Violación en la Antártica: el caso que obligó a Chile a llevar la ley al continente blanco

Parte I: Vientos que rugen en la Antártica

No había cumplido un mes en el cargo cuando Cristián Crisosto –abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Público por la Universidad Austral– tuvo que enfrentar uno de los mayores desafíos de su recién asumido rol como fiscal regional de Magallanes. Sin precisar fechas ni detalles, recuerda que en junio de 2023 recibió en su oficina a representantes del Instituto Antártico Chileno (INACH), organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y encargado de coordinar y ejecutar la política científica nacional en la Antártica desde 1963.

Traían consigo “una denuncia grave, sin precedentes” –recuerda ahora el fiscal– y que habría intimidado incluso al más experimentado de sus antecesores. La única evidencia fue un correo electrónico recibido semanas antes por el INACH. Lo firmó una científica de nacionalidad francesa –de iniciales F.A.L.G. y 31 años en ese entonces– que aseguró haber sido violada por un colega chileno con quien compartía carpa en el campamento base durante una expedición en la península Byers. Los hechos habrían ocurrido el 24 de febrero de 2019, cuatro años antes de presentar la denuncia.

En el mensaje, la denunciante identificaba, además, a su agresor: Jorge Gallardo Cerda, biólogo, investigador y académico del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, “donde él además reside”, dice el fiscal.

Ya fuera de Chile y sin otra instancia a la que acudir, F.A.L.G. decidió romper el silencio y acudió a la misma institución que la había traído al país a comienzos de 2019. “Ella hizo la denuncia primero ante el INACH, y luego ellos me la entregaron. Ellos fueron, de alguna forma, el mensajero”, cuenta hoy Crisosto. “INACH recibió en mayo de 2023, vía correo electrónico, una denuncia de una violación ocurrida en un campamento en el Territorio Chileno Antártico el año 2019 e inmediatamente se ofició a Fiscalía a través de los canales que establece la ley”, confirman a The Clinic desde dicha institución.

Siguiendo sus propios protocolos vigentes desde hace años para abordar situaciones de acoso, maltrato u otras formas de violencia en expediciones científicas, INACH activó de inmediato los canales legales correspondientes y trasladó personalmente los antecedentes del caso hasta la Fiscalía Regional de Magallanes. Además, “informó sobre esta denuncia a la universidad empleadora del imputado ya que este no era funcionario del INACH en el momento de la denuncia. Esto, con el fin de que se tomaran las medidas internas pertinentes a esa universidad”, aseguran.

“Cabe señalar que esta entrega de antecedentes se hizo resguardando en todo momento la confidencialidad que exige la ley y el respeto a las partes involucradas, buscando evitar la revictimización de la denunciante –recalcan desde el INACH–. Desde ese momento, se ha entregado toda la información y cooperación necesarias para el avance de las indagaciones por parte de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones”.

Con los antecedentes en manos del Ministerio Público, el fiscal Crisosto despachó una orden de investigación a la PDI para efectuar diversas diligencias y echar a andar la investigación. Una de las primeras fue tomar contacto con la denunciante: “Ella estaba fuera del territorio nacional, pero le ofrecimos toda la ayuda de nuestra Unidad de Atención a Víctimas. Contamos con personas especializadas en este tipo de delitos, y nos pusimos a su disposición”, dice el fiscal.

La primera prioridad –recalca– fue brindarle apoyo psicológico y contención, además de asegurar su cooperación con la investigación. “Ella aceptó nuestra ayuda y nuestro soporte para enfrentar este proceso (…) y semestralmente nos pusimos en contacto con ella, con el objeto de que supiera que estábamos investigando y de tomarle declaración, si ella lo estimaba pertinente”, agrega. Cristián Crisosto no era ajeno a las causas judiciales complejas. Antes de asumir como fiscal regional de Magallanes, el abogado se desempeñó como fiscal de Alta Complejidad en La Araucanía, donde coordinó investigaciones vinculadas a corrupción y delitos económicos. Su especialización en transparencia y persecución penal lo convirtió en una figura técnica de bajo perfil, pero con una hoja de vida robusta en litigación y estrategia institucional.

Desde su nombramiento en mayo de 2023, como fiscal ha debido abordar de lleno los delitos sexuales. Magallanes es la región con la mayor tasa de víctimas de explotación sexual infantil del país, alcanzando 294,4 casos por cada 100.000 habitantes, según datos de la Defensoría de la Niñez. Más recientemente, le correspondió también liderar la investigación de una denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por supuesta difusión indebida de imágenes íntimas, la cual fue desestimada.

