerdo adoptado por el concejo municipal no contempló la autorización para que el vendedor -la corporación Sociedad Fiesta El Caballo Chileno- retirara infraestructura del interior de la propiedad que ya había sido traspasada a la municipalidad.

“Sin embargo, se verificó que con posterioridad (al traspaso de la propiedad), personas vinculadas a la parte vendedora retiraron distintas estructuras emplazadas al interior del recinto adquirido por el municipio”, indica el informe final de la Contraloría (ver aquí).

Parte de los bienes muebles retirados incluyeron graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres y ventanales.

La indagatoria concluyó que el alcalde firmó un acuerdo privado con los vendedores para autorizarlos a retirar los bienes muebles del interior del predio.

Y aunque en la Municipalidad de Chillán comentaron a The Clinic que las estructuras que se retiraron luego de la venta de la medialuna eran escombros, el informe de la Contraloría acompaña fotografías donde se desmiente esa afirmación.

Lo mismo ocurrió con las instalaciones donde se encontraba habilitado un casino. El informe de la Contraloría constató que esa estructura fue retirada por los vendedores luego de que se traspasara la propiedad a la Municipalidad de Chillán.

Además de la indagatoria de la Contraloría, y del sumario actualmente en curso, el Ministerio Público también está investigando esta trama.

La fiscalía inició una investigación penal sobre la compra de la medialuna en septiembre de 2023, luego de que dos concejales -Joseph Careaga (RN) y Juan Pablo López (Partido Radical)-, presentaran una querella en la que acusan falsificación de instrumento público, fraude al fisco y negociación incompatible. Desde mayo pasado a los querellantes los representa el abogado Marcelo Brunet, quien ha sido integrante de la comisión política de RN.

Desde la fiscalía del Ñuble le dijeron a The Clinic que la investigación “la dirige el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, y está en pleno desarrollo. Está trabajando con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y también se han requerido antecedentes a la Contraloría General de la República”.

Nota de la Redacción: Tras la publicación de este reportaje, Contraloría envió la siguiente réplica:

“La CGR no tiene atribuciones legales para sancionar ni destituir alcaldes en el marco de los sumarios, por ende, esa extrapolación es incorrecta. El sumario no estaba terminando sino que comenzando. Asimismo, la fiscal del sumario no es la Sra. Carolina Requena, es la Sra. Gabriela Silva, que lleva años en el mismo cargo.

La ley de lobby mandata publicar las audiencias pedidas por lobbystas o gestores de intereses, según la definición que da esa ley. En dicha ley no se considera a las autoridades públicas como gestores.
Las audiencias pedidas a la CGR por gestores o lobystas -que son las que la ley mandata publicar- están publicadas. Algo distinto es que la CGR ‘adicionalmente’ publica en su agenda web las reuniones, sea con autoridades sujeto de lobby o no”.

Al respecto, en The Clinic indicamos que el sumario puede recomendar al concejo municipal que se solicite al destitución de un alcalde y los concejales pueden acudir al TER y solicitarlo. Por otra parte, Carolina Requena es la fiscal de la Contraloría General de la República y de ella depende la Unidad de Sumarios.