Los fundamentos que cuadraron a consejeros regionales de la UDI y republicanos para presentar una solicitud de destitución contra Orrego

Casi dos meses han pasado desde que consejeros regionales del Partido Republicano advirtieron al gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que buscarían su destitución. Y durante la jornada de este viernes materializaron el primer paso para ir en pos de ese objetivo. No lo hicieron solos: fueron acompañados por consejeros de la UDI y una parte de RN, quienes adscribieron al requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que se presentará para que el gobernador deje su cargo.

A la instancia se llegó luego de que a comienzos de junio la Contraloría General de la República notificara aparentes irregularidades en el Gobierno de Santiago, que involucraban a la autoridad regional por el presunto pago, con fondos de la institución, de asesorías comunicacionales con fines electorales, por motivo de su reelección. Lo anterior, a vista del ente contralor, habría sido bajo la fachada de sesiones de coaching.

Desde entonces, los republicanos en el Consejo Regional Metropolitano se activaron para recibir adherentes a su causa, la destitución. Para ello requerían únicamente de un apoyo más, dado que la ley establece que para levantar mociones de ese tipo es necesario contar con el respaldo de 12 integrantes del consejo (un tercio del consejo regional). Los consejeros republicanos son 11 en la instancia.

La UDI, tras varios vaivenes, finalmente optó por diseñar un requerimiento conjunto con los republicanos. Durante la semana el core Álvaro Bellolio (UDI) ya adelantaba que la presentación del documento ocurriría próximamente, al que se sumarían también cores de RN. ¿A qué apelaron? A un abandono de deberes y faltas graves a la probidad, acreditados, dicen, en los informes de la Contraloría.

“Contravención grave al principio de probidad”

La ley 19.175, encargada de la regulación de las elecciones sobre gobernadores regionales, es la que especifica las formas en que se puede cesar de su cargo a la autoridad regional. En el artículo 23 sexies, letra c) se ilustran los requisitos para que se alcance dicha acción.

El grupo de cores de la UDI, RN y republicanos se acogieron al “incurrir en una contravención grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono de deberes” para incurrir en contra de Orrego.

Afirmaron que los eventos no eran hechos aislados y que formaban parte de un patrón persistente de posible utilización de recursos públicos, junto con el uso de la institucionalidad y negligencia grave en el control administrativo del Gobierno Regional Metropolitano.

Ignacio Dülger, jefe de la bancada del Partido Republicano, dijo que “este no es un simple caso de mala gestión o errores administrativos aislados: estamos frente a una serie de errores sistemáticos del aparato público para fines personales e incluso, electorales. La evidencia es clara y la gravedad es inaceptable”.

Además acusó de que se usufructuó el gobierno regional “transformándolo en una plataforma de campaña personal.

Bellolio, en tanto, fue severo en señalar que “el documento que emplaza al gobernador está fundado en el abandono de deberes. Los hechos están acreditados en informes de Contraloría“. El monto defraudado, señalan, equivaldría a $6.700 millones.

En tanto, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, enfatizó que “el documento que emplaza al gobernador está fundado en el abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Los hechos están acreditados en informes de la Contraloría que documentan uso indebido de fondos públicos, coaching electoral y descontrol financiero por más de $6.700 millones”.

Asimismo, dijo que el escrito tenía un “alto nivel jurídico” y con “fundamentos sólidos”. “Si el TRICEL es concordante con su propia jurisprudencia, vamos a obtener el resultado que se solicita en el escrito, y confiamos en que este requerimiento marcará un precedente importante en materia de responsabilidad y probidad”.

Los antecedentes presentados contra Orrego

Asimismo, los consejeros que presentaron el requerimiento detallaron sus motivos. Allí enumeraron, en el punto de faltas graves a la probidad administrativa, “uso de recursos públicos en actividades electorales”; “uso político de redes institucionales“, donde enfatizaron un redireccionamiento a las cuentas en redes sociales personales de él.

A ello se sumó “propagan encubierta en medios oficiales“, cuestionando la priorización de la imagen del gobernador. También hay una queja por usar el sitio web de la gobernación para su “defensa política“.

El en el punto de irregularidades en la gestión financiera, resaltaron diferencias contables de $21 mil millones, rendiciones duplicadas, “facturas infladas” y pagos de horas extraordinarias no realizadas, junto con tratos directos sin sustento legal.

En abandono de deberes, en tanto, apuntaron a Orrego de una ausencia de manuales, controles internos y mecanismos de verificación básicos, además de una concentración de funciones claves sin separación de responsabilidades.