Aun siendo un delito sexual como tantos otros en el papel, el cargo de violación en contra Jorge Gallardo Cerda arrastra un rasgo decisivo: ocurrió en la soledad glacial de la península Byers, uno de los paisajes más inhóspitos del continente blanco, y hasta hace poco, una tierra sin ley.

Ubicada en el extremo occidental de la isla Livingston, en las islas Shetland del Sur, es una de las mayores áreas libres de hielo de la región y ha sido declarada Zona Antártica Especialmente Protegida. Con sus 60 km2 de extensión, playas desnudas y colinas barridas por los vientos, Byers alberga una biodiversidad única y conserva los restos arqueológicos de los primeros cazadores de focas que llegaron allí en el siglo XIX. Esa es la zona que F.A.L.P. llegó a investigar a Chile a comienzos de 2019, como parte de la Expedición Científica Antártica N.o 55. Para dicha campaña, INACH brindó apoyo logístico a 56 proyectos de terreno, abarcando actividades desde las islas Shetland del Sur hasta el sector de bahía Margarita, así como en el área del glaciar Unión, a 1.080 km del Polo Sur.

“En total, se prestó soporte a 461 investigadores e investigadoras, tanto nacionales como extranjeros, distribuidos en períodos a lo largo de toda la temporada estival”, comentan desde la entidad de la Cancillería. Las cifras reflejan el creciente interés y la calidad de la ciencia antártica liderada por mujeres en el país, con un 46,4% de los proyectos encabezados por investigadoras.

Ese verano fue inusual. Aunque la temperatura media suele bordear los 1,2 °C, en febrero de 2019 se registraron máximas de hasta 10,6 °C en estaciones cercanas a la península Byers, como la base Juan Carlos I. El viento, habitualmente feroz, se mantuvo relativamente calmo durante el día. Por las noches, en cambio, ráfagas de hasta 180 km/h rugían sobre el campamento, acentuando la sensación de aislamiento absoluto sobre el descampado blanco.

El 2 de agosto de 2024, el biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda fue formalizado por el delito de violación. Debido a la naturaleza extraordinaria del caso, la audiencia se realizó por vía telemática ante el Juzgado de Letras de Cabo de Hornos, tribunal competente para causas ocurridas en el Territorio Antártico Chileno. El fiscal Cristián Crisosto expuso los antecedentes ante la jueza Francisca Luque López. Según reveló el abogado durante la audiencia de formalización, la expedición científica en la que ocurrieron los hechos estaba compuesta por cuatro personas, entre ellas el imputado y la víctima.

El campamento se organizaba en dos carpas, con capacidad para dos personas cada una. Gallardo y la denunciante compartían la suya debido a la relación de confianza que habían forjado tras haber coincidido en una expedición previa. Según el testimonio entregado por la víctima en la denuncia remitida al INACH, ella estaba dentro de su saco de dormir cuando fue atacada. El imputado no emitió declaraciones ni hubo intervenciones de su defensa durante la audiencia. La jueza Francisca Luque López dictó medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición absoluta de acercarse o comunicarse con la víctima. Además, fijó un plazo inicial de seis meses para la investigación. El fiscal Crisosto destacó en dicha oportunidad que el caso representa “el primer delito sexual investigado en territorio antártico chileno”.

Tras casi dos años de investigación, se fijó audiencia de cierre para el próximo miércoles 28 de mayo. El abogado espera que el juicio sea también durante este año.

“Es muy común que las víctimas de delitos sexuales demoren mucho tiempo en denunciar”, comenta ahora Crisosto a The Clinic. “Hay que ser muy valiente para atreverse a hacerlo, por todo lo que implica la revictimización y por lo que significa enfrentarlo en lo personal y en lo social. Por eso, el hecho de que hayan pasado tres o cuatro años desde los hechos no afecta la investigación; lamentablemente es parte de la dinámica de estos delitos”.

Jorge Gallardo Cerda, quien fue suspendido de sus funciones académicas tras conocerse la denuncia, cuenta con una carrera consolidada en fisiología vegetal, publicaciones científicas sobre flora antártica y expediciones junto a equipos nacionales e internacionales. Ahora, arriesga entre 5 y 15 años de cárcel por el delito de violación.

