Desde una querella hasta restituir los dineros de la pensión que recibía su familia: los escenarios judiciales que podría enfrentar Bernarda Vera

Según los registros del Museo de la Memoria, Bernarda Vera —profesora de Enseñanza Básica— fue detenida y ejecutada cuando tenía 27 años el 10 de octubre de 1973. Desde entonces figura como detenida desaparecida, sin embargo, un examen de ADN confirmó que ella se encuentra viviendo hace años en Argentina.

Bernarda Vera militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y era perseguida por militares tras el inicio de la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet. Según los registros, fue detenida junto a otros obreros y fueron fusilados en el Puente Toltén. De hecho, figura en el Informe Rettig como desaparecida desde esa fecha.

Según se conocía, Vera tenía una única hija nacida en Chile, quien la buscó por años y, hasta donde se conoce, recibe una pensión por el crimen de su madre. Sin embargo, Bernarda Vera no murió. Es más, vive desde ese entonces en Argentina con otro nombre.

La otra vida de Bernarda Vera

Un reportaje de Chilevisión realizado en septiembre del año pasado logró establecer que la mujer huyó de su detención y cruzó hacia Argentina. Desde allí se trasladó a Suecia, donde vivió hasta 1999.

Vera tiene un DNI argentino, donde aparece como chilena nacida el 4 de febrero de 1949 en Chile, pero en su certificado original su nacimiento se establece en esa misma fecha, pero del año 1946. En Argentina vive hasta la fecha, con uno de los hijos que tuvo en su segundo matrimonio.

Gracias a eso, se abrió una investigación y este lunes se conoció que “los antecedentes científicos acreditaron una probabilidad de identificación de la señora Bernarda Rosalba Vera Contardo superior al 99,9999%”. Es decir, Bernarda Vera siempre estuvo viva en distintos países, siendo su última residencia el territorio argentino.

¿Podrían existir consecuencias legales?

Consultado sobre la existencia de un delito por parte de Bernarda Vera, el abogado e investigador del Centro de Estudio en Seguridad de a Universidad Central, Hugo Muñoz, explicó a The Clinic que “han pasado muchísimos años, habrá que estudiar con detención una cuestión de contenido penal que es cuando se produce el delito y cuál es la ley aplicable a esos eventuales delitos”. 

“Abre una discusión interesante y, a partir de ello, determinar si en la fecha del eventual delito (…) cuál va a ser la ley aplicable y cuál va a ser el tribunal competente“, agregó.

Por otro lado, con respecto a si se tendrán que devolver los dineros de la pensión que entregó el Estado a la familia, Muñoz afirmó que “es una materia que debe estudiar el Consejo de Defensa del Estado si estamos en presencia de una conducta defraudatoria del interés fiscal y, por lo tanto, será el CDE el que tenga que hacer esa valoración jurídica y tomar las acciones judiciales respectivas”.

En ese sentido, es el mismo CDE quien debe determinar si presentará una querella en contra de Bernarda Vera por no aclarar que no se trataba de una detenida desaparecida.