CNC por demanda de Patio Bellavista contra el Estado: “Es una manifestación de la desesperación frente a la constante inseguridad”

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) se refirió a la demanda que Patio Bellavista interpuso contra el Estado, acusándolo de permitir una “zona de sacrificio” y de no cumplir con su deber de proveer seguridad.

Se trata de una millonaria indemnización que exige el centro gastronómico y cultural Patio Bellavista, ubicado a metros de Plaza Baquedano, por “falta de servicio” en materia de seguridad, que habría iniciado a partir del estallido social de 2019. La demanda fue presentada por Inversiones Las Arenas Ltda. ante el Octavo Juzgado Civil de Santiago, y, en específico, solicita una compensación de $13.744 millones.

“Los acontecimientos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre de 2019 y por los días que le siguieron, marcaron un antes y un después en la vida institucional y social de nuestro país”, se lee en la demanda de indemnización de perjuicios presentada por Inversiones Las Arenas Ltda., empresa representada por el empresario Álvaro Jadue Melnick.

“El descontrol y violencia del sector hizo que decenas de locatarios del establecimiento tuvieran que abandonar sus comercios y/o dejar de pagar sus cánones de arrendamiento, pues sencillamente el público dejó de venir a un barrio con declaratoria vigente (aunque no oficial) de ‘zona de sacrificio’”, sostiene el texto legal.

A este respecto, Sergio Morales, coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, indicó que “esto sólo es una manifestación de la desesperación de los sectores que representa la CNC frente a la constante inseguridad”.

Esta última, continúo señalando, “se vive en los distintos barrios a partir del estallido y que han generado daños avaluables pecuniariamente que, no sólo han significado pérdida de ganancias, sino también han llevado a cierres definitivos de emprendimientos y negocios, producto de este flagelo”.

Tras ello, Morales expresó que “ya no sólo se trata de acciones cautelares, como han resultado los recursos de protección interpuestos a lo largo de país en contra de las municipalidades, sino que estamos frente a una acción en que se persigue una responsabilidad extracontractual del Estado pretendiendo indemnizaciones económicas ante la negligencia o falta en la entrega de seguridad, no sólo por parte de los municipios, sino también respecto del Estado como tal”.

“La interposición de este tipo de acciones judiciales implica un paso más por parte de los comerciantes en la necesidad de obtener mayor seguridad para sus establecimientos por la vía judicial”, concluyó Morales.