PC arremete contra el Gobierno por querer modificar gratuidad universitaria y pide no usar ataque contra Lincolao como “caballito de Troya”

Un remezón en la agenda política provocó la agresión que sufrió ayer la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast actuó rápidamente. Durante la jornada anunció una querella contra quienes resultaran responsables por agresión a la autoridad, mientras que por la noche fue el propio mandatario quien reiteró su respaldo a Lincolao, en un punto de prensa que contó con varias ministras mujeres, la primera dama, Pía Adriasola, y con la propia afectada.

Sin embargo, este jueves el Gobierno redirigió sus fuerzas, esta vez, hacia la arena legislativa.

En la semana en que presentó los proyectos de ley en el marco del plan “Escuelas Protegidas” —que buscan modificar el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, así como también la implementación de medidas preventivas para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad escolar—, se ha comenzado a mostrar apertura a no cerrar la discusión solamente a la educación primaria y secundaria, sino también añadir a la educación superior en el tema.

Así lo sostuvo durante esta mañana la vocera de Gobierno, Mara Sedini. Desde el Palacio de La Moneda, la secretaria de Estado afirmó que quienes hicieron el ataque contra Lincolao “no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado”, y que la situación se trataba de “un debate necesario, urgente“.

Los beneficios que otorga el Estado han sido tema en el plan de “Escuelas Protegidas”, puesto que una de las medidas plantea la inhabilidad de estudiantes secundarios de acceder a la gratuidad universitaria en caso de que estuviesen condenados por eventos violentos relacionados a entornos educacionales.

El beneficio es otorgado a quienes se encuentren entre los grupos socioeconómicos de menores ingresos en el Registro Social de Hogares (RSH) y postulan a una carrera técnica o universitaria en una universidad o centro de formación técnica adscrito a la gratuidad.

Las declaraciones de Sedini apuntaron a que en el Ejecutivo había apertura para anular la gratuidad universitaria para quienes ya la habían recibido y actualmente cursaran estudios de educación superior. De hecho, la intervención de la vocera ocurrió cuando ya la bancada de la UDI había anunciado la presentación de un proyecto de ley para suprimir el beneficio a los estudiantes que estén involucrados en “delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública”.

“Es importante el ir agregando materias que impliquen resguardar la seguridad en todos los establecimientos educacionales (…). Ya se avanzó en el área de educación escolar, pero vamos a seguir avanzando. Es impresentable que personas que agreden tengan beneficios del Estado, accedan a la gratuidad o cualquier otro tipo de beneficio“, cuestionó Sedini, anticipando que el Ejecutivo presentaría indicaciones a su proyecto educacional alojado en el Congreso.

PC acusa “caballito de Troya” en la discusión

Pese a que desde el mundo de la oposición existió un respaldo unánime hacia Lincolao por su episodio, las declaraciones posteriores de Sedini no contentaron a una parte de ese sector, particularmente en el Partido Comunista (PC).

La jefa de bancada del partido en la Cámara de Diputados, Daniela Serrano, mencionó que el ataque a Lincolao era “inaceptable” y que correspondía que la universidad aplicara su reglamento interno y se ajustara a aplicar sanciones según lo definido allí.

Sin embargo, marcó un punto y afirmó: “Es importante hacer un llamado a la cautela y a la responsabilidad, porque no puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria”.

“Debemos dar una discusión que esté acorde hoy día a la responsabilidad que tenemos los parlamentarios de construir políticas públicas para erradicar la violencia de las escuelas y las universidades”, dijo Serrano —quien es integrante de la comisión de Educación, desde donde provino el proyecto de la UDI—, a la vez que añadió que se debía “hacer un llamado a quienes confunden las legítimas demandas del movimiento estudiantil con estos hechos de violencia”.

En esa línea, Serrano dijo que se pecaba de desconocer “la historia y legitimidad de los movimientos estudiantiles que han construido políticas públicas muy importantes para nuestro país, como es el garantizar el acceso de todos y todas a la educación superior”.

De la comisión de Educación, Serrano no fue la única descontenta de la idea de cortar la gratuidad ya brindada a estudiantes de educación superior. El diputado Héctor Barría (DC) también marcó su reparo: “Tenemos que hacernos cargo de la realidad que está ocurriendo en las comunidades escolares, pero a través de eslogan, de ataques, de amenazas en vez de mejorar la situación, empeora“.