Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros: “El problema de las filtraciones de información reservada, en investigaciones penales, tiene décadas”

En los últimos años, la filtración de pruebas en casos penales de alto perfil se ha convertido en una preocupación recurrente para el Ministerio Público. Por ejemplo, declaraciones de figuras claves, grabaciones y otros elementos relevantes para la investigación aparecen en los medios de comunicación antes de llegar a los tribunales, generando debates sobre el derecho a la información y el respeto de los parámetros éticos de un debido proceso judicial.

El actual abogado y académico de la Universidad Central, y exsubsecretario general de Carabineros, Neftalí Carabantes, analiza este fenómeno. Para él, las filtración de información es más una costumbre que una ocurrencia, y que no sólo depende del Ministerio Público, sino que también del Poder Judicial y las Policías. Nuevas tecnologías y una mayor conciencia sobre el impacto de las infiltraciones podrían ser un camino dentro de su análisis en esta entrevista.

—¿Concuerda con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que el problema de las filtraciones es un problema estructural? ¿Que tiene su origen en un mal diseño legal? 

—No estoy completamente de acuerdo. A mi entender, el origen del problema no radica, exclusivamente, en un mal diseño legal. Estamos frente a un problema multifactorial, en cuya base encontramos variables que se relacionan con la ética, la probidad y la responsabilidad funcionaria. 

Ahora bien, el problema de las filtraciones de información reservada en investigaciones penales, tiene años, décadas. Es decir, no es un fenómeno nuevo, y ha representado un desafío constante desde antes y después de la reforma procesal penal. Tampoco creo que sea un tema privativo del Ministerio Público, pues en variadas ocasiones las filtraciones han emanado de funcionarios o auxiliares de otros organismos que forman parte del sistema de persecución penal, como el Poder Judicial y las policías. Además, el problema no es originario ni exclusivo de nuestro país. Valga recordar que España, hace unas semanas, discutía una serie de nuevas medidas para frenar este flagelo. 

—¿A quién perjudica la filtración? 

—A mi entender, el daño y las afectaciones que produce una filtración de información reservada son variadas y graves. El primer afectado con una filtración es el debido proceso. Muchas veces se deja a una de las partes en una situación de desigualdad o desventaja. En segundo término, afecta gravemente los objetivos y el éxito de la investigación penal, cuyo fin es determinar la existencia de delitos y la participación de los involucrados. Asimismo, tiñe de opacidad el principio de objetividad, neutralidad e imparcialidad con que debe actuar el Ministerio Público, venga de donde provenga la filtración.

Es frecuente que la filtración afecte con mayor intensidad a una de las partes intervinientes, generalmente, al imputado. Y esto, sin duda, afecta el principio de inocencia, pues con la manipulación de la filtración en redes sociales o medios de comunicación, rápidamente la ciudadanía dicta una sentencia social en el marco de un gran juicio – espectáculo. Todo a partir de la divulgación de información que muchas veces lleva a prejuzgar a una persona acusada de un delito. 

Por ello, reitero, las filtraciones de antecedentes de un proceso penal o derechamente la comisión del delito de violación de secreto, no solo ponen en riesgo las investigaciones en curso y el debido proceso, sino también la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia que son pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. 

—¿Por qué se daña particularmente la presunción de inocencia? 

—Debido a que el concepto de imputado suele ser homologado a los conceptos de acusado y, finalmente, al de un delincuente, lo cual genera una estigmatización en la población que recibe tal información. En consecuencia, si los medios de comunicación denominan al imputado “acusado”, “delincuente” o “criminal”, las personas reproducen este error y velozmente rotulan al imputado de culpable.  

Dicho de otro modo, cuando la imagen del imputado es exhibida en los medios de comunicación, recibe un trato prejuicioso. Este conlleva no solo la vulneración de la garantía de presunción de inocencia como regla de tratamiento, sino que, además envuelve una condena social, que vulnera sus derechos fundamentales, muchas veces sin haber hecho valer cabalmente su derecho a defensa y sin haberse dictado una sentencia condenatoria por un Tribunal que, a su vez, también puede verse influenciado por la presión mediática y social. 

