Quiroz y la Dipres: no fue un error de palabra, fue un error de política

La autocrítica de la Dirección de Presupuestos (Dipres) —“en vez de ‘descontinuar’, la palabra era ‘reformular’”— buscó cerrar una controversia que, en realidad, estaba recién comenzando. Lejos de acotarse a un problema semántico, el episodio ha escalado a partir de nuevas informaciones sobre eventuales recortes de al menos un 15% en un conjunto de programas sociales. Se habla por ahora de 142 programas, desde liceos bicentenario hasta iniciativas culturales y sociales. El resultado es una señal confusa que no solo amplifica el conflicto, sino que expone un problema más profundo: la incapacidad de alinear técnica, política y comunicación en la conducción del gobierno.

Desde la ciencia política, esto no es menor. Las políticas públicas no son solo decisiones técnicas; son también construcciones interpretativas. Como plantea Deborah Stone, las políticas definen significados antes que soluciones. En ese marco, el problema de fondo no es si se dijo “descontinuar” o “reformular”, sino qué entiende la ciudadanía —y los actores políticos— cuando se instala la idea de recortes masivos en áreas sensibles. La posterior revelación de nuevos ajustes presupuestarios no hace más que reforzar la percepción inicial: que existe una lógica de poda fiscal que no fue debidamente explicada ni políticamente procesada.

Aquí se produce una falla clásica de gobierno: la desconexión entre diseño técnico y lectura política del entorno. La Dipres y el Ministerio de Hacienda parecen haber operado bajo el supuesto tecnocrático de que la calidad técnica de la decisión bastaría para sostenerla. Pero en política, la calidad no es suficiente. Se requiere legitimidad, y esta se construye comunicacionalmente. No anticipar el impacto de anunciar recortes —o permitir que estos se filtren de manera fragmentada— es ceder el control del relato.

El punto es crítico. En contextos de alta fragmentación política, como el actual, la viabilidad de una agenda depende tanto de su contenido como de su presentación. Mark Moore lo plantea con claridad: el valor público se sostiene en un triángulo donde convergen resultados, capacidad operativa y apoyo político. Cuando este último falla, incluso las políticas bien diseñadas se vuelven inviables. Y eso es precisamente lo que comienza a observarse: un deterioro en la disposición al acuerdo producto de una comunicación errática.

La situación se agrava cuando distintas señales no convergen. Por un lado, se corrige el lenguaje de un oficio; por otro, emergen nuevos antecedentes que apuntan a recortes más amplios. Este desorden informativo no solo enreda la agenda, sino que erosiona la credibilidad del gobierno. En términos de agenda setting, se pierde el control del encuadre: la discusión deja de ser sobre la racionalización del gasto y pasa a ser sobre ajustes indiscriminados. Es la oposición —y no el Ejecutivo— quien comienza a definir los términos del debate.

Además, este tipo de episodios tensiona el rol de la tecnocracia. La Dipres ha sido históricamente un pilar de la institucionalidad fiscal chilena, precisamente por su rigor técnico. Este, como sabemos, se deterioró en la administración anterior por los varios errores  de estimación de ingresos y del gasto público. Pero ese prestigio no solo se pone en duda por malos cálculos sino que también en su capacidad de articularse con la política, no aislándose de ella. Cuando la técnica se percibe desconectada del impacto social y político de sus decisiones, su autoridad se debilita. Y con ello, se debilita también la capacidad del Estado para conducir reformas complejas.

Desde la comunicación gubernamental, el diagnóstico es claro: no hubo construcción de relato, no hubo gestión de expectativas y no hubo control de daños oportuno. Más aún, la aparición de nueva información sobre recortes profundiza la sensación de improvisación o, en el mejor de los casos, de descoordinación interna. En política, esas percepciones son determinantes.

El problema, entonces, no es de palabras. Es de política. Creer que el conflicto se resuelve ajustando el lenguaje es desconocer que el conflicto surge de cómo las decisiones afectan intereses, identidades y percepciones. Gobernar implica precisamente gestionar ese conflicto, no negarlo.

El balance de gestión de los primeros cuarenta días de gobierno muestra como resultado que la técnica sin política no gobierna. Y la política sin comunicación, tampoco. Cuando ambas dimensiones se desacoplan, el costo no es solo reputacional. Es, sobre todo, de viabilidad. Porque en democracia, las políticas no solo deben ser correctas; deben ser posibles.