Se enteraron por la prensa y no tuvieron injerencia en las acciones posteriores: el limitado rol de las asesoras de género en el Caso Monsalve

Cuando asumió el presidente Gabriel Boric en 2022, una de las principales novedades que trajo consigo fue la irrupción de una nueva generación progresista que, entre sus principales banderas, destacaba el feminismo.

Al inicio de su administración, el Gobierno dio señales claras de que la agenda feminista era prioritaria. Ejemplo de ello fue trasladar las operaciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a La Moneda, ya que anteriormente se encontraba en un edificio externo al Palacio. Además, incluyó a la ministra Antonia Orellana, titular de la cartera, en el Comité Político, el equipo ministerial más cercano al Presidente.

Otra medida destacada en esta línea fue la incorporación de más de 100 asesoras de género para trabajar en ministerios, subsecretarías y servicios ministeriales. El objetivo de estas asesoras es impulsar la agenda de género del Gobierno, avanzar en la igualdad de derechos y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres mediante la transversalización del enfoque de género.

Sin embargo, con el estallido del Caso Monsalve, la noción de un “gobierno feminista” se vio afectada, reconocen desde La Moneda. Si bien hay dirigentes del Gobierno que descartan que ese apellido fue autoimpuesto, reconocen que indican que es innegable que esa agenda ha sido golpeada.

Lo cierto, es que al asumir el mandato, en 2022, el Mandatario explicó que “el ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, en la cual vemos el mundo que ha estado durante demasiados siglos contadas por hombre” e indicó, en otra oportunidad que “plantearse como un gobierno feminista implica que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en la arena institucional y política.

La misma ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo el mismo año que “un gobierno feminista se expresa en una voluntad de reconocer la importancia de la acción colectiva de las mujeres. No querer cooptar el movimiento de mujeres, sino que reconocerlo como actor en toda su diversidad y dialogar” y agregó que con esa agenda hay un compromiso de buscar “implementar un enfoque de género y feminista en todas las políticas públicas“.

Ante los hechos conocidos tras la denuncia de Monsalve, hoy en prisión preventiva, The Clinic consultó al Ministerio del Interior sobre el rol desempeñado por la asesora de género de la unidad, Francisca Bozzo, una vez que el escándalo se hizo público. También se dirigió la misma consulta a Paz Ahumada, encargada de la Unidad de Género de la Subsecretaría de dicha cartera. Las dos, dicen en el Ministerio, se enteraron por la prensa y no tuvieron injerencia en las acciones posteriores. Por lo mismo, este medio consultó por el limitado rol que cumplen ambas en la cartera.

Ministerio del Interior: sin participación en denuncias ni tampoco poder dictar orientaciones en relaciones entre funcionarios

La primera notificación que recibió el Gobierno sobre la denuncia de violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve llegó al Ministerio del Interior mediante un llamado del director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la ministra Carolina Tohá.

La titular de Interior informó de inmediato al presidente y, un día después, el 16 de octubre, comunicó la situación a su jefa de gabinete, Pía Mundaca, según informó The Clinic. Ambas decidieron no trasladar esa información a Francisca Bozzo, asesora de género, ya que, según explicaron desde Interior, dicho cargo “no tiene participación en la recepción de denuncias ni en el desarrollo de investigaciones sumarias”.

El Ministerio aclaró que las asesoras de género, presentes en todas las carteras, tienen como objetivo “abordar la agenda de género del Gobierno, avanzar en la igualdad de derechos y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres mediante la transversalización del enfoque de género”. En el caso particular de Bozzo, agregaron que “también presta asesoría en materias de participación ciudadana, desarrollando sus funciones en el gabinete de la ministra”.

Además, desde Interior destacaron que Bozzo ha trabajado en “la coordinación de diagnósticos con las policías para identificar avances y desafíos en materias de género” y que ha impulsado “agendas que analizan la violencia de género como un ámbito de seguridad pública, incluyendo la que ocurre en espacios digitales y en contextos rurales”.

Por otro lado, en relación con los protocolos de Violencia y Acoso Laboral y Sexual (VALS), Bozzo coordinó “la actualización del procedimiento VALS, trabajando con los servicios del ministerio para evaluar y generar un nuevo instructivo, que sirvió como base para otras instituciones”. Este protocolo fue publicado el 1 de agosto.

Dicho documento especifica que Bozzo no tiene participación en la recepción de denuncias ni en el desarrollo de investigaciones sumarias. En otras palabras, según advierten desde la tienda, no debía estar al tanto de la denuncia contra Monsalve. Tampoco tiene autoridad para “dictar orientaciones o instrucciones sobre las relaciones entre funcionarios y funcionarias de una misma o distinta jerarquía”, como ocurrió en el caso entre el exsubsecretario y la denunciante.

Según Transparencia, Bozzo recibe $4.048.045 brutos al mes y su rol aparece como “profesional gabinete ministro”.

Subsecretaría del Interior: una actividad de sensibilización sobre violencia de género

En la Subsecretaría no existe la figura de “asesora de género”. En su lugar, se encuentra la encargada de la Unidad de Género y Participación Ciudadana. Al igual que Francisca Bozzo, Paz Ahumada, quien lidera esta unidad, se enteró de lo ocurrido con Monsalve únicamente después de que el caso fuera difundido por la prensa.

Esta unidad, creada el 7 de junio de 2022, tiene como objetivo, según informaron desde la Subsecretaría, “realizar el proceso de transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones, planes y programas del servicio, tanto de manera interna como en su relación con la ciudadanía”. Además, es responsable de implementar diversas metodologías participativas, como consultas ciudadanas.

En lo relacionado con temas de género, la Unidad dirige la Mesa de Género de la Subsecretaría. Esta lleva a cabo acciones internas, como actividades de sensibilización, que facilitan la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y prácticas de la Subsecretaría.

También organiza eventos conmemorativos en días relevantes, como el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial contra la Trata de Personas y el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre otros.

Respecto al Caso Monsalve y los protocolos sobre maltrato, acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, desde la Subsecretaría aclararon que la encargada de la Unidad “no tiene injerencia en la recepción de denuncias, en las investigaciones sumarias derivadas de dichas denuncias ni en el seguimiento de los casos”.

Sin embargo, en el ámbito preventivo, la Unidad se encarga de organizar “acciones destinadas a promover un entorno de respeto en el trabajo y un ambiente libre de sexismo”. Es decir, no tiene competencias para tomar medidas en casos que están siendo investigados bajo sumario.

Tras el estallido del Caso Monsalve, Ahumada, junto con la Mesa de Género, organizó una actividad de sensibilización sobre violencia de género dirigida a funcionarias y funcionarios de la Subsecretaría.

En Transparencia, Ahumada aparece como jefa de la Unidad de Género y Participación Ciudadana y recibe $4.235.424 al mes.

El Ministerio de la Mujer también fue consultado sobre el rol de las asesoras, teniendo en consideración su limitada participación en el Caso Monsalve.

La respuesta fue: “Las funciones de las asesoras de género en los distintos ministerios y subsecretarías están vinculadas a agenciar las políticas de igualdad de género dentro de cada sector. Estas funciones están alineadas con la Estrategia de Transversalización de Género, y directrices del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con el objetivo de integrar la perspectiva de género en las políticas, planes y acciones ministeriales. En los ministerios que cuentan con Unidades de Género, estas funcionan como organismos especializados en transversalizar y coordinar estas políticas en las distintas áreas de trabajo. En los casos donde no existe una unidad, las asesoras de género cumplen este rol desde sus respectivos equipos”.