“La dinámica de los hechos se dio en un contexto de aprovechamiento de la soledad, de lo inhóspito que significa estar en el territorio chileno antártico. No hay forma, no hay a quién denunciar oportunamente ni cercanamente”, reflexiona ahora el fiscal Cristián Crisosto.

Y añade: “No hay autoridad oficial al alcance de la mano. Sí hay personal de la Armada o del Ejército, pero en la isla Rey Jorge o en otras partes de las Shetland del Sur. El lugar donde ocurrieron los hechos estaba a aproximadamente a diez horas, por vía naval, de cualquier sitio donde existieran otros seres humanos”.

Parte II: Una realidad latente

La noticia de la formalización por el “primer caso de Violación en la Antártica” trascendió rápidamente. Por primera vez, la justicia chilena activaba su jurisdicción penal sobre un delito sexual ocurrido en el continente blanco, mientras la prensa resaltaba lo anecdótico del caso.

En febrero de este año, se supo también de un investigador sudafricano que fue acusado por sus propios compañeros de agredir físicamente, amenazar de muerte y acosar sexualmente a integrantes de la expedición en la base SANAE IV. A diferencia del caso de la científica francesa, la denuncia no fue judicializada y se abordó internamente por el gobierno sudafricano. Tampoco derivó en una evacuación de la zona debido a las condiciones climáticas. El acusado accedió a una evaluación psicológica y manifestó arrepentimiento, pero el episodio visibilizó nuevamente los vacíos legales y de control en zonas remotas y sin autoridad permanente.

Las alertas habían sido lanzadas mucho antes. En 2018, más de 50 investigadoras chilenas firmaron una carta pública denunciando las condiciones de inseguridad que enfrentaban las mujeres en misiones antárticas. El documento, impulsado por el Grupo de Mujeres Científicas de SCAR-Chile, advertía que el aislamiento geográfico, la lejanía de redes de apoyo y la falta de protocolos efectivos aumentaban los riesgos de acoso o agresiones sexuales en terreno.

“No existen suficientes protocolos, ni capacitación adecuada para prevenir, contener o denunciar situaciones de acoso o agresiones sexuales. Esto no puede volver a pasar”, señalaban entonces.

Aunque tras la denuncia de F.A.L.G. no hubo una declaración inmediata del grupo, en septiembre de 2024, durante la Open Science Conference de SCAR, expresaron que “la reciente formalización de un caso por violación ocurrido en una expedición científica en la Antártica demuestra la urgencia de contar con mecanismos efectivos para la prevención, denuncia y acompañamiento”.

Si bien valoran la labor del Ministerio Público, el colectivo recalcó que aún falta un compromiso mayor de parte de las autoridades y las instituciones científicas.

*El grupo de científicas fue contactado para este reportaje. Prefirieron no sumarse.

“Siempre hay desafíos pendientes y espacios de mejora, y es necesario ser capaces de adaptar protocolos y mejorar medidas de cuidado con flexibilidad y oportunidad, sobre todo en temas tan sensibles como el acoso laboral y sexual, y violencia en el trabajo”, señalan a The Clinic desde el Instituto Antártico Chileno (INACH).

Este último ha implementado diversas acciones para prevenir y abordar situaciones de maltrato, de violencia sexual, así como cualquier situación que pueda ser motivo de incomodidad para quienes participan de sus expediciones. Hoy –explican– todas las personas que integran sus expediciones deben cursar una inducción obligatoria en prevención de acoso y violencia de género.

“Hace varios años nuestra institución cuenta con protocolos y normativas para este tipo de casos y otros asociados a la conducta, los que han sido actualizados, para impedir, entre otras cosas, que personas sancionadas recientemente por este tipo de acciones puedan participar de las expediciones organizadas por nuestro Servicio”, afirman desde la entidad dependiente de Cancillería.

“Esto –aseguran también por escrito– con una perspectiva de género y poniendo especial atención en la situación de las mujeres. Este trabajo se hace de manera alineada con la Política Exterior Feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Política de Equidad de Género de la institución y la normativa vigente, siempre buscando espacios para mejorar nuestros protocolos, incentivando la denuncia y fortaleciendo los mecanismos de control para inhibir cualquier comportamiento abusivo”.

Tal como esperaban, con la implementación de las medidas precisamente mencionadas y la entrada en vigencia de la ley Karin, ha habido un aumento de las denuncias, aseguran desde el INACH.

“En las últimas expediciones estivales (Expedición Científica Antártica – ECA) hemos tenido entre una y dos denuncias al año, principalmente por acoso sexual y por violencia en el trabajo, las que han sido tratadas de acuerdo a los protocolos institucionales vigentes”.