Filtraciones: “Un juicio paralelo”

—En su opinión, ¿existiría una suerte de juicio paralelo? 

—Exactamente (…) La opinión pública se ve inmersa en una suerte de proceso o juicio paralelo en el que los diversos medios de comunicación ejercen los papeles de fiscal, defensor, y muy frecuentemente, de juez. Ahora bien, es innegable que los medios de comunicación cumplen un deber constitucional importantísimo, como es el informar sobre sucesos de relevancia pública. Además, el deber de publicidad judicial, como garantía de juicio justo, convierte a los medios de comunicación en intermediarios entre la ciudadanía y el proceso judicial y, tienen gran importancia en la formación de la opinión pública.  

—¿Son insuficientes las medidas adoptadas por el Ministerio Público para frenar las filtraciones? 

—Soy de la opinión que esta materia ha estado presente en la agenda de la Fiscalía y se ha ido avanzando. Recordemos que a fines el año pasado, al Fiscal Nacional le correspondió acudir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, precisamente, para dar cuenta sobre una serie de nuevas medidas adoptadas por el Ministerio Público para garantizar la seguridad de la información en investigaciones penales. Me consta que se han implementado medidas y dictado instructivos con este propósito, y eso me parece muy bien.  

Sin embargo, considero que el tema de fondo no pasa por seguir levantando una muralla de prohibiciones administrativas que intente contener la fuga de información. Debiese encaminarse hacia un proceso de gestión del cambio que identifique nítidamente la mala práctica de las filtraciones como una mancha institucional. Para ello, se requiere tomar conciencia organizacional del daño investigativo y reputacional que trae aparejada la filtración. Y que, en definitiva, se propenda a un cambio de actitud, de cultura interna, y se avance a un nuevo compromiso y comportamiento funcionario ético personal, que vaya de la mano con los valores y la misión institucional.  

Al final del día, se debe asumir que las filtraciones no solo son un delito, sino que también comprometen seriamente las investigaciones, la presunción de inocencia, el debido proceso, el estado de derecho, y en ocasiones el interés público. Tal como lo ha expresado acertadamente la Corte Suprema, en reiterados pronunciamientos, entre ellos, uno muy interesante, si mal no recuerdo el N°47.605 de 2016. 

—¿Cuál es el desafío del Ministerio Público en esta materia y cómo lo debe enfrentar? 

—Bueno, algo ya hemos señalado. Pero desde mi punto de vista el desafío inmediato del Ministerio Publico es tomar conciencia, sin ninguna timidez, de la gravedad del problema de las filtraciones y adoptar una política de tolerancia cero con ellas. Luego, debe garantizar de mejor manera no solo la protección, sino que también la trazabilidad del uso de la información, determinando responsabilidades en el caso que las vulneraciones ocurran en el seno de dicho organismo.  

Para lo anterior es clave que implemente tecnología. Por ejemplo, un nuevo marcaje digital de las copias, y se adquieran sistemas de punta que permitan detectar por donde ocurrió la fuga de información y pesquisar a donde fue a parar. 

Además, es importante que sea la propia Fiscalía la que detecte la fuga o violación de seguridad en la información. En la misma línea, es clave que, en los casos en que eventualmente hayan existido filtraciones de antecedentes de causas penales o acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público, se efectúe la correspondiente denuncia. Todo empleado público que tenga conocimiento de un hecho que revista el carácter de delito, tiene la obligación legal de hacer la denuncia. De lo contrario, incurre en otro delito que es la omisión de denuncia.

Acto seguido, es fundamental que se abran las correspondientes investigaciones, administrativas, y penales, para establecer la responsabilidad funcionaria o criminal, según corresponda, y se apliquen sanciones efectivas que cumplan un rol disuasivo.  

—Pero, ¿es deseable que sea el propio Ministerio Público quien investigue a sus funcionarios? ¿Se puede ser juez y parte a la vez?  

