Mónica Maureira, experta de Chile ante la OEA: “Aunque se declare que estamos en un gobierno feminista, la resistencia patriarcal se mantiene”

La noche del martes, cuando el juez Mario Cayul leyó las cautelares del exsubsecretario Manuel Monsalve por la denuncia de violación en su contra, y explicó los motivos para enviarlo a una cárcel común en prisión preventiva, habló de los principios de la Convención Belém Do Pará de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que adscribe Chile.

“Se debe recordar que dentro de los numerosos instrumentos internacionales ratificados por el Estado se encuentra la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada en el año 1994, ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998. Se le conoce también como Convención de Belém do Pará. Constituye derecho vinculante para todos los órganos del Estado, incluyendo desde luego a los órganos que ejercemos jurisdicción”, dijo el juez, mientras leía las cautelares.

Pero, ¿qué es la Convención Belém Do Pará que fue tan relevante en el Caso Monsalve?

“Es un tratado internacional en materia de derechos humanos de las mujeres que consagra la violencia hacia las mujeres como una violación a los derechos humanos y en el fondo fija responsabilidades a los Estados. Y lo que hace es sacarla del ámbito de lo privado. Es decir, hasta mediados de la década de los 90, la violencia hacia las mujeres se entendía solo en el ámbito de lo doméstico. Lo que hace la Belém Do Pará es fijarla, como dijo el juez Cayul, en la comunidad, en el ámbito de lo público”, dice a The Clinic desde Buenos Aires, Argentina, la periodista Mónica Maureira, la única representante chilena en el Comité de Expertos de la Secretaría Técnica del Mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará.

La experta -que fue nombrada en su cargo por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su rol ante la OEA- agrega: “El Estado tiene que garantizarle a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia y eso implica una serie de deberes que van desde cómo yo establezco programas en toda la institucionalidad del Estado para erradicar estereotipos de género, que es algo que yo sé que está muy manido, hasta decirle a los agentes del Estado, es decir, a todo el funcionariado público que deben abstenerse de realizar actitudes, actos que de alguna manera violenten a las mujeres”.

—En esos principios se habla, por ejemplo, de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. ¿Usted cree que el Ejecutivo también cumplió con los estándares y la política feminista que fija la Convención para administrar el Caso Monsalve?

—Claro, el principio de debida diligencia implica acortar todos los procesos justamente para iniciar una denuncia o acoger una denuncia. Ahí hay un tema que tiene que ver con lo normativo y en el momento en el que estábamos en temas normativos. Ahí hay que hacer una alusión bien específica, que tiene que ver que ya teníamos aprobada la Ley 21.643, que es la ley llamada Karin, que es la ley que actualizaba todo lo que era la definición en torno a acoso sexual, acoso laboral y violencia al interior del trabajo. Y eso fijaba no solamente tener procedimientos, sino que generar todo un proceso de sensibilización, de capacitación, de concienciación al interior de las organizaciones del trabajo públicas y privadas justamente para generar una cultura que fuera acogedora con los procesos de denuncia.

Y respecto de lo que es el Ejecutivo, por los antecedentes que tiene a la vista la pregunta que uno hace es cómo operaron los protocolos al interior de la Subsecretaría, a la luz de la normativa que tenemos vigente. Mi pregunta es, bueno, ¿dónde estaba esa información disponible, en esta institución pública, como para poder haber hecho este proceso mucho más diligente y mucho más acogedor hacia la persona que quería denunciar, hacia la víctima?

“No es una excusa que la ministra Orellana haya estado fuera del país para no contarle”

Este martes The Clinic dio a conocer que el Presidente le contó el martes 15 de octubre, día en que se enteró de la denuncia, a su jefe de asesores, Miguel Crispi (Frente Amplio), y a su jefe de gabinete, Carlos Durán (Frente Amplio). Pero, como ya era conocido, las ministras Antonia Orellana y Camila Vallejo no se enteraron hasta el jueves 17, cuando la noticia salió en la prensa.

El hecho generó varios cuestionamientos en el agrupaciones, parlamentarias e incluso autoridades de gobierno, que cuestionaron la política feminista del gobierno.

