“Filtraciones”, la palabra del año

Si hubiera que elegir la palabra del año en Chile, “filtraciones” sería, sin duda, una de las principales candidatas. En los últimos meses, la política nacional ha estado marcada por la divulgación de conversaciones privadas, documentos reservados e investigaciones en curso, afectando la imagen de figuras públicas y generando un clima de desconfianza institucional.

No es un fenómeno nuevo, pero en un contexto de alta fragmentación política y crisis de confianza en las instituciones, su impacto se multiplica. La última polémica que sacude al oficialismo, con la filtración de mensajes entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, es solo un eslabón más en una larga cadena de episodios donde la política parece debatirse más en chats privados expuestos que en el debate público abierto. Recordemos que en el otro caso de alto impacto por filtraciones de investigaciones penales la defensa de Luis Hermosilla ha planteado desde el inicio del caso que ha sido víctima de permanentes filtraciones de chats de su teléfono por parte de la Fiscalía.

La difusión de conversaciones privadas tiene efectos que trascienden a los involucrados. En un año electoral, donde cada detalle puede inclinar la balanza, las filtraciones operan como munición para el adversario político y como un factor de desgaste interno dentro de los partidos y coaliciones.

Estamos asistiendo a un creciente proceso de judicializando de la política que se expresa en el incremento del rol de los tribunales y del derecho en la resolución de conflictos y decisiones que tradicionalmente se consideraban del dominio exclusivo de la política. Este proceso implica que más asuntos políticos se deciden en el ámbito judicial en lugar del legislativo o ejecutivo. En el caso de la conversación entre Cariola y Hassler, las repercusiones han golpeado tanto la imagen del Partido Comunista como la de dos de sus figuras más visibles.

Pero ¿por qué las filtraciones han adquirido un rol tan protagónico? Parte de la respuesta se encuentra en el debilitamiento de los mecanismos tradicionales de procesamiento y resolución de conflictos dentro de las elites políticas. Donde antes los desencuentros se resolvían en negociaciones, hoy el acceso masivo a la información, la proliferación de redes y la presión de la inmediatez han convertido a la filtración en una herramienta táctica y estratégica.

Pero, más allá del daño político inmediato, las filtraciones están dando cuenta de una tensión creciente entre el Ministerio Público –la Fiscalía– y el mundo político que están teniendo consecuencias sobre nuestra institucionalidad. El jueves pasado, el abogado Juan Pablo Hermosilla hizo alusiones a las filtraciones y reiterados reparos al ente persecutor, al que acusó de actuar “de mala fe” en relación con el proceso penal que sigue la Fiscalía en contra de su hermano.

La sospecha de que existe una selectividad en qué información se filtra y en qué momento se hace ha alimentado un conflicto latente. El abogado fue incluso más allá y emplazó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a tomar acciones por las filtraciones en diferentes causas, en la que apuntó a la causa de Cariola e hizo alusión al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Mientras los fiscales defienden la importancia de la transparencia y la libertad de información, los políticos acusan que muchas de estas filtraciones provienen de fuentes ligadas a las investigaciones judiciales, lo que profundiza la desconfianza en el sistema.

Esta tensión no es menor. Cuando la justicia y la política entran en conflicto, el principal afectado es el ciudadano común, que ve cómo la institucionalidad se usa, o al menos se percibe como utilizada, con fines estratégicos. Si las filtraciones afectan mayoritariamente a ciertos sectores y no a otros, si se publican en momentos políticamente sensibles, si la confidencialidad de las investigaciones se rompe de manera selectiva, la sensación de arbitrariedad mina la confianza en la justicia y en el propio sistema democrático. 

La política chilena enfrenta un dilema complejo: por un lado, la transparencia es fundamental para el funcionamiento de la democracia, pero por otro, la instrumentalización de las filtraciones con fines políticos erosiona la legitimidad del debate público. La ciudadanía, que ya percibe con escepticismo el actuar de sus representantes, suma ahora una nueva sospecha: la de una justicia que, en ciertos casos, parece actuar como un actor más dentro de la pugna política. 

En un año electoral, donde los márgenes de victoria pueden ser estrechos, las filtraciones tienen el potencial de cambiar el rumbo de una campaña. No es casualidad que muchas de ellas se produzcan en momentos clave, buscando debilitar a ciertos actores o generar ruido en la opinión pública. En un clima de desafección ciudadana, donde la política ya es vista con escepticismo, cada escándalo refuerza la percepción de que el poder se mueve en la opacidad y el cálculo personal.

El desafío para los partidos y líderes políticos es cómo enfrentar este fenómeno sin caer en la parálisis. Por un lado, deben asumir que la digitalización de la política implica una exposición constante. La comunicación interna ya no es un espacio seguro, y la necesidad de mayor prudencia y profesionalización en la gestión de la información se vuelve imperativa. Por otro lado, también deben reconocer que las filtraciones reflejan problemas estructurales: luchas internas, falta de cohesión y un deterioro en la cultura política que incentiva la competencia desleal en vez del debate de ideas.

Para la ciudadanía, la avalancha de filtraciones –en abril se espera el fin de la reserva del caso ProCultura y la audiencia de desafuero en la Corte Suprema de la Diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva– puede generar una saturación informativa que, lejos de fortalecer la transparencia, termina reforzando la apatía. Cuando todo parece un escándalo, nada lo es realmente. Así, las filtraciones se convierten en parte del paisaje político, perdiendo su impacto a largo plazo, pero dejando secuelas en la confianza institucional.

En este 2025, con elecciones presidenciales y parlamentarias en el horizonte, la pregunta clave es si la política será capaz de superar la lógica de la filtración como táctica de corto plazo y recuperar la capacidad de construir confianza. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los debates más relevantes para el país quedan opacados por la revelación del próximo chat comprometedor, mientras la desconfianza en la justicia y en la política sigue creciendo.