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Agencia UNO

Negocios

19 de Febrero de 2025

Exvicepresidentes de Corfo acusan que traspasos generaron daño patrimonial y advierten falta de transparencia

Pese a que el Gobierno ha asegurado que los billonarios traspasos no habrían generado daño patrimonial, exautoridades de Corfo señalan que esto afecta a la institución en su rol de promover la inversión e innovación.

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Distintos personeros del Gobierno han salido al paso a raíz de la polémica que generó el reportaje elaborado por The Clinic, que reveló que Corfo realizó traspasos extraordinarios por más de $3,4 billones tras un requerimiento del Ministerio de Hacienda en 2023. En el texto se detalla que una parte de los recursos son provenientes de los excedentes generados por la explotación de litio, pero que US$1.500 del total provinieron de la venta de activos financieros de la entidad.

Ante las críticas generadas, el Ministerio de Hacienda, en una declaración pública, indica que los reintegros “no constituyen una acción por fuera del marco legal“.

Asimismo, la cartera señala que los traspasos “no solo no son ‘desconocidos’: la información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web de la Dipres, al revisar la ejecución presupuestaria de Corfo al final de cada año”.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, califica la controversia como “bastante artificial” y enfatiza que los traspasos fueron “totalmente regulares y transparentes”. Junto con ello, apunta que no ha existido un daño patrimonial de Corfo y que “esto ha sido de manera totalmente regular y transparente”.

Exvicepresidentes de Corfo cuestionan los traspasos

Pese a la férrea defensa del Gobierno, exautoridades de Corfo cuestionan la millonaria transferencia. Hernán Cheyre, exvicepresidente ejecutivo de Corfo durante el primera administración de Sebastián Piñera, señaló que si bien “en lo que se hizo no hay nada ilegal”, la transferencia “no fue transparente en el marco de la discusión sobre el financiamiento del presupuesto público. Nunca estuvo esto sobre la mesa, nadie jamás se enteró”.

Agrega que “lo más grave es que los errores en las estimaciones de ingresos fiscales con los cuales se elaboró el presupuesto para este año, llevaron a que finalmente el Gobierno y el Ministerio de Hacienda buscara recursos de donde pudiera. Yo creo que el problema de la responsabilidad fiscal no radica en la transferencia de los recursos de Corfo al Ministerio de Hacienda, sino que en la falla que hubo en la estimación de los ingresos que llevó a tener que recurrir a este tipo de maneras de acceder a recursos”.

Sobre los dichos del ministro Grau respecto a que no ha existido un daño patrimonial para Corfo, Cheyre dice que “me quedo con la opinión que tuvo el actual vicepresidente ejecutivo, José Miguel Benavente, quien, al abstenerse, lo que quiso decir es ojo esto está afectando, estamos usando parte del patrimonio de la Corporación para financiar los gastos fiscales”.

Haciendo alusión al reportaje publicado por este medio, precisó que “hay US$1.500 millones que son distintos del litio, y eso es contra el patrimonio de Corfo. Y desde ese punto de vista, hay un daño patrimonial en el sentido de que esos recursos podrían haber quedado en Corfo”.

Según Eduardo Bitran, exvicepresidente ejecutivo de Corfo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, las transferencias adicionales de recursos que se han realizado reducen significativamente el patrimonio del organismo y es un tema preocupante. Esto, ya que afecta en el mediano plazo la capacidad de Corfo de cumplir con su rol de promover inversión e innovación a través de diversos instrumentos financieros.

“El problema de reducir el capital de la Corfo, que lo hizo Piñera dos veces, que lo hizo Bachelet, lo ha hecho este Gobierno, es que puede ponerse en riesgo las funciones de largo plazo que cumple en el mercado de capitales para promover la inversión y el financiamiento de la pyme”, acusa Bitran.

A juicio del también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, “es muy importante cautelar que Corfo pueda tener una base de capital que permita hacer ese tipo de operaciones para promover la innovación, básicamente”.

Y acota que “este tipo de situaciones son legales, son transparentes, en el sentido de que quedan registradas, pero pueden no ser razonables desde la perspectiva del desarrollo de largo plazo del país”.

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