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Hay reformas que corrigen. Otras que, bajo un buen titular, generan enormes problemas. El artículo 8 del proyecto de “Ley de Reconstrucción Nacional” pertenece a esta última categoría. Instala una excepción a la propiedad intelectual que permite el uso de obras sin autorización ni pago, bajo el argumento de facilitar el desarrollo tecnológico. Es decir, instala un error de base.
La propiedad intelectual no es un lujo ni una sofisticación. Es el mecanismo mínimo que protege el trabajo creativo, cultural, investigativo y periodístico. Debilitarla no acelera la innovación; la precariza. Lo que hoy se presenta como una “excepción” para entrenar sistemas de inteligencia artificial es, en la práctica, una expropiación.
Distintos análisis han advertido que la norma permitiría a sistemas de IA utilizar textos, imágenes y producciones sin consentimiento de sus autores. No hay compensación. No hay trazabilidad. No hay límites claros. Los gremios culturales han sido explícitos: esto es un retroceso. La experiencia comparada también debiera encender alertas. Países que han avanzado en regulación de IA lo han hecho buscando equilibrio: fomentar desarrollo tecnológico sin destruir el derecho de los autores y creadores.
El impacto no es abstracto. En Chile, donde los medios ya operan con márgenes estrechos, esta excepción golpea directamente la sostenibilidad del periodismo. Si el contenido puede ser reutilizado sin reglas, se erosiona el incentivo básico para producir información de buena calidad. Y sin ese incentivo, lo que se debilita no es una industria: es el acceso ciudadano a información veraz y oportuna.
Esta norma es una amenaza al sistema democrático: la expansión de la desinformación. Si los sistemas de IA pueden entrenarse y operar sobre contenidos sin control ni atribución y se precariza el derecho de autor el resultado será menos producción de contenido de buena calidad y por tanto se allana el terreno para la proliferación y circulación de información falsa, versiones distorsionadas y contenidos sin fuente.
En un entorno ya tensionado por la baja confianza, esta norma amplifica el problema. Y cuando la verdad se diluye, lo que se debilita no es solo el debate público: es la calidad de la democracia. Los medios de comunicación cumplen un rol público: informan, investigan, fiscalizan. Si su modelo se debilita pierde la ciudadanía.
La circulación de información confiable no se sostiene sola. Requiere condiciones mínimas de protección. Por eso, la discusión no admite matices tibios. El artículo 8 debe retirarse. No ajustarse, no “mejorarse” en comisiones: retirarse. Porque cuando una norma amenaza con dañar de forma estructural la creación, el periodismo y el derecho al acceso democrático a buena información, el costo de persistir es mayor que el de corregir a tiempo.