—Leo otro principio del Convenio y habla de “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer en cualquier forma carente contra su integridad”. Y acá permitieron o fueron conscientes de que el subsecretario viajaba a un lugar donde podía estar la víctima y su familia. Le dieron días.

—Esa información la tenemos disponible ahora, pero incluso eso, que puede ser ahora parte como de la discusión más política, ¿no? Yo incluso voy a un proceso anterior que tiene que ver con lo administrativo, lo normativo. Mi pregunta es, si el Gobierno, el Estado, había asumido un compromiso, que puede ser muy retórico, a propósito de declararse un gobierno feminista, que es un tema, pero además ya había asumido una Ley Karin, bueno, ¿dónde estaba esa implementación de la Ley?

Claramente voy desde esa raíz hasta los análisis que estás haciendo, que claramente uno podría pensar qué se debió haber hecho. Pero insisto, una trata de ser muy respetuosa con ese proceso de denuncia, porque sabe cómo actúa la institucionalidad que muchas veces lo que hace es revictimizar. Entonces la pregunta es, quizás para estos personajes del Segundo Piso, que son asesores, que no deben tener idea de cómo funcionan estos temas, este podría ser un tema menor. Para la justicia, la violencia hacia las mujeres es un tema menor. Por eso se valora tanto esta alusión que hace ahora el juez Cayul respecto de la Convención. Porque en general el derecho internacional de las mujeres no es algo que se use en la argumentación de la formulación, menos en los procesos de investigación.

—Varias cuestionaban que nuevamente un tema de violencia hacia la mujer lo resuelven hombres. ¿Faltó visión de género en la respuesta del caso? ¿Hay una traición a los principios feministas del Gobierno?

—Hay un sentir de quienes han estado, no sé si cercanas al gobierno, pero sí cercanas a las políticas que de alguna manera han propendido avanzar en materia de derechos humanos en las mujeres y lo hemos visto, o sea, todo el tema, por ejemplo, en torno al avance en temas de materia de violencia o, por el avance en materia de pensión alimenticia, que son políticas que uno ha visto que han avanzado… pero efectivamente se hubiese esperado que la ministra de la Mujer y Equidad de Género hubiese sido informada oportunamente de lo que estaba sucediendo, aún cuando ella hubiese estado en otras responsabilidades y fuera de Chile.

O sea, creo que no es una excusa que ella hubiese estado fuera del país. Ella, además como parte del comité político, porque por algo se le incorporó en el comité político, debiese haber estado dada la gravedad, informada oportunamente y se le hubiese informado de las decisiones o de la estrategia que se iba a tomar respecto de las denuncias que ya se conocían en torno al exsubsecretario Monsalve. O sea, yo creo que esa es una opinión que ya no tiene más discusión.

—Faltaron mujeres en el análisis.

—Absolutamente.

—Porque en el Segundo Piso la jefa de Estudios, Luna Follegati es experta en feminismo y no aparece dentro de las personas que se enteraron.

—Así es. No hay conciencia. Es una tensión permanente y no es solo en este gobierno. O sea, yo que he estado cercana a otros procesos que se han tratado de avanzar en materia de derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, el tema de aborto, ¿sí? Cuando se discute o se inicia incluso la discusión en temas de aborto, quienes aparecen muchas veces opinando o como líderes de opinión en la discusión, son hombres.

—En esto que le decía, de los tres hombres, ¿usted cree que es un habitual dentro de las decisiones del gobierno, o cree que efectivamente igual se ha incorporado esta visión feminista?

—Creo que en algunos temas sí se ha incorporado, pero están al debe muchos otros temas. En este tipo de decisiones y también en otros temas. Por ejemplo de políticas de seguridad, que tiene que ver con el trabajo en fronteras, o en todo el desarrollo de las políticas de inteligencia en torno a criminalidad compleja o criminalidad organizada.

“No se dimensionó la relevancia política que podía generar una situación de violencia sexual en el corazón de La Moneda”

Maureira dice que el comportamiento de La Moneda y su reacción ante el Caso Monsalve no solo expuso su política feminista en el manejo de la crisis sino que también una crítica más amplia hacia el Ejecutivo.

