La promesa rota a una década de la ley del 20% de música chilena: 4 de cada 10 radios no cumplen y no ha habido sanciones
Las buenas intenciones que tenía la regulación han chocado de frente con la realidad. A la dificultad de poder monitorear a la totalidad de las radios que funcionan en el país, se suma que hasta ahora no hay conocimiento de que se hayan cursado las multas que estipula la ley. Aunque los actores involucrados apuntan al Ministerio de las Culturas, desde la cartera aseguran que no está dentro de sus facultades fiscalizar ni sancionar y que son las personas u organizaciones las que deben denunciar los incumplimientos.
Por Raimundo Flores S. 24 de Mayo de 2025
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El 10 de marzo de 2015, se respiraba un ambiente festivo en el Senado. Tras ocho años de tramitación, se despachaba la Ley N° 20.810, que exigía a las radios que al menos el 20% de la música que programaban fuera chilena. El gremio estaba feliz y así lo demostraba la presencia en el Congreso de artistas como Valentín Trujillo, José Alfredo Fuentes, Cecilia Echenique y Francisco Sazo.
“Fueron años de lucha para lograr que esta ley saliera en ese momento. Fue un triunfo maravilloso. En ese minuto estábamos todos los músicos, de las más diversas expresiones musicales, peleando juntos”, recuerda Echenique. El “Pollo” Fuentes la complementa: “Estábamos esperanzados y optimistas porque por lo menos se iba a difundir más nuestra música hecha en Chile”.
A 10 años de la entrada en vigencia de la ley, los resultados de esta regulación son agridulces y contrastan con el optimismo de aquel día. Según cifras de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) a las que tuvo acceso The Clinic, extraídas del monitoreo a más de 400 radios, durante 2024, el 25,5% de la música tocada en radios fue chilena, llegando a estar cerca del máximo histórico de 25,78% que se registró en 2019.
Sin embargo, la estadística también da cuenta de que solo un 59,6% de las emisoras cumple con los mínimos exigidos, un porcentaje similar al que se ha repetido a lo largo de la década que lleva en vigencia de la ley.
Aunque la regulación estipulaba que a las radios que no cumplieran se les cursaría una “multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales , la que se duplicará en caso de reincidencia (entre $340 mil y 3.4 millones)”, los actores involucrados aseguran que esas sanciones no se han hecho efectivas.
“Es una ley que dejó en el vacío lo referido a fiscalización y sanción, lo que hace muy difícil llegar a la etapa de concretar esas multas. En términos coloquiales, lamentablemente en este caso podemos hablar de una ley sin dientes, situación a la que es imperioso poner fin lo antes posible, de modo que el fomento a la música chilena sea una realidad, y no una buena intención”, señala Juan Antonio Durán, Director General de SCD.
Durán, además, hace un llamado para que sean las autoridades las que se comprometan con que se cumpla el mínimo del 20%. “Esa meta no está puesta ahí para complacer a un grupo, como pueden ser los músicos, sino porque el Estado de Chile creyó necesario apuntar a ello, al estimar que es beneficioso para la comunidad y que nuestro desarrollo cultural así lo requiere. Por lo mismo, es su deber tomar parte activa en la implementación de la ley, ya que decretar algo en un papel y luego desentenderse, es a todas luces insuficiente”, dice.

¿Quién es el responsable de fiscalizar?
“Era más fácil en nuestra época”, reflexiona José Alfredo Fuentes. El “Pollo” recuerda con nostalgia la relación que tenía con las radios cuando comenzó su carrera, en la década de los 60. Era él mismo quien se paseaba por las principales emisoras del momento, le tocaba la puerta al disc jockey de turno y le entregaba sus grabaciones. Según recuerda, muchas veces ante su presencia se probaban las canciones al aire y si veían que funcionaban, la dejaban en rotación.
Hoy, existen más de 2.500 radios a lo largo de Chile. Este volumen de oferta impediría a alguien repetir las tácticas de Fuentes pero, además, aparece como una de las razones que impide el cumplimiento de la ley del 20%.
Así lo explican desde la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI). Aunque se opusieron a la ley durante sus años de tramitación, señalan que desde que se aprobó han instado a sus cerca de 1.600 socios a cumplirla. El problema, según ellos, viene antes del tema de las sanciones y está en la imposibilidad de fiscalizar que existe actualmente. De hecho, ponen en duda la representatividad de los datos entregados por la SCD, argumentando que el organismo solo contabiliza la música de sus artistas afiliados.
“En sus registros tenemos un 40% de no cumplimiento y yo creo que puede ser menor o incluso puede ser mayor”, dice Cristian Gálvez, presidente de ARCHI. Y explica: “La mayoría de las radios cumplen pero ese cumplimiento no es tan visible porque hay muchos intérpretes y artistas chilenos que no pertenecen a la SCD. Hoy día la SCD es el único organismo que tiene un software para ver las canciones, pero solo de su repertorio, de los socios que están en la SCD. Entonces hay muchas radios, sobre todo en regiones, que colocan mucha música ranchera, mucha música cristiana, que dentro de sus parámetros no están. Por lo cual esa música aquí es invisible, no la ve nadie y no se sabe qué se está tocando”.
Al respecto, Durán argumenta que la SCD tiene más de 20.000 socios y que esa cifra contempla casi a la totalidad de los trabajadores de la música, sin importar su nivel de conocimiento público. “Hoy en día apenas un 7% de lo que medimos no logra ser identificado por el software, cifra en la cual no hay sólo música chilena, sino también música que podría ser de cualquier parte del mundo, y quizás algunas cortinas, jingles o melodías incidentales. Esto quiere decir que el contenido local no detectado son apenas casos muy puntuales que no logran alterar de forma significativa los porcentajes informados”, aclara.
