Aumento de contrataciones y convenios cuestionados: las “alertas de riesgo” que dejó el primer informe de auditoría a la administración Boric

El Presidente José Antonio Kast fue parte de la segunda sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, liderado por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, el que tiene por finalidad hacer una auditoría y una inspección detallada a la administración del expresidente Gabriel Boric.

Este viernes, de hecho, el grupo entregó su primer informe con hallazgos, como se había autoimpuesto el pasado 20 de marzo.

Son más de mil auditores internos del Estado los que se encuentran realizando la recopilación de información de la gestión saliente. En los primeros cruces de datos, informó el Ejecutivo, se encontraron “señales de alerta” que podrían ameritar se investigadas, aunque actualmente están en proceso de validación y análisis.

Entre los hallazgos que se encontraron estuvo la notificación de transferencias efectuadas por montos que superaron los USD$ 140 millones y que fueron asignados a entidades que tenían menos de un año de antigüedad.

Asimismo, los auditores encontraron patrones de contratación “que podrían ser indicativos de fragmentación de compras como, por ejemplo: más de 65.000 adquisiciones realizadas mediante la modalidad de ‘Compra Ágil’ en que al mismo proveedor se le contrató el mismo servicio dos o más veces durante el mismo día“.

Por otro lado, respecto a los funcionarios públicos, se dio cuenta que hubo más de 1.000 contratos suscritos entre julio de 2025 y febrero de 2026 con “compromisos fiscales de mediano y largo plazo”. A su vez, detectaron que se incorporaron 2.500 funcionarios a las plantas de servicio en los últimos meses del año 2025, a menos de un año del fin del mandato de Boric.

Por otro lado, se constató más de 1.000 convenios terminados y pagados “íntegramente con montos no rendidos totales que superan los USD$ 50 millones”. Y, retornando a los funcionarios, hubo más de 100.000 trabajadores con licencias médicas que superaron el mes de reposo. Otros 1.000 tuvieron una extensión que superó el año.

También se detectó que reparticiones hicieron traspasos masivos de personal contratado desde honorarios a contrata antes del cierre del gobierno de Boric, a la vez que se asignaron recursos por “montos relevantes a programas con evaluaciones insuficientes o deficientes“.

“Dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”, comentó Castillo.

El comité tendrá su próxima entrega el 16 de abril, auditoría que corresponderá al año 2024. El 26 de abril, en tanto, se rendirá el año 2023, mientras que el 2022, año en el que asumió Boric, tiene como fecha estipulada el 6 de mayo.