Multas de hasta $8 millones y suspensión de tres años: las sanciones éticas que propone el Gobierno para abogados que estén o no colegiados

En el Congreso se debate una reforma constitucional que modifica el Gobierno Judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, a raíz de la profunda crisis que atraviesa el Poder Judicial debido a los delitos éticos en que han incurrido abogados y jueces tanto de la Corte Suprema como de otros tribunales y que han derivado en el caso Audio o la trama de la muñeca bielorrusa.

Es por ello que se busca mejorar este sistema, y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, expuso el martes en la comisión de Constitución del Senado que buscarán introducir una serie de indicaciones a la reforma que apuntan a fortalecer el sistema de sanciones para profesionales del derecho, estén o no colegiados.

Se buscará facultar a la Fiscalía Judicial de la magistratura para dictar normas éticas aplicables a jueces, funcionarios, auxiliares de la administración de justicia y abogados.

Según lee El Mercurio, se introducirán indicaciones con propuestas como que las reclamaciones en contra de la conducta ética de los abogados sean conocidas por los tribunales ordinarios, en procedimientos breves y sumarios.

Si el abogado en cuestión se encontrara colegiado, sería el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados el que debería resolver; mientras que si no lo está, serán los tribunales de justicia ordinaria los habilitados para imponer sanciones.

Las sanciones irían desde multa a beneficio fiscal de hasta 10 Unidades Tributarias Anuales (más de 8 millones) hasta una eventual suspensión del ejercicio de la profesión que podría ir desde los dos meses a los tres años.

Para ello también se le entregará a los colegios profesionales la legitimación para ejercer acciones y denuncias por faltas graves a la conducta ética profesional.

“Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia, existe un abogado”

“Nosotros en la actualidad somos testigos de una situación bastante lamentable. Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia, existe un abogado y si ese abogado no se encuentra colegiado en el colegio de abogados respectivos está exento de un control ético eficaz”, explicó hoy el ministro de Justicia.

Y agregó: “Nosotros creemos como un eje del Ministerio de Justicia en la probidad y en la transparencia y ese eje también nos obliga a todos los abogados a estar sujetos a un control disciplinario que sea eficiente y que sea efectivo. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas”.

Según lo que explicó el ministro, ello se traduce en que “los colegios de abogados puedan demandar en un procedimiento breve y sumario a aquellos abogados que han infringido las normas éticas que nos rigen. Y en ese caso existen sanciones importantes de multas cuantiosas y de suspensión del ejercicio de la profesión”.