Ciudad
10 de Marzo de 2026Alcaldes en alerta por el crimen organizado: los 1.700 días bajo protección de Gustavo Toro, jefe comunal de San Ramón desde 2021
La aparición del cuerpo de una mujer en el frontis de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, volvió activar los protocolos de seguridad sobre los ediles que han presentado amenazas y que se encuentran bajo protección reservada de Carabineros. El jefe comunal de San Ramón es uno de ellos, quien ha estado con personal PPI desde que asumió en mayo de 2021 tras el revuelo que ocurrió al ganarle en las urnas al exalcalde Miguel Ángel Aguilera, en medio de una investigación por corrupción y vínculos con el narcotráfico de la zona sur de Santiago.
Compartir
Una caja sin mayor importancia, pero con un fuerte olor a descomposición llamó la atención de los vecinos de la calle Embajador Gómez, la tarde del domingo, en Quinta Normal.
El malestar en el barrio provocó llamados, lo que derivó en que un equipo de Aseo y Ornatos del municipio acudiera a retirar los escombros. Pero en medio de esa labor, los funcionarios se percataron que había un cuerpo con evidentes signos de descomposición.
Las alarmas se levantaron. Llegó la policía y comenzaron las diligencias. A esa altura del domingo ya se investigaba el hallazgo como un crimen por las señales del cadáver. Sin embargo, lo que alteró la situación fue que se detectó que la caja se había arrojado frente a la casa de la alcaldesa de la comuna Karina Delfino, quien–sorprendida–activó los protocolos y fue contactada de inmediato por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
La primera medida fue aumentarle protección mientras las pesquisas de la Brigada de Homicidio confirmaban la amenaza o la descartaban bajo un tesis de que el crimen organizado podría haber enviado una señal de intimidación a la jefe comunal.

En esa línea, las diligencias apuntaron a revisar las cámaras de vigilancia de las calles del barrio en las cuales detectaron que la caja con el cuerpo de una mujer de 26 años fue arrojado desde ese vehículo pesado. Hasta el cierre de esta nota, la PDI reportaba la detención del conductor del camión, de 52 años, que transportó el cuerpo la tarde del domingo. En estos momentos, era interrogado por funcionarios de la Brigada de Homicidios.
“Hubo una evaluación un poco más global de la situación de seguridad en el municipio y especialmente en aquellos aspectos que están vinculados a su seguridad personal, en que existen algunas cuestiones preventivas que nos interesa resolver con ella para su tranquilidad, de su familia y de los funcionarios”, indicó el ministro Luis Cordero.
En el Ministerio de Seguridad sostienen que son cuatro los alcaldes que están bajo protección: la alcaldesa de La Pintana, Claudio Pizarro, el exedil y senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, el edil Mario Desbordes y el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro. Todos amenazados por bandas vinculadas al narcotráfico, en especial por las intervenciones realizadas de los narco mausoleos entre 2024 y 2025.
Toro, eso sí, comenzó con la seguridad de carabineros antes de asumir como edil en mayo de 2021, pues fue amedrentado por los seguidores de Miguel Ángel Aguilera, quien perdió el sillón municipal a manos del militante DC luego de que se tuviera que repetir la elección al acreditar vicios y fraudes en los comicios realizados en la pandemia.
Alcalde de San Ramón: “Desde que soy alcalde, no he estado ni un minuto sin protección”
Su ascenso como alcalde no fue fácil. Tuvo que enfrentar por varios meses al “aguilerismo” que nunca asumió que su líder quedara fuera del municipio y que cayera detenido por delitos vinculados a corrupción como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
“Estuvieron por harto tiempo con mensajes en mis redes sociales, lo que fue denunciado”, comenta a The Clinic, el alcalde Gustavo Toro.
Tuvo unos meses de tranquilidad. Pero las alertas aumentaron cuando tomó la decisión de enfrentar la narcocultura con apoyo de la delegación presidencial. Aceptó participar de los operativos para destruir los mausoleos que recordaban a los jefes y soldados narcos de la Región Metropolitana.
Así, entre 2022 y 2023 vivió bajo amenazas. A pesar de que antes de ejecutar la demolición se informaba a las familias, igualmente se les hacían llegar las advertencias. Sobre todo de los memoriales de la población La Bandera, lugar que concentra las operaciones de las bandas más importantes de la zona sur de Santiago.

“He sido un opositor firma del narcotráfico desde que llegué. Entonces es natural esto que ocurre porque tiene un efecto. Vemos mucho armamento y mucho tráfico en los barrios”, dice el jefe comunal, cuyas alertas subieron hace pocos días al anunciar un proyecto único de seguridad para San Ramón: se instalaran 600 cámaras de vigilancia, las cuales serán operadas por máquinas con inteligencia artificial.
El alcalde Toro recuerda además un episodio curioso en medio de estos operativos. Asegura que cuando una retroexcavadora botó un narcomousoleo en la plaza Navidad, en la cancha Del Rayo como es conocida, apareció un cartel de propaganda electoral del exalcalde Miguel Ángel Aguilera.
“El personal de Carabineros está en todo momento afuera de mi oficina. En cada salida tenemos que planificar las rutas y las dificultades. Así hemos estado. A ratos es agotador la situación”, revela Toro.
Estas “sombras” de seguridad se preocupan cada cierto tiempo por situaciones de riesgo que van ocurriendo. El último hito que alteró la rutina del edil de San Ramón ocurrió el 12 de enero pasado cuando hubo un hallazgo de armamento en bodegas municipales.
El arsenal incautado incluyó pistolas, un rifle y cuchillos, cuyas armas fueron halladas en un casillero. Al llegar la policía, se detuvo a un funcionario, quien fue calificado como “histórico” de las administraciones de Miguel Ángel Aguilera.
El alcalde abrió un sumario para determinar el origen del armamento, cuyas hipótesis apuntan a un comiso en una vivienda que nunca se entregaron a la policía o que pertenecieron a un extrabajador que fue vinculado a esta red de personas que se contrataron en un momento con antecedentes penales, como acreditó en 2020 un informe de Contraloría.
La protección de Gustavo Toro se verifica cada meses por parte del Ministerio Público. Este grave decomiso de enero pasado determinó mantener por unos meses más la cobertura especial de Carabineros y las rondas en su entorno.




