Las duras críticas que deslizaron Dorothy Pérez y la presidenta del CFA a la “ley de amarre” en proyecto de reajuste al sector público

Ayer, la comisión de Hacienda de la Cámara, que analiza el reajuste del sector público, vivió una jornada clave, luego de las exposiciones de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides.

Pese a que no se terminó de votar la iniciativa completa, los diputados sí visaron el reajuste para los funcionarios públicos por 12 votos a favor y uno en contra, del republicano Agustín Romero.

Por otro lado, el polémico artículo 114 que la oposición denomina “ley de amarre” se aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra, con los apoyos del oficialismo y el texto original de dos años de plazo para reclamar el despido, ya que se rechazó la modificación del Ejecutivo, que elevaba dicho plazo a cinco años.

Los cuestionamientos a la “ley de amarre”

Según consigna Diario Financiero (DF), Dorothy Pérez se inclinó por una mirada crítica al artículo relativo a la “confianza legítima”, bautizado por la oposición como “ley de amarre”, respecto del aumento de requisitos para la desvinculación de los funcionarios a contrata en la administración pública, pese a la indicación del Gobierno que aumentaba de dos a cinco años el requisito de servicios continuos en esta calidad en la respectiva institución empleadora a reclamar.

Además, su exposición contribuyó a confirmar la postura de la oposición, en cuando a que no existe el financiamiento adecuado para el reajuste fiscal. Ello, porque si bien la contralora reconoció que existen tres fuentes posibles de financiamiento —Tesoro Público, reasignaciones de gasto corriente e incremento de gasto personal; y adicionalmente, la eventual reducción del gasto que implicaría la medida que a punta a reemplazar con solo una contratación por cada tres funcionarios que salgan del servicio—, también advirtió que “hay que tener muy presente que estas tres provisiones no existen sólo para financiar la ley de reajuste, tienen por objeto financiar una multiplicidad de otros gastos”.

Y respecto de la polémica sobre la “confianza legítima”, Pérez fue enfática en que el artículo en debate “incorporado de esa manera, lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario, pero no se hace cargo de los efectos que tienen esta modificación en el resto del sistema”, por lo que se cuestiona si “abrir estas compuertas es beneficioso”.

“El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria, porque los funcionarios que han estado haciendo esa carrera pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco, que pueden acceder a cargos de mucho mayor grado en desmedro del resto de los funcionarios públicos, que se han desempeñado por largos años en la institución”, explicó.

Por su parte, la presidenta del CFA, Paula Benavides, comentó que dado que el reajuste fiscal nominalmente es de 3,4%, implementado en dos etapas correspondientes a 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, el costo fiscal para el presente año es de US$1.668 millones; es decir, un 1,7% del gasto publico aprobado, por lo que se requerirá un financiamiento adicional de US$822 millones para costear el proyecto.

En ese contexto, Benavides remarcó que el reajuste se realiza en un escenario de “estrés fiscal” —déficit estructural persistente, incumplimiento de la meta de balance estructural, nivel de deuda bruta cerca al prudente y bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social—, por lo que recomendó que “la Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias como de un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público”.