La querella que sacude al Nido de Águilas: apoderados acusan al colegio por omisión de denuncia tras hecho de connotación sexual a estudiante menor de 12 años

Una querella por el presunto delito de omisión de denuncia fue interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de autoridades del colegio Nido de Águilas, en la comuna de Lo Barnechea, tras un hecho de connotación sexual ocurrido entre estudiantes de 6º básico al interior del establecimiento, en diciembre de 2024.

La acción judicial fue presentada por el padre del alumno afectado (menor de 12 años en el momento de los hechos), representado por el abogado Alejandro Huberman, y se dirige contra la subdirectora del Nido de Águilas y contra todos quienes resulten responsables, por no haber denunciado los hechos ante el Ministerio Público o las policías dentro del plazo que establece la ley.

Según el escrito, el episodio se produjo el 10 de diciembre de 2024, luego de una clase de educación física en el Nido de Águilas. En ese contexto, otro estudiante habría realizado una conducta de carácter sexual en contra del niño en los camarines del colegio. El menor informó lo ocurrido a profesores del establecimiento y posteriormente fue entrevistado por la subdirección.

De acuerdo con la querella, la familia no fue informada formalmente por el colegio Nido de Águilas el mismo día. La madre del alumno tomó conocimiento al día siguiente a través de terceros -la llamó otra apoderada del colegio que se enteró- y acudió al establecimiento para solicitar explicaciones. En esa instancia —según se consigna en la presentación— se le habría indicado que recibiría un correo con el detalle de lo sucedido, el cual no llegó.

El documento sostiene que, pese a haber tomado conocimiento de los hechos, el establecimiento no efectuó denuncia ante Fiscalía, Carabineros o la Policía de Investigaciones. La acción judicial cita el artículo 175 del Código Procesal Penal, que establece la obligación de directores, inspectores y profesores de denunciar delitos que afecten a alumnos o que ocurran dentro del establecimiento educacional en las primeras 24 horas.

Ante la situación, los padres recurrieron directamente a Carabineros, quienes derivaron los antecedentes al Tribunal de Familia, considerando que el presunto agresor sería inimputable penalmente por su edad. En ese marco, el Centro de Medidas Cautelares de Santiago solicitó informes técnicos respecto del impacto emocional en el menor.

Posteriormente, el 16 de diciembre, la directora del colegio contactó a la familia para informar que la investigación interna había concluido. Según la querella, en una reunión sostenida el 19 de diciembre se les habría comunicado que el establecimiento no presentaría denuncia, decisión que habría sido adoptada por la rectoría.

En la presentación se solicita que el Ministerio Público investigue la eventual configuración del delito de omisión de denuncia, ilícito que contempla sanciones de multa. La causa se encuentra en etapa inicial y será la Fiscalía la que determine si existió incumplimiento de la obligación legal por parte de las autoridades del establecimiento.

Según el abogado de la familia denunciante el colegio no se ha puesto en contacto con ellos desde la querella. Los hijos de la familia se mantienen en el establecimiento.

Este medio mantiene en reserva la identidad de los menores involucrados conforme a la normativa vigente de protección de la infancia y también otros datos de la causa.

La respuesta del colegio

El colegio Nido de Águilas fue consultado por el caso. La respuesta institucional fue la siguiente:

“El hecho denunciado una vez puesto en conocimiento del colegio generó la activación de todas las medidas de protección e investigación necesarias. Los procedimientos se ejecutaron de conformidad con la normativa interna y, asimismo, respetando los estándares de transparencia y debido proceso pertinentes a una situación de estas características. Por recomendación de Estudio Colombara, asesor legal para estas materias, el establecimiento no denunció los hechos vividos por el menor en sede penal, toda vez que no revestían las características de delitos y, asimismo, involucraban a un menor de 12 años diagnosticado con síndrome del espectro autista. La conducta desplegada por el establecimiento tuvo en especial consideración lo dispuesto en la Ley N° 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista”, enviaron en un documento escrito.

Y cerraron: “Es importante consignar que la familia que formuló la denuncia solicitó como ‘medida reparatoria’ la asignación de una beca completa de escolaridad para su hijo, advirtiendo que de no ser acogida su solicitud realizarían una presentación ante la justicia del caso. La querella finalmente fue presentada ante la negativa del colegio a aceptar lo requerido por la familia”. 

Las consultas de la Superintendencia al Nido de Águilas

Como parte del proceso judicial, también se le ofició del caso al Ministerio de Educación, a través de la Superintendencia, que fue consultada por The Clinic.

“El 3 de noviembre de 2025 como Superintendencia de Educación recibimos una denuncia por parte de un apoderado del Colegio Nido de Águilas relacionada con una situación de connotación sexual que habría ocurrido a fines de 2024 entre estudiantes de 6° básico”, señalaron.

Y agregaron: “Tal como establece el procedimiento de atención de denuncias, se solicitaron los antecedentes al establecimiento educacional, los que fueron proporcionados en los plazos establecidos y se encuentran en etapa de análisis técnico. Esto significa que se está indagando si los procedimientos adoptados por el colegio se ajustaron a lo establecido en la normativa educacional y si se aplicaron medidas de resguardo para los estudiantes afectados”.

Sobre en qué punto está la denuncia plantearon que “si bien no es posible anticipar los resultados de un proceso que se encuentra en curso, es importante insistir en la responsabilidad que recae en los establecimientos en relación con la seguridad y bienestar de sus estudiantes, y reiterar que ante hechos de esta naturaleza se debe activar el “Protocolo de actuación frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de estudiantes”, que debe estar en su reglamento interno y cumplir con contenidos mínimos, tales como: indicar personas responsables de investigar lo ocurrido, establecer plazos, medidas de resguardo y apoyo psicosocial para las o los estudiantes afectados, entre otros aspectos. Además, la normativa indica que los establecimientos deben denunciar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito al Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones dentro de las 24 horas siguientes en que hayan tomado conocimiento de la situación”.

Por último, cerraron: “Hacemos un llamado a las comunidades educativas a estar alerta ante situaciones que pudieran vulnerar la integridad física y/o psicológica de niñas, niños y adolescentes, mantenerse informados sobre el reglamento interno, los protocolos de actuación y los canales de información con el establecimiento, así como a fortalecer las medidas de prevención para evitar hechos de este tipo”.