El cara a cara entre Boric y el fiscal Valencia en medio del pinchazo al celular de Miguel Crispi y la solicitud de diligencias contra el Presidente

En primera fila y al centro se ubicó el fiscal nacional, Ángel Valencia, en la ceremonia de lo que fue la Cuenta Pública del Ministerio Público. A su lado izquierdo se ubicaba el asiento del Presidente Gabriel Boric. Fue con él con quien ingresó al salón del edificio institucional donde se celebró la ceremonia, y saludó al resto de invitados que se ubicaban en los asientos más próximos al escenario. Luego ambos se sentaron uno al lado del otro. La escena estaba precedida de una incomodidad que ha explicitado el Gobierno con el trabajo de la Fiscalía en la arista ProCultura del caso Convenios.

Tras conocerse que el celular de Miguel Crispi, exjefe de asesores de Presidencia, fue pinchado por el Ministerio Público —lo que reveló la conversación con su madre sobre la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende en donde remitía culpas a la senadora Isabel Allende—, Ejecutivo cuestionó que la fiscalía, particularmente que el fiscal Patricio Cooper, a cargo de la arista ProCultura, accediera a los llamados telefónicos de quien era entonces el asesor más cercano al Presidente.

No obstante, la tensión creció luego de varios trascendidos. Uno de ellos, publicado por The Clinic, mostró la intención de Cooper de allanar diversas reparticiones públicas, entre ellas la casa de Gobierno: el Palacio de La Moneda. Además se consideraba el Ministerio de Defensa y el Congreso Nacional, acciones gatilladas con el fin de indagar más sobre la fallida compraventa, investigación de oficio levantada por el ente persecutor.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud.

No obstante, lo que provocó mayor reacción por parte del Ejecutivo sería la información que publicó Ex-Ante, en donde el medio afirmó que la Fiscalía solicitó la intervención del teléfono del Presidente. Eso sí, por motivo del caso ProCultura, en donde Crispi se ve involucrado —aparentemente— por su rol como subsecretario de Desarrollo Regional en donde visó fondos dirigidos para la fundación que le da el nombre al caso, hoy extinta, y que era dirigida por Alberto Larraín, psicólogo, a quien se le atribuye una relación de cercanía con el Mandatario.

Por lo mismo, el día lunes la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry dijo que estaban a la espera de que la Fiscalía confirmara o no confirmara la noticia. “Estamos hablando de comunicaciones que podrían comprometer a la seguridad nacional”, argumentó la titular de Ciencia, sosteniendo su punto sobre lo importante que eran las comunicaciones del Presidente y lo inoportuno que sería su intervención.

Los paños fríos del ministro Cordero

Las manifestaciones de molestia del Gobierno —a las que se sumó la ministra secretaria general de la Presidencia (Sepgres), Macarena Lobos—, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió a sellar la postura del Ejecutivo.

El exministro de Justicia y exsubsecretario del Interior precisó que, sobre el caso de las diligencias solicitadas hacia el Presidente, “el Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley”, apelando a que las filtraciones de las causas “implican una sanción a la ley”.

“En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. No le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”, enfatizó Cordero.

Filtraciones en Fiscalía: $3.200 millones en inversión

El tópico que mencionó Cordero como punto fue abordado generalmente en la cuenta pública de Valencia. En esa línea, el líder del Ministerio Público señaló en su presentación que se han comenzado a habilitar funcionalidades en los sistemas operativos de la institución para seguir la trazabilidad en el acceso a los sistemas informáticos.

“Modificamos la política de complejidad de las claves que permiten acceder a nuestros sistemas”, señaló Valencia en su presentación, quien destacó que su plataforma central contiene nuevos sistemas de seguridad y ciberseguridad que denominó “avanzados”.

Además, contó que a finales de 2024 comenzó la implementación de una licencia con mecanismos avanzados en seguridad, los que permiten determinar la confidencialidad de los archivos con restricciones correspondientes, un control avanzado de los documentos, con permisos detallados para determinar la posibilidad de ver, editar o compartir archivos, además del registro de actividades vinculadas a un archivo lo que les permite auditoría y trazabilidad.

La inversión en dichas mejoras, mencionó, será de $3.200 millones, los que se contemplan hasta el 2028.

Presidente Boric: “A veces se generan tensiones entre las instituciones”

Al terminar la cuenta pública, el Mandatario se acercó a los medios de comunicación y, al tanto de la controversia entre el Ejecutivo y la Fiscalía, declaró que “a veces se generan tensiones entre las instituciones”.

“Cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia. Y yo como Presidente de la República, como Jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie, nadie en Chile está por sobre la ley”, añadió.

Del mismo modo, cerró con que confiaba “en la institucionalidad chilena” y que tanto él como el Gobierno “siempre va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia en cumplimiento del a ley”.