Marco Antonio Ávila, exministro de Educación: “Retroceder en los SLEP sería abandonar nuevamente a la educación pública”

El 11 de marzo de 2022, Marco Antonio Ávila marcaba un hito en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El símbolo era evidente: un profesor a la cabeza del Ministerio de Educación. Pero pasó el tiempo y la gestión se enredó. Incluso, le tocó sortear favorablemente una acusación constitucional. Eso sí, tiempo después, en agosto de 2023, Boric optó por removerlo para nombrar a Nicolás Cataldo.

Actualmente, Ávila es director de la Junji en la región de Coquimbo, cargo designado por Alta Dirección Pública en el que su permanencia dependerá del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

—¿Qué balance hace de la gestión en educación del gobierno del expresidente Boric?

—Los balances son evaluaciones generales, y en ese marco, pienso que el saldo es positivo. Este gobierno recibió un sistema educativo en crisis tras la pandemia. Hoy la deserción escolar bajó de 7,6% a 1,5%, se recuperaron más de 35 mil cupos y la asistencia mejoró en todo el país. Por eso, cuando se instala un relato de fracaso parece injusto, basta con revisar los datos. Ahora bien, también es posible observar un aumento de los resultados académicos, evidenciado por las mediciones censales y estandarizadas con las que cuenta el país. (SIMCE Matemática 4° básico: 250, 259 y 264 puntos, en los años 2022, 2023 y 2025 respectivamente).

—¿Fue un fracaso la implementación de los SLEP?

—La implementación de los SLEP es la respuesta para recuperar la educación pública en Chile. Durante décadas el sistema municipal dejó enormes desigualdades entre comunas. La nueva educación pública busca justamente terminar con eso: más apoyo a las escuelas, mejor gestión y más recursos donde más se necesitan. Por supuesto que hay que hacer ajustes, pero retroceder sería abandonar nuevamente a la educación pública. También resultará importante mantener los procesos de selección de sus directivos, buscando cada vez a personas con experiencias demostradas en gerencia pública. Resulta necesario, eso sí, que todo se mantenga el calendario de implementación y continuar realizando las correcciones que sean necesarias. 

—¿Cuáles diría que son los principales logros del gobierno en materia de educación?

—Señalaría en primer lugar, el reconocimiento de la deuda histórica. Esta fue un deuda de varios gobiernos. Tras la promulgación de la ley más de 57.000 profesores jubilados se verán beneficiados. Otro avance es ley de modernización de la educación parvularia, permitiendo un registro claro sobre oferta y demanda, liberando 12 mil cupos. Esto abre un desafío importante para el nuevo gobierno, incorporando la variable de la natalidad, que se encuentra a la baja en nuestro país.  

Una tercera acción importante fue el aumento en la inversión en infraestructura educativa entre 2022 y 2025, superior a los $420 mil millones, considerando que el país enfrentó un déficit fiscal importante. Hoy, más escuelas y liceos del país poseen un mejor local. Todo esto son hechos, no promesas. 

—¿Qué autocrítica hace de su paso por el gobierno y por qué cree que no terminó en el gabinete?

—Si hay una autocrítica, es que algunas reformas del programa debieron impulsarse con más rapidez en el Congreso. Pero también hay que decirlo con claridad: muchas veces la discusión se entrampó por presiones e intereses que buscan frenar los cambios en educación.

Esta demora también se vio influida por la verdadera emergencia que implicó recuperar el sistema educativo. Respecto de mi salida, esta es una decisión que siempre corresponde al Presidente, y quienes estamos en el servicio público entendemos que los proyectos colectivos están por sobre los nombres y los cargos.

—¿Con qué sensación queda tras no resolver lo del CAE?

—Es lamentable que el sistema político no haya estado a la altura para resolver el problema del CAE. Miles de familias siguen cargando con una deuda injusta porque el Congreso no quiso votar una solución que, además, significaba ahorro para el Estado y corresponsabilidad en el pago.

Toda la trayectoria educativa necesita mejorar su financiamiento, pero esta solución presentada por el ejecutivo significa a largo plazo un ahorro para el Estado y fortalecer la corresponsabilidad en la deuda por parte de los deudores. 

—¿Qué balance hace del gobierno en general?

—Este gobierno gobernó en uno de los escenarios más difíciles de las últimas décadas: post pandemia, con recursos limitados y tras la derrota del primer plebiscito. A pesar de eso, se avanzó en derechos sociales como Copago Cero, pensiones y el Plan de Emergencia Habitacional, y además se logró contener la inflación. Creo que, en un escenario de verdadera emergencia post pandemia, con un presupuesto fiscal reducido y con el desafío importante de recuperar la economía, lo realizado está dentro de lo posible. 

Me parece que al progresismo le queda mucho camino para seguir liderando proyectos políticos para empujar un modelo de sociedad más justo y que impacte en la vida de los chilenos y chilenas.  

—¿Qué impresión tiene de la nueva ministra, María Paz Arzola?

—Entiendo que la ministra viene del mundo de los centros de estudio, por tanto, en principio conoce las materias de la cartera. Habiendo vivido la experiencia del cargo, le recomendaría mantener siempre las puertas abiertas al diálogo, generar un vínculo cercano, una escucha activa con el profesorado, el estudiantado, los sostenedores, los rectores y los gremios. Si algo tuvo el programa de gobierno del presidente Boric fue haber incorporadola mayor cantidad de voces en el diseño de las políticas educativas. Ciertamente también le deseo éxito en su gestión. Sé que no es fácil.

—¿Cuál cree que va a ser el principal desafío de Kast en educación?

—El primer desafío educativo será mantener la ruta de mejoramiento ya en marcha, especialmente la revinculación de quienes han desertado del sistema. El segundo buscar una propuesta para destrabar proyectos que impactan a la ciudadanía como sala cuna y cambio del modelo de financiamiento de la educación superior. El riesgo de algunos proyectos políticos es que se debilite el rol del Estado en la educación pública. Como país nos queda avanzar hacia una institucionalidad que transite desde la rendición de cuentas y la presión, al apoyo y confianza en quienes educan día a día.