Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros y Caso Monsalve: “Nuestro sistema de inteligencia está en coma”

La subsecretaría de Carabineros estuvo vigente en Chile hasta el año 2011. Por entonces, la cartera dependía del Ministerio de Defensa, hasta que se trasladó al reformulado Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Antes de ello, en la subsecretaría —que mutó de nombre al cambiar de domicilio a Subsecretaría del Interior— pasaron nombres como el de Felipe Harboe, Carol Bown y también el de Neftalí Carabantes.

Este último —abogado y secretario general de la Universidad Central— fue el último subsecretario que impartió vocerías sin ser el ministro titular. Ello ocurrió cuando tuvo el cargo de subsecretario general de Gobierno (Segegob). Posteriormente, en el Ejecutivo se decidió que en ausencia del ministro vocero, su subrogación caía en otro secretario de Estado.

Por el caso Monsalve, que ha golpeado fuertemente al Ejecutivo y que, además, según la versión de la Fiscalía, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) estarían vinculados por acciones posteriores, Carabantes tiene una postura clara: la Ley de Inteligencia tiene deficiencias. Aquí se explica.

—Revuelo ha causado el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Existe un mea culpa generalizado en el Ejecutivo en que el caso se pudo atender de mejor manera. ¿Cuál considera que es la falla más considerable en el manejo de la situación?

—Sin perjuicio de que pudo haber sido mucho más expedita y oportuna la salida del ex subsecretario del Interior debido a la gravedad de la denuncia efectuada en su contra, considero que este episodio revela no solo un mal manejo, sino una falla fatal de nuestro sistema de inteligencia. Dicho de otro modo, nuestro sistema de inteligencia está en coma y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) naufraga en la inoperancia, pues no olvidemos que el objeto principal de la ANI es producir inteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado. En teoría.

Si uno profundiza el análisis, el caso Monsalve revela que el Sistema de Inteligencia, cuyo sistema nervioso central descansa materialmente en un Comité de Inteligencia, a todas luces no está operando, pues todos los hechos que rodean este caso, incluidas las actuaciones de funcionarios y ex funcionarios de la PDI que hoy están siendo investigadas, bien pudieron haber sido advertidas e informadas a las autoridades políticas y mandos superiores, más aún si la finalidad de este sistema, y su obligación, por expreso mandato legal, es intercambiar información estratégica de inteligencia, y de facilitar la toma de decisiones de las autoridades, entre ellos el Presidente de la República y sus ministros.

Reitero, la ANI y el referido Comité de Inteligencia son los encargados de preparar reportes periódicos de inteligencia, de naturaleza secreta, para el Jefe de Estado, ministros y subsecretarios, todo lo cual, al parecer, brilló por su ausencia.

—Con los antecedentes conocidos sobre el caso, sobre todo los relativos a las solicitudes de Monsalve a la PDI, ¿se pone en cuestión que exista una autoridad civil con poder sobre la PDI?

—La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que se vincula “administrativamente” con el referido ministerio a través de la Subsecretaría del Interior. Dicho lo anterior, no se debe perder de vista que la misión constitucional y legal de la PDI es investigar los delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público, es decir, en términos operativos debe actuar bajo las órdenes de la Fiscalía, y no del Ministerio del Interior.

No es discutido que en la mayoría de las democracias del mundo las policías dependan administrativamente de la autoridad política encargada de la seguridad pública. En consecuencia, soy partidario que tanto la PDI como Carabineros pasen a depender del futuro Ministerio de Seguridad Pública, entidad que estará 100% encargada de la prevención y el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Ahora bien, en materia operativa, investigativa, como en todo Estado de Derecho, considero que debe seguir colaborando con los Fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan. Deben seguir trabajando bajo las órdenes del ente autónomo que detenta el monopolio de la investigación.

—¿La situación hace necesaria una modificación a la ley de Inteligencia y quiénes la pueden utilizar?

—Absolutamente. Es clave que el Congreso avance y apruebe una nueva Ley de Inteligencia, en actual tramitación en el parlamento, dando vida a una nueva institucionalidad, con un enfoque sistémico, colaborativo, eficaz, y con herramientas investigativas e intrusivas de utilidad. Además, la nueva ley deberá desagregar con nitidez los tipos de inteligencia que podrán realizar los organismos competentes, todo ello, en el marco de un estándar legal que respete el debido proceso y el Estado de Derecho.

En cuanto a los destinatarios de la inteligencia que produzcan las instituciones autorizadas por ley, sin duda que debe estar dirigida a las autoridades superiores del Estado en lo que corresponda, y por cierto, en materia investigativa y probatoria a los entes encargados de la persecución penal. Ahora bien, no olvidemos que la inteligencia policial, comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior.

Por ello no logro visualizar como este caso, donde se imputa un delito de violación al ex subsecretario del interior, pudiese tener una correspondencia con las graves situaciones que tipifica expresamente y en forma restrictiva la ley de inteligencia.

—¿Ve responsabilidad en el director de la PDI, Eduardo Cerna?

—La pregunta es bien amplia, y considero prematuro aventurar un juicio o un reproche al proceder del Director General de la PDI, más aún si la investigación es secreta. Hasta acá no visualizo que el Director Cerna hubiese quebrantado sus obligaciones. En todo caso, la prudencia aconseja dejar que la investigación avance y arroje conclusiones.

—¿Hizo bien Cerna al avisarle primero a la ministra Carolina Tohá sobre el caso sin notificar al Ministerio Público que hablaría con el Ejecutivo?

A mi entender la forma de obrar del Director General Cerna se condice con la normativa vigente y su responsabilidad funcionaria. No observo una accionar indebido ni menos ilegal de su parte, en el aviso que realizó a la ministra del interior.

—¿Considera que se ha mal utilizado la Ley de Inteligencia al momento en que se envió a revisar preliminarmente las cámaras del hotel?

—De ser efectivo lo dado a conocer por el fiscal Xavier Armendáriz, en el sentido que se habrían desplegado acciones con el fin de revisar cámaras y grabaciones al margen de la investigación y sin que lo ordenara el Ministerio Público, estaríamos en presencia de una eventual vulneración a la Ley de Inteligencia, y a su vez, una posible obstrucción a la investigación, lo cual es muy delicado, y expresamente sancionado en la ley vigente. Enhorabuena, esta y otras situaciones están siendo indagadas por la Fiscalía y en conocimiento de un Tribunal de Garantía.