“Esto indica que las barreras históricas, sociales y administrativas que imponían silencio a las víctimas de violencia están disminuyendo y que las instituciones están otorgando la confianza necesaria para canalizar las mismas”.

*Ninguna de estas denuncias recientes, sin embargo, ha sido derivada hasta el momento al Ministerio Público, aseguran desde la Fiscalía Regional de Magallanes.

Parte III: Hito de soberanía

En su cuenta pública de 2025, el fiscal Cristián Crisosto aseguró: “Si las víctimas denuncian, la fiscalía no las va a dejar solas”. Ha sido precisamente uno de los principales ejes de su gestión al frente de la Fiscalía Regional de Magallanes en los últimos meses: establecer presencia real del sistema de justicia penal en una de las zonas más remotas del planeta.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la creación de un protocolo inédito de actuación para delitos cometidos en el Territorio Chileno Antártico. “Cuando asumí me di cuenta de que no existía ningún protocolo penal para investigar en la Antártica. Junto con la Fiscalía Nacional, elaboramos uno y lo entregamos a la Cancillería para su revisión”, explica Crisosto.

El documento busca fijar lineamientos mínimos: cómo recoger evidencia en terreno, cómo canalizar denuncias, cómo distinguir delitos de fuero civil o militar, y cómo aplicar garantías procesales en una zona sin infraestructura judicial.

Las consecuencias institucionales que trajo el caso de violación en la península Byers no se agotaron ahí. A fines de 2024, comenzó a operar la Fiscalía Local de Cabo de Hornos y Antártica Chilena, con sede en Puerto Williams. Anunciada con orgullo como “la más austral del planeta”, pasó a cubrir específicamente la jurisdicción de la provincia Antártica Chilena.

Chile ha buscado reforzar su presencia histórica en la zona desde la firma del Tratado Antártico en 1959. Ha expedicionado, fundado bases como la Base General Bernardo O’Higgins Riquelme (1948), la Base Presidente Eduardo Frei Montalva (1969), la Base Yelcho (1962) y la Base Profesor Julio Escudero (1995), y hasta poblado con civiles el lugar más austral del país, con Villa Las Estrellas (1984–2018). La apertura de un órgano judicial propio, con capacidad para acoger denuncias y ejercer persecución penal, representa una extensión inédita de esa soberanía.

“No solamente estamos con presencia simbólica, sino también con una presencia efectiva para el Estado de Chile”, señaló el fiscal Crisosto durante la inauguración. Ubicada en la aislada Isla Navarino, frente al Canal Beagle, la nueva oficina comenzó a funcionar en un inmueble arrendado, a la espera de la construcción de un edificio definitivo diseñado con materiales locales, como el tradicional “Granito de la Patagonia”. Se proyecta que la sede permanente esté lista hacia fines de 2026, pero la justicia chilena ya puso la primera piedra en el extremo sur: por primera vez, existe una fiscalía operando oficialmente con competencia sobre el continente antártico.

En paralelo, otros actores del sistema de justicia se establecieron en la zona para complementar la cobertura. Junto a la Fiscalía, ya operan un tribunal de garantía y una oficina de la Defensoría Penal Pública, consolidando así la presencia de los tres poderes clave del sistema penal en la provincia Antártica.

La instalación de la Fiscalía Local de Cabo de Hornos fue destacada por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, como un hito que permitirá fortalecer el acceso a la justicia en la región. Calisto recordó que la instalación de la Fiscalía Local de Cabo de Hornos era un anhelo de larga data no sólo para fortalecer la persecución de los delitos, sino también un compromiso del propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien, ya había anunciado la
construcción en la Cuenta Pública del 2023.

Desde su inauguración, “la Fiscalía más austral del mundo” ha asumido más de 50 causas, la mayoría ligadas a violencia intrafamiliar, delitos sexuales y, en menor número, económicos.

A juicio del fiscal Cristián Crisosto, la actuación de la justicia chilena en el territorio antártico también representa una manifestación concreta del ejercicio soberano en la zona: “Ni la defensa, ni el tribunal, ni nosotros hemos cuestionado la jurisdicción del tribunal de Cabo de Hornos ni la competencia de la Fiscalía para realizar diligencias en el territorio”, señala. Y agrega: “Este caso y el nuevo escenario son relevantes porque constituyen, efectivamente, una expresión de soberanía nacional en el lugar”.