De pelo, realizado por Senda y con resultados que solo recibe Máximo Pavez: cómo es el test de drogas que terminó con la salida del subsecretario de Hacienda

La instrucción que dio el equipo del Presidente Kast a sus colaboradores antes incluso de que asumieran fue clara: debían tomarse un examen de drogas al asumir los cargos, y luego cumplir con las dos muestras anuales, acorde a lo estipulado en la ley.

Contraloría también impartió instrucciones el 28 de abril de este año para regular la aplicación de los exámenes que quedaron estipulados en la reciente Ley 21.806 dirigida a funcionarios públicos.

Allí se refuerza que los resultados deben ser públicos, dado que así lo dice el artículo 110 de la Ley Nº 21.806. Sin embargo, el resto de la información médica o clínica vinculada al procedimiento, como exámenes médicos o participación en programas de rehabilitación, pueden mantener su carácter privado.

Senda licitó la realización de los test y estos se realizaron en su totalidad la última semana de junio, y esta semana comenzaron a llegar los resultados de forma confidencial (pese a que la ley estipula que deben ser públicos).

Cuando el laboratorio tenía que enviar los resultados individuales, de hecho, tampoco se le entregaron a Senda, organismo encargado de coordinar los test de drogas, sino que de acuerdo a lo pactado por las partes en las bases de la licitación y el posterior contrato, solo se entregarán “mediante sobre sellado o mecanismo encriptado, única y exclusivamente al subsecretario del Interior”, Máximo Pavez.

Con todo, en La Moneda, donde eran conscientes hace días que estaban llegando los resultados de los test de drogas (los cuales se estaban enviando con desfase), cuando este jueves se enteraron del resultado positivo de Juan Pablo Rodríguez, se tomó la decisión de pedirle su renuncia como subsecretario de Hacienda.

“Si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, dijo anoche el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Rodríguez, por su parte, emitió un comunicado anoche diciendo que “no consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra“.

De hecho, todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra, mencionó Alvarado.

Sin embargo, fue la misma ministra de Salud, May Chomali, quien comentó en Radio Cooperativa que en cualquier caso igual no se trataría de un falso positivo, sino que “se torna positivo por la presencia de algunos metabolitos que están presentes en algunos medicamentos y en algunos alimentos. Y por eso se requiere una contramuestra y hacer exámenes más específicos para ver si hay alguna de estas o es una droga“.

Según las bases de la licitación de Senda para la realización de los exámenes, las sustancias susceptibles de ser controladas son: marihuana, clorhidrato de cocaína, opiáceos y anfetaminas.

Con todo, la exdirectora del Senda, Natalia Riffo, explica a The Clinic que el mecanismo utilizado consiste en la misma técnica que utilizan hace algunos años en la Cámara de Diputados para la detección de drogas, y que “el test de pelo permite detectar un consumo crónico, más de largo plazo. Hay una ventana de infección de semanas o meses respecto de algún tipo de consumo (…). No permite detectar consumo reciente, los últimos 7 a 10 días”.

Los detalles del laboratorio que se adjudicó la toma de exámenes y la confidencialidad en la entrega de resultados

Si bien las esperanzas en el Ejecutivo giran en torno a que el resultado sea un falso positivo o un error, la realidad de la que incluso muchos en el Gobierno son conscientes es que las probabilidades de aquello son bajas.

Según quedó normado, el organismo responsable de coordinar la realización de estos test de drogas es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), quienes hicieron un llamado a licitación para ello.

Así, según la resolución exenta de Senda, fechada el 23 de junio de 2026 y a la que tuvo acceso The Clinic, fue el laboratorio Corthorn Health Limitada el que se adjudicó el contrato por $29.999.970 para realizar la toma de los exámenes de drogas durante 2026.

En el contrato, se planteaba que durante 2026 solo se deberá aplicar una vez el examen a cada una de las autoridades, y que la fecha de aquel no podía exceder el 30 de junio de 2026. Allí está el compromiso escrito, además, a una correcta cadena de custodia por parte del laboratorio y la exigencia de la calidad de los mecanismos de análisis de las muestras y del proceso.

Además, Corthorn Health Limitada tendrá hasta el 31 de julio para elaborar un Informe de Ejecución Contractual, donde se deberá señalar: el número de autoridades consideradas en el proceso; el número de autoridades contactadas; el número de muestras tomadas; el número de contramuestras conservadas; el número de muestras no tomadas y causa general, sin relevar antecedentes sensibles; fechas de ejecución del proceso; verificador de entrega de resultados a los destinatarios definidos, entre otros.

Se reafirma, además, la confidencialidad en la entrega de datos y que el destinatario único sería el subsecretario del Interior.

Con todo, la exdirectora del Senda comenta que “si bien son autoridades públicas y tienen un estándar y firman una declaración de no consumo de sustancias, con un estándar de comportamiento (…) también hay otro elemento, que es pensar cuál es la finalidad de la aplicación de los test de drogas”.

“¿Es la finalidad que se sancione a una persona que no está cumpliendo sus obligaciones acorde a la ley, o efectivamente queremos nosotros hacer prevención? Porque si una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, que eso no significa que efectivamente pueda seguir en su cargo, nosotros también necesitamos que esa persona no sea estigmatizada o evaluada moralmente. Porque una persona con consumo problemático (de drogas) y estigmatizada no va a pedir ayuda”, explica Riffo.

Cómo es la técnica que utilizó el laboratorio en este examen

Según el propio laboratorio propuso en su oferta en la licitación, la forma en que se realiza el examen es que se toma una muestra de pelo preferentemente de la región posterior del cuero cabelludo, y que en caso de que no fuese posible, se obtiene vello corporal.

La toma contempla la obtención de una muestra y una contramuestra independiente, donde como referencia, plantean, se utilizan de 3 a 4 cm desde la raíz del cuero cabelludo y lo más cercano a este.

Después ambas muestras son puestas cada una en un soporte de recolección “diseñado específicamente para preservar la orientación raíz-punta, evitando desplazamientos, inversiones o alteraciones durante su manipulación”, y finalmente aquello se mete en un sobre que se sella.

“De manera referencial, cada centímetro de crecimiento de pelo se asocia aproximadamente a un período de un mes de exposición o consumo previo a la toma de muestra, considerando una ventana estimada de detección aproximada entre 90 y 120 días, pudiendo variar según las características individuales de crecimiento capilar y la longitud disponible de la muestra obtenida”, lee la propuesta técnica del laboratorio.

En la toma de muestra además se le entrega a la autoridad un formulario, en el cual se consignan una serie de datos como fecha y hora o identificaciones de los profesionales, pero también las sustancias o grupos de sustancias a pesquisar y medicamentos prescritos, tratamientos médicos u otros antecedentes declarados por la autoridad examinada.

El mecanismo utilizado, lee el documento, combina “tecnología de trazabilidad digital, identificación biométrica, metodología analítica acreditada bajo ISO/IEC 17025 y protocolos documentados de cadena de custodia y confidencialidad. El procedimiento garantiza una ejecución sistemática, planificada y reservada del servicio en todas sus etapas, desde el agendamiento hasta la entrega de resultados”.