Contraloría reporta que 3.500 funcionarios públicos presentaron licencias de médicos investigados por fraude: se contabilizaron 192 mil días de reposo autorizado

El 13° informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría analizó un listado entregado por la Fiscalía Nacional, que contenía 10.111 licencias médicas emitidas entre 2020 y 2022 por 44 profesionales de la salud que están siendo investigados por fraude.

Al cruzar la información con el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) y otras bases institucionales, Contraloría detectó que 3.532 funcionarios presentaron licencias médicas emitidas por alguno de los doctores investigados por el Ministerio Público debido a la entrega y/o venta fraudulenta de tales certificaciones.

A su vez, Contraloría verificó que un 79 % de las licencias correspondía a diagnósticos por salud mental, con un total de 192.781 días de reposo autorizados.

Respecto de la información de los 44 médicos investigados, todos de nacionalidad extranjera, se identificó que 10 ejercieron como funcionarios públicos entre 2019 y 2024 y 5 de ellos no contaban con su Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), requisito para desempeñarse en el sistema público de salud.

Licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el sector público

El informe señala que estas licencias médicas fueron emitidas a trabajadores de todo el territorio nacional en servicios como municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad; SLEP; Gendarmería y en otras entidades, incluyendo privadas.

Asimismo, Contraloría detectó que 5.284 trabajadores que tuvieron licencias en el periodo entre 2020 y 2022, volvieron a hacer uso de ellas durante el 2023 y 2025. De estos documentos, 1.208 fueron otorgados por seis de los mismos médicos investigados por el Ministerio Público.

Dadas las irregularidades expuestas, el ente fiscalizador notificará a los organismos públicos que actualmente cuentan con funcionarios en ejercicio, con el objetivo de iniciar los sumarios respectivos. toda vez que como en estos casos existe una investigación penal en curso, la responsabilidad administrativa de los mismos no habría prescrito.

Asimismo, los servicios públicos que hayan contratado a médicos extranjeros deberán acreditar los motivos por los cuales dichos profesionales no contaban con su EUNACOM.