Alberto Cerda, experto en derechos de autor sobre modificación a la Ley de Propiedad Intelectual: “Esta norma se colocó en el proyecto de reconstrucción nacional como moneda de cambio”

El Plan de Reconstrucción Nacional que impulsa el ejecutivo, contempla la integración de una norma a la Ley de propiedad intelectual que crea una excepción al derecho de autor. Esta, permitiría “sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público” de obras que ya han sido lícitamente publicadas, para el análisis de gran volúmenes de datos, o minería de datos.

El ingreso de la norma en la megarreforma levantó las alarmas de diferentes sectores de la creación de contenidos como la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), por el uso de obras sin compensación a sus titulares.

Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el ingreso de esta norma argumentando que “es una gran iniciativa que permite recaudar muchísimo dinero” y que está dispuesto a reunirse con las organizaciones que expresaron su preocupación.

Alberto Cerda, abogado y director del centro de estudios de Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, asegura a The Clinic que “no existe en nuestra legislación una excepción específicamente concebida hoy para la minería de datos que requieren los sistemas de inteligencia artificial. Hay algunos sistemas de inteligencia artificial como la inteligencia artificial generativa que sí permiten generar nuevo contenido a partir de contenido protegido preexistente. Y esa situación no está resuelta explícitamente por nuestra legislación”.

El debate sobre derechos de autor

Cerda explica que los artistas o creadores no reciben de forma directa compensación monetaria por sus derechos de autor, y que el ingreso de esta norma afectaría a los sellos editoriales o consorcios periodísticos que gestionan grandes volúmenes de información que gestionan y profitan de los contenidos creados por los autores.

Cerda, quien fue miembro del Comité de expertos que asesoró la Política Nacional de Inteligencia Artificial, expresa que es “dudoso que una excepción de estas características tenga por objetivo reconstruir la economía nacional. Si el afán de este proyecto era la reconstrucción no veo que tenga que ver una excepción de estas características. Hace suponer que de algún modo, modificando la ley vamos a tener de vuelta algo que hemos perdido y eso sería una pamplina, una lesera”.

Esta norma ya había presentado la administración de Gabriel Boric, y fue rechazada el año pasado en el Congreso. Sobre esto, el abogado consigna que para él, esto es una herramienta de negociación política y que la norma va en contra la naturaleza de como piensa usualmente una persona de derecha, porque porque implica privar a otros del derecho de propiedad.

Sobre la solución a la incertidumbre jurídica, explica que se debió hacer una evaluación de cuánto efectivamente contribuye el derecho autor a la economía nacional, cuánto efectivamente beneficia a los creadores y no solamente a los consorcios empresariales el derecho autor: “Coloquemos las cifras sobre la mesa, hagamos un estudio serio y en función de eso determinemos quién va a asumir el costo porque hoy día esto es muy poco transparente (…) hagámosnos cargo apropiadamente con la evidencia sobre la mesa. Pero hoy día es un ejercicio puramente especulativo y político”, señala.

“Mi hipótesis es que no se hizo porque esta norma se colocó en el proyecto de ley de reconstrucción nacional como moneda de cambio”, agrega.