—Es un buen punto. A mi entender constituye un principio general y aceptado que sea el propio servicio público quien proceda a determinar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios. Eso está bien, sobre todo si se cumple con los principios que orientan las investigaciones en el marco del debido proceso disciplinario administrativo. Es decir, que se establezcan los hechos, se respete un procedimiento justo y racional, se ejerza el derecho a defensa, se individualicen la o las responsabilidades, se propongan sanciones en la fase resolutiva, y exista por cierto una etapa impugnatoria. 

No obstante, considero innegable que la Fiscalía enfrenta un grave problema en materia de filtraciones y en ocasiones de violaciones de secreto, que ponen en juego la objetividad de las investigaciones internas que involucran a su personal y la credibilidad del sistema de persecución penal de nuestro país. Lo anterior amerita reflexionar sobre posibles nuevas medidas que permitan salvaguardar al sistema. 

En esta dirección, me atrevo a sugerir que sería deseable establecer una garantía de mayor imparcialidad y objetividad en las investigaciones internas que lleve adelante el Ministerio Público sobre filtraciones de información. ¿Cómo? Incorporando la revisión de la Contraloría General de la Republica en la fase final del sumario administrativo o investigación que substancie el Ministerio Público, a fin de que el órgano contralor revise, en forma obligatoria, rigurosamente la forma y el fondo de la investigación realizada por la Fiscalía. Para lo anterior se requiere, por cierto, una modificación legislativa, e incluso, ampliaría la facultad propuesta, a las investigaciones que lleven adelante las policías en materia de filtraciones, en contra de su personal. 

“El Gobierno debe estar presente en el debate público”

—Lo quiero llevar al terreno político, ya que usted además fue subsecretario general de gobierno de la Presidente Bachelet. Por ello, ¿qué le aconsejaría al Gobierno frente al grave problema de las filtraciones? 

—Caramba, quién es uno para dar recomendaciones. A ver, creo que siempre el Gobierno debe estar presente en el debate público que envuelve materias de Estado. Y por ende, considero que debe estar dispuesto a colaborar en vías de solución frente a una problemática tan relevante y delicada. Porque como hemos visto compromete al debido proceso, al estado de Derecho y en definitiva a la democracia. Es decir, a mí entender no puede estar ausente.

Ahora bien, si subrayamos el hecho que ya son tantos los casos de filtraciones, que ya superaron lo tolerable, entre ellos el caso Audios, Convenios, denuncia contra el Presidente Boric, casos Hassler, Cariola, podríamos seguir; uno dramáticamente podría concluir que en nuestros días la excepción es encontrar un caso donde no se produzcan filtraciones. El mundo al revés. 

En tal virtud, considero que el Gobierno debe participar activamente en esta problemática de relevancia nacional, y en consecuencia asumir un rol articulador y coordinador de las posibles soluciones en esta materia. Por eso, me atrevo a sugerir que el Ministro de Justicia debiese convocar, en forma inmediata, a una mesa de trabajo para abordar con los intervinientes u operadores del sistema de persecución penal la forma de superar el actual estado de las cosas.  

Me explico: se debiese convocar en este trabajo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las Policías, con el fin de repensar la forma de poner atajo a las filtraciones. [Esto] a través de medidas administrativas o eventuales modificaciones legales, desde una mirada holística e integral, que solo puede ejercer el Gobierno a través, en este caso, de su Ministro de Justicia, en base a su potestad de coordinación, a su iniciativa legislativa y a su capacidad para generar políticas públicas. Porque en mi opinión no se saca nada con frenar la fuga de información desde la Fiscalía, si el forado y la violación de secreto provienen, por ejemplo, desde las policías o de un Tribunal de la República.  

Reitero, soy de la opinión que la intervención gubernamental podría ayudar mucho en esta problemática, que a lo menos es triseccional. Es decir, donde está en juego la eficacia de la investigación, los derechos de los involucrados, y el derecho de la ciudadanía de acceder a información relevante de un caso penal. Quiero pensar que es posible alcanzar un sano equilibrio.