Entre la obstrucción y pasar a la irrelevancia: el dilema que enfrenta la izquierda tras restarse de acuerdo por mega reforma del gobierno

Representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista se reunieron ayer con el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, para abordar el Plan de Reconstrucción Nacional ingresado por el Gobierno la semana pasada y cuya discusión comenzará el próximo lunes en la Cámara de Diputados.

Si bien ambas colectividades valoraron el gesto del ministro de abrir un espacio de diálogo, tanto el FA —liderado por Constanza Martínez— como el PC —encabezado por Lautaro Carmona— coincidieron en que la invitación llegó “tarde”, dado que el proyecto ya fue ingresado al Congreso. Además, ambos partidos manifestaron sus diferencias con la iniciativa.

El Frente Amplio insistió en que el proyecto se divida entre medidas de reconstrucción y medidas tributarias, mientras que el Partido Comunista exigió su retiro. Solicitudes que durante esta jornada fueron desestimadas por el Gobierno.

Aunque el resultado de las conversaciones no se alejó de lo esperable, señalan desde ambas partes, en el oficialismo reconocen que esperaban mayor apertura de la centroizquierda, que finalmente se alineó con el rechazo a la idea de legislar, marcando un límite firme frente a la propuesta del Ejecutivo.

En ese escenario, La Moneda comenzó a buscar un interlocutor en el Partido de la Gente (PDG). Por un lado, encontraron disposición al diálogo; por otro, los 13 votos con los que cuenta la bancada, que podrían resultar clave en la sala, considerando que el oficialismo suma 76 de los 78 votos necesarios para alcanzar la mayoría.

Ese cálculo ha abierto un debate soterrado en la oposición sobre si conviene abrirse a negociar con el Gobierno —cediendo en algunos puntos— o mantener una postura unitaria como bloque de izquierda, aun a riesgo de perder influencia frente al PDG en la Cámara.

El dilema de escoger las batallas

Parlamentarios del Socialismo Democrático señalan que el ejemplo más claro de la necesidad de negociar se evidenció en la elección de las mesas de la Cámara y el Senado el pasado 11 de marzo.

En la Cámara, la izquierda —junto al PDG— impulsó la candidatura de Pamela Jiles. Aunque contaban con los votos, el oficialismo quedó a solo dos de alcanzar la mayoría. Finalmente, la derecha negoció con Felipe Camaño (independiente-DC), ofreciéndole la vicepresidencia, y con Jaime Mulet, a quien otorgó la presidencia de la Comisión de Constitución, logrando así la testera con el diputado UDI Jorge Alessandri.

Ese revés contrastó con lo ocurrido en el Senado, donde el oficialismo alcanzó un acuerdo con el PPD, el Partido Socialista y el Partido Liberal, obteniendo posiciones clave, como dos cupos en la Comisión de Hacienda —donde se tramitará gran parte del Plan de Reconstrucción—, instancia que integrarán, entre otros, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini.

Desde la oposición, y particularmente en la izquierda, reconocen preocupación por la mayoría parlamentaria del oficialismo. En ese contexto, existe conciencia de que mantener una postura rígida no será suficiente para frenar el avance del proyecto.

Por ello, ya se están articulando gestiones entre bancadas para ordenar los votos en materias clave, no solo dentro de la oposición, sino también con la Democracia Cristiana —a través de Camaño— y el PDG.

En esa línea, fuentes de la izquierda señalan que intentarán evitar confrontaciones con parlamentarios que respalden ciertos aspectos de la iniciativa, con el objetivo de construir mayorías que permitan rechazar puntos centrales del proyecto, como la reducción del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y el artículo que obliga al Estado a compensar a empresas cuyos proyectos sean rechazados por tribunales ambientales.

Así, en la oposición esperan contener estos avances en la Cámara y trasladar la disputa al Senado, donde existe un mayor equilibrio de fuerzas y no participa el PDG. “Ahí se pueden afirmar los muebles”, dicen fuentes parlamentarias, que admiten que en la Cámara el objetivo es, por ahora, “aguantar el chaparrón”.