Gobierno se abre a sumar medidas a plan educacional tras ataque a Lincolao y UDI pide quitar gratuidad universitaria a involucrados en ataques

Una puerta se abrió en la discusión legislativa luego del ataque sufrido por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, cuyos ejecutores fueron estudiantes de esa misma casa de estudios, según ha informado el propio Gobierno.

La secretaria de Estado visitó la universidad para inaugurar el año académico, pero ello no fue impedimento para que alumnos del campus Isla Teja se manifestaran en contra de Lincolao y de las medidas anunciadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia educacional e investigación académica.

En particular, el grupo estudiantil y agresor se quejó de los recortes de becas estudiantiles y de las políticas gubernamentales de Kast, que consideraron pancartas sobre la “crisis climática” y la “defensa de las infancias y la educación”.

Ese descontento llevó a que la ministra estuviera encerrada en el Aula Magna del campus por dos horas y que, al momento de abandonar el lugar, hubiera resistencia con su salida. Individuos quisieron retenerla para propinarle golpes y otros, incluso, pudieron lanzarle un líquido encima.

La situación provocó el respaldo explícito del Gobierno y del Presidente Kast, quien ayer brindó una declaración desde el Palacio de La Moneda flanqueado por sus ministras mujeres y por la propia Lincolao. “Esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable”, sostuvo el mandatario. Durante la jornada se notificaron querellas contra quienes resultaran responsables por agresión a la autoridad.

El evento ocurrió en la semana en que el Ejecutivo cambió rumbo respecto de sus prioridades legislativas, pues postergó la presentación al Congreso del Plan de Reconstrucción Nacional, trasladando su foco hacia el plan “Escuelas Protegidas”, enfocado en los episodios de violencia escolar.

No obstante, el ataque a Lincolao abrió la posibilidad de que se considere a la educación superior en el paquete de medidas, sobre todo respecto al ítem de gratuidad universitaria, beneficio que se vería perjudicado para los estudiantes secundarios que estuviesen involucrados en episodios violentos que contemplaran condenas.

La apertura la mostró la ministra vocera, Mara Sedini, quien afirmó esta mañana en Tele13 Radio que “esto nos llama a cuestionarnos muchas cosas y actuar con celeridad y avanzar en que en Chile se tienen que tomar medidas más severas y distintas“.

Fue en eso en que mencionó que sancionar a universitarios con la gratuidad era algo que en el Gobierno iban a “evaluarlo”.

“Necesitamos los antecedentes y cuando tengamos toda la información, de todas maneras vamos a avanzar en algún tipo de proyecto que implique el tomar medidas más severas ante situaciones como esta“, aseveró la vocera.

Más explícito en el tema fue el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. El ex Amarillos por Chile junto con mencionar que “no se puede llamar estudiantes a quienes actúan de esa forma“, sostuvo que “uno perfectamente en la discusión del Congreso puede presentar las indicaciones” para sumar a los estudiantes de educación superior en las medidas punitivas y quitarles directamente el beneficio de la gratuidad universitaria, destinada a los estudiantes con menores ingresos en el Registro Social de Hogares (RSH).

“Lo que ayer vivimos fue un acto de extrema violencia, de agresividad de barbarie (…). A propósito de esta discusión que tenemos, podemos que indicar que esto también quepa en la universidad o en institutos superiores“, sostuvo el subsecretario.

Pero horas después, Sedini insistió en el punto que había marcado más temprano. Desde el Palacio de La Moneda concedió una vocería, en la que dijo sobre quienes atacaron a Lincolao que “no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado”, por lo que se abría un “debate necesario urgente y que tenemos que tener como país de manera urgente“.

Y adelantó: “Vamos a avanzar en indicaciones“.

“Ni un milímetro más a la violencia”: Diputados respaldan añadir el retiro de la gratuidad

Las declaraciones del Gobierno encontraron un rápido respaldo en el mundo parlamentario.

El diputado Ricardo Neumann (UDI), integrante de la comisión de Educación, señaló que “el principio es básico y de sentido común: quien violenta lo que es de todos no puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos“.

En esa línea, el diputado consideró que la gratuidad, el transporte escolar y los subsidios “deben ponerse en cuestión para quienes optan por atacar lo público, independiente si están en colegios, universidades o cualquier otro contexto”.

“Ni un milímetro más a la violencia. Si bien hoy estamos avanzando en contextos escolares, la aplicación de este principio debe ser general“, concluyó.

Asimismo, la bancada de la UDI anunció, a través del presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, que presentarían un proyecto de ley para extender la pérdida de la gratuidad universitaria a estudiantes universitarios condenados por hechos violentos.

En concreto, la medida incorporará una causal de pérdida del beneficio de la gratuidad, aplicable para los estudiantes que sean condenados por “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”.

La diputada Paz Charpentier (Partido Republicano) sostuvo a este medio que “voy a impulsar que todos los estudiantes condenados por delitos de violencia en espacios educacionales pierdan beneficios, como la gratuidad universitaria”.

Sin embargo, en la misma comisión de Educación la idea no termina por convencer a todos. “Tenemos que hacernos cargo de la realidad que está ocurriendo en las comunidades escolares, pero a través de eslogan, de ataques, de amenazas en vez de mejorar la situación, empeora“, sostuvo el diputado Héctor Barría (DC).

“Valoramos la mirada de la ministra Sedini, solidarizo con la ministra Lincolao, pero más allá de esto, tenemos que terminar con este clima bélico-político“, cerró.