Para estas mediciones, la SCD utiliza un software español llamado Vericast, de la empresa BMAT, que automáticamente identifica la música que suena en las emisoras canción por canción. Este programa también les permite realizar la distribución de derechos generados tanto de música chilena como extranjera.
Más allá de la tensión entre la SCD Y ARCHI, ambas partes destacan que ha habido un trabajo colaborativo entre ellas y que ahora es el turno del Ministerio de las Culturas. “Nosotros hemos hecho nuestra parte promoviendo, educando, monitoreando. ARCHI, con quienes trabajamos regularmente, también ha hecho la suya, asumiendo esta normativa y haciendo ver entre sus afiliados la importancia de cumplirla. Llegó la hora, entonces, de que el Estado haga también su parte”, dice Juan Antonio Durán.
Cristian Gálvez está de acuerdo, aunque cree que es poco viable. “Creo que va a ser complicado en fiscalizarla. De partida, tendrán ellos que tener un software para las 2.500 radios que existen en Chile, entre las comerciales, las comunitarias, hay muchos tipos de radio. Y es económicamente inviable tener ese software para poder saber quién cumple o no el 20%”, opina.
A pesar de que todos los dardos apuntan al Ministerio de las Culturas, en una declaración enviada a The Clinic argumentan que la cartera “no tiene entre sus facultades la de fiscalizar ni sancionar la aplicación de esta ley”. “La norma es expresa en establecer que para sancionar a quienes no cumplan con el 20% de emisión de música chilena, dicha sanción radicará en los juzgados civiles. Esta ley busca salvaguardar tanto a las y los artistas, como a un derecho ciudadano que es el derecho a la cultura nacional, por lo que cualquier persona e institución ciudadana puede realizar una denuncia”, agrega la declaración.
Consultado por esta postura, el diputado Alejandro Bernales, miembro de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, señala que: “A mí me parece que uno de los deberes del Ministerio de las Culturas es defender los derechos de los creadores. Y si están siendo vulnerados, debería ser el mismo ministerio quien presente las acciones legales para poder defenderlos. Entonces, dentro de esa respuesta me parece que un poco se desligan de una ley que se promovió, que apoyaron, pero que no están dispuestos a fiscalizar. Entonces, creo que la actitud del ministerio debería ser justamente, más allá de lo que ellos indican, defender como prioridad los derechos de nuestros creadores”.
De todos modos, desde el ministerio también aseguran que el tema se llevará al Consejo de Fomento de la Música Nacional y que desde ahí se propondrá avanzar en modificaciones a la ley.

Otras iniciativas con el mismo problema
De cierto modo, los que sucede con la Ley del 20% recuerda a lo que pasó hace unos meses con la Ley del Telonero, cuando The Clinic reveló a través de un reportaje la situación irregular a la que se habían enfrentado algunos artistas que trabajaron con la productora DG Medios, que habían sido obligados por contrato a devolver a la empresa parte de sus ganancias por derechos de autor.
Aunque la noticia causó el repudio de las autoridades, a los pocos días, la Subsecretaria de las Culturas, Jimena Jara, admitió en la Comisión de Cultura que “no existe una atribución para fiscalizar, y no existe ninguna capacidad para hacerlo tampoco”.
En la misma comisión ha sido tema la importancia de que haya fiscalización en los proyectos que se discuten. El 15 de abril, por ejemplo, se presentó la llamada “Ley Tommy Rey”, que busca garantizar que las plataformas digitales paguen derecho de autor a los intérpretes.
“Se están presentando nuevas iniciativas parlamentarias que buscan, por ejemplo, más cuotas de X área artística o tener más deportes en televisión, o el proyecto de ley que se propone que a los artistas las plataformas les paguen más por la difusión de su contenido. Pero el problema de nuevo es quién fiscaliza. Nosotros no podemos estar haciendo leyes con este tipo de idea matriz sin tener luego una fiscalización adecuada. Porque de lo contrario, lo único que estamos haciendo es proyectos de ley que quedan en buenas intenciones y sirven de poco. Nosotros esperamos que el Ministerio se manifieste al respecto y que busque y proponga una solución, porque evidentemente esto requiere recursos para poder fiscalizar”, opina el diputado Bernales.
Incluso, en abril del año pasado se presentó un proyecto que busca modificar la Ley del 20%. Si bien la regulación actual específica que un 25% de la música chilena tocada en radios tiene que ser emergente (grabada en los últimos tres años) o de identificación regional o local, el cambio que se propuso el año pasado es que además se exija que otro 25% sea de música de raíz folklórica.
Aunque el proyecto ya está ingresado en la Cámara de Diputados, la realidad es que ni la SCD ha podido incluir dentro de su monitoreo si se están cumpliendo las cuotas de música emergente y de identificación local, por lo que se ve lejano que sí se pueda hacer eso con la música folklórica.
Para el “Pollo” Fuentes, toda la situación evidencia lo dejados de lado que están los artistas chilenos. “Está mal pelado el chancho. Ojalá las autoridades pudieran apretar un poquito más, acercarnos más, tener más reuniones y ejecutar más que nada, porque no se saca nada con llegar a acuerdos bonitos de palabras, es que esta cuestión no se cierra definitivamente con una orden”, asegura.