—¿Por qué cree que no agregaron mujeres a este análisis, teniendo tantas mujeres expertas feministas en La Moneda?

—Porque hay una resistencia que es cultural y se mantiene. O sea, por mucho que declare que estamos ante un gobierno feminista, o que estamos ante un gobierno que es proderechos hacia las mujeres, la resistencia cultural y patriarcal se mantiene. Eso lo tenemos instalado, incluso cuando lo declaremos de otra manera. Eso lo tenemos muy incorporado en nuestro lenguaje, en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad, incluso pensando en generaciones más jóvenes. Quienes están ahora en el Gobierno pertenecen a una generación de 30 o 40 años como máximo y aun así, estando ya situados en el poder, se mantiene esta simetría que tiene que ver con los temas de género y los sesgos de género.

Todo eso quedó muy en evidencia, lamentablemente, en esta situación donde no se dimensionó la relevancia política y la crisis política que podía generar una situación de violencia sexual y de estas características en el corazón de La Moneda. Yo sé que esto se ha dicho muchas veces, pero esto tiene dos cosas. El tema de violencia sexual en el corazón de La Moneda, toda una escenificación de cómo sale el exsubsecretario, pero además todo el uso de recursos públicos, por decirlo de alguna manera, que él hace uso, o que aparentemente hace uso para poder explicar su proceder.

—¿Cuál es el impacto de que el gobierno no haya mirado el caso desde esa mirada feminista? ¿Se pierde credibilidad en el relato?

—Mira, respecto al tema de las denuncias, tengo la impresión, pero esto lo digo así sin tener por ahora, o sea, post episodio Monsalve, cómo están operando las instituciones, tengo la impresión de que las mujeres están denunciando, te lo digo por un tema de cómo opera la revelación, piensa tú que después del episodio Monsalve viene inmediatamente el caso Valdivia, vienen dos denuncias en torno al caso Valdivia. O sea, hay una suerte de movimiento en torno a las mujeres que logran identificar que hay ciertos límites que no se pueden pasar, incluyendo ciertas situaciones donde la fiesta, el alcohol, esos límites, podrían estar un poco difusos.

En ese sentido las mujeres, cuando estos casos lamentablemente son más publicitados, de alguna forma la intervención oportuna, en este caso de la ministra y otras voces que aparecen en lo público y que logran explicar muy bien cómo operan las instituciones, cómo opera la Ley, cómo operan las garantías, les da cierta seguridad a las mujeres para denunciar.

—¿Y respecto al relato del gobierno?

—Respecto a este relato simbólico en torno al gobierno feminista, creo que hay ciertas organizaciones, que son organizaciones más tradicionales, que llevan mucho tiempo trabajando en este tema, por mencionar algunas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones que también trabajan en este tema, como Ni Una Menos Chile o la Coordinadora 19 de Diciembre, que trabaja en los temas sobre feminicidio, han mirado con distancia este discurso del gobierno feminista. No solo por este episodio, sino que por otros temas también.

O sea, respecto de casos más emblemáticos, como por ejemplo el no indulto que se ha solicitado en reiteradas ocasiones respecto a la situación de Katty Hurtado, que nadie logra entender por qué el Presidente Gabriel Boric no le da el indulto presidencial a propósito de la legítima defensa en torno a un caso de parricidio, donde estamos hablando de una mujer que estaba sobreviviendo a violencia de género. El comité de expertas de la Convención la apoya, digamos, y le pide al Estado que, por favor, reflexione en torno a esto. Hay una distancia, que no es solo de esto, porque hay decisiones o no decisiones que no se entienden dentro de este relato del gobierno feminista.

“No porque un político se defina como un hombre de izquierda es que esté libre de ejercer violencia hacia las mujeres”

En el momento de dar esta entrevista Maureira está en Argentina cumpliendo sus labores en la Convención. El comité de expertas junto a la Secretaría Técnica (instancias de la OEA) iniciaron en Buenos Aires una ronda de consultas sobre el anteproyecto de Ley Modelo Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres facilitadas por las Tecnologías.

