Promulgan Ley de Convivencia Escolar tras ola de violencia en colegios: los detalles de la norma que abre la puerta a la instalación de detectores de metales

Después de múltiples emplazamientos de parlamentarios y otras figuras al Gobierno por tomar medidas concretas a raíz de los graves casos de violencia en colegios que se han registrado estas últimas semanas, finalmente se publicó en el Diario Oficial la Ley de Convivencia Escolar que estuvo casi dos años debatiéndose en el Congreso.

La norma, que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en establecimientos educacionales, plantea una serie de modificaciones y alternativas que podrán implementar los colegios.

Además, la ley plantea una serie de deberes en las comunidades estudiantiles, tanto por parte del establecimiento como de apoderados y estudiantes, con el objetivo de promover el buen trato en las comunidades estudiantiles y frenar la violencia.

Con todo, el detalle de lo que se podrá realizar y la manera en que se hará se encontrará detallado en reglamentos y orientaciones que ya están elaborando en el Mineduc liderado por María Paz Arzola para que “puedan avanzar con mayor agilidad en la instalación de detectores de metales”.

Y es que según la ley, para dar aplicación práctica a la norma se debe dictar un reglamento al que también debe suscribir el Ministerio de Seguridad, para el cual tienen un plazo máximo de 12 meses de elaboración desde la publicación de la norma en el Diario Oficial.

Además, se plantean una serie de lineamientos que debe realizar tanto el ministerio como las propias comunidades.

Consejos, lineamientos y reglamentos: qué dice la nueva ley

Por ejemplo, la norma lee que “corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, elaborar la Política Nacional de Convivencia Educativa con el objeto de definir lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones para la promoción de una buena convivencia educativa, y la prevención y erradicación de toda forma de violencia, acoso y discriminación en todo el sistema educativo”.

“La Política contemplará objetivos, enfoques y dimensiones aplicables a los distintos niveles
y modalidades educativas. Para la implementación de la Política, el Ministerio de Educación dispondrá, a su vez, de un Plan de Acción Nacional, con el objetivo de garantizar la coordinación, eficacia y eficiencia en la actuación de los servicios e instituciones públicas que componen el sistema educacional, en relación con los distintos ámbitos contemplados en la Política. El Plan establecerá las categorías, acciones, medidas y metas institucionales, e identificará a los organismos responsables, así como los indicadores y plazos correspondientes”, plantea.

Dicha Política y Plan que debe elaborar el Mineduc tendrá una vigencia de ocho años y será evaluado por las subsecretarías pertinentes cada dos.

Aunque aún así, este Plan, según lee la ley, tiene que tener un mínimo de contenidos, entre los que se plantean estrategias y acciones para promover el bienestar de la comunidad educativa y asegurar la correcta gestión de estas situaciones.

Entre las 24 páginas de documento, se lee que además se debe “diseñar, implementar y aplicar un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en los establecimientos educacionales, con el objetivo de orientar la mejora continua del sistema educativo en sus distintas dimensiones”.

Además, se define que se creará un Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, cuyos cinco miembros -profesionales reconocidos en el ámbito de la educación o desarrollo de políticas públicas- serán definidos por el Presidente de la República, quien los propondrá al Senado.

Aunque para la primera designación de este consejo, el Presidente propondrá tres candidatos con vigencia de seis años y dos por un periodo de tres.

También se define la responsabilidad que tendrán los establecimientos en el manejo de acoso o violencia hacia estudiantes, profesores u otros miembros de la comunidad.

Es en esa línea también que se establece que los sostenedores de los establecimientos “podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar o detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 21.659, sobre seguridad privada”.

Aunque aquello “solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen
su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”.

Dichas herramientas tecnológicas eso sí deberán ser controladas mediante un protocolo interno, que incorpore una serie de medidas que garanticen la no discriminación o el daño a la vida privada o la honra de las personas.

Así como también deberá considerar “mecanismos de respuesta y coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a la detección de armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares”.

De todas formas, esta ley entrará en vigencia en tres meses más. Es decir, el 1 de julio.