“Adicionalmente, se han ido compartiendo los primeros análisis del informe regional de la IV ronda de implementación de la Convención Belém do Pará (2018-2022) Acceso a la Justicia, Verdad y Reparación para las mujeres de América Latina, que concluye que pese a los avance normativos y la creación de servicios especializados, persisten barreras en la cobertura en atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, en la adecuación de los servicios para la atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad (mujeres en situación de discapacidad, por ejemplo) y estereotipos y prejuicios de género en los sistemas de justicia y sus operadores”, cuenta Maureira.

Por ejemplo, expone datos como que “entre 2018 y 2022 se han reportado más de 700.00 delitos sexuales contra mujeres. Más de 226.000 niñas quedan embarazadas cada año en América Latina, 620 cada día”.

Desde esa instancia en Argentina vio la formalización de Monsalve y ha abordado lo que pasa en Chile con sus pares latinoamericanas donde ha existido consenso para criticas la política feminista de los gobiernos.

—En el fondo, con las decisiones que tomó el Gobierno desde el martes, desde que el Presidente se entera, hasta el jueves, que es cuando sale públicamente. ¿Cree que el gobierno actuó bajo los principios del Convenio?

—Es que es difícil mirarlo desde la Convención, porque es un tratado que yo creo que supera con creces una decisión política de estas características. A mí me parece imposible pensar que tuvieron la convención Belém Do Pará a la vista, ¿sí? Creo que esto fue una decisión que se toma al calor de la urgencia, me parece que ahí la Convención no entra en este tipo de análisis. Eso se puede ver mejor en otros análisis como la lectura del juez. Sé que también está siendo criticado porque algunos abogados que también trabajan en temas de litigación de interés público encuentran que fue un poco de pie forzado.

Ahora, claro, tal como lo hemos comentado, uno esperaría más en el sentido de lo declarativo, ¿no? De esto del gobierno feminista. Pero es difícil, a mí me cuesta cuando me lo pregunta así, como de este gran convenio, yo lo que sí, y lo dice súper clara la Convención, los agentes del estado, los funcionarios, las funcionarias públicas tienen que obtenerse de generar conductas que dañen a las mujeres o que generen o que propendan, digamos, a conductas que de alguna manera generen violencia hacia las mujeres. Y uno podría pensar si las actitudes, por ejemplo, de sus asesores de alguna manera generaron revictimización en su familia, en ella como sobreviviente de violencia sexual, uno lo podría pensar desde esa línea, pero esto lo estamos viendo muy a posterior…

—¿Pero faltó una visión feminista?

—Lo que pasa es que, a ver, que hayan presentes mujeres no significa automáticamente que haya una visión, cierto, de género o una mirada de derechos humanos de las mujeres incorporada. Con todo esto yo no quiero decir que la ministra Tohá no la tenga. Pero insisto, si incorporo al Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género en el comité político, es decir, en el corazón del proceso de toma de decisiones de un gobierno, en un momento de crisis esperaría que hubiese estado en ese momento informada y se le hubiese consultado por la estrategia de crisis que se tomó.

—¿Y cuáles son las consecuencias que tiene la ausencia de la visión feminista en la decisión?

—La consecuencia es la que estamos viendo. No solamente la crítica respecto de las decisiones que se tomaron, sino que también quizás una estrategia más débil. Ante justamente, como iniciamos la conversación, hacia un instrumento que lo que busca es fortalecer los derechos humanos de las mujeres en un tema tan persistente como es la violencia hacia las mujeres.

—¿Cuál es su impresión del impacto que ha tenido este caso en otros países?

—Bueno, he tenido la posibilidad de poder conversar esta situación con mujeres de España, por ejemplo, a propósito del caso de Íñigo Errejón. Y bueno, acá en Argentina, a propósito de lo que fueron las denuncias en contra del expresidente Alberto Fernández. Y la conclusión que sacamos es la misma que manejan las teóricas feministas y las propias organizaciones que trabajan en estos temas. Es que la conceptualización y la politización de la violencia hacia las mujeres es algo que es transversal a lo que nosotras entendemos como entre la izquierda y las derechas. Es decir, es algo que es transversal. No porque un político se defina como un hombre de izquierda es que esté libre de ejercer violencia hacia las mujeres.