Auditoría al Estado: Inspección detecta riesgo fiscal por más de US$9.200 millones en período de Boric y abre investigaciones en cuatro organismos

Una severa alerta sobre el estado de las finanzas públicas encendió el Ejecutivo tras concluir la denominada “Inspección Total al Estado”.

El proceso, liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), consistió en una revisión exhaustiva de más de 913 millones de registros administrativos y financieros pertenecientes a más de 500 servicios públicos entre 2022 y 2026. El resultado del masivo cruce de datos arrojó señales de riesgo fiscal por un monto global que supera los US$9.200 millones, según dio a conocer esta tarde La Moneda, abriendo un complejo flanco de gestión interna.

Según detalló el comité liderado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, los antecedentes exponen desde meros errores administrativos y debilidades de carácter estructural, hasta eventuales irregularidades que podrían revestir alcances penales.

Desde La Moneda adelantaron que, de consolidarse los hallazgos, la totalidad de los antecedentes serán remitidos de forma inmediata a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

US$3.200 millones en pagps postergados entre 2025 y 2026

Entre las diversas alertas contenidas en el informe, el Ejecutivo puso una luz de atención prioritaria sobre una práctica que calificó como especialmente grave: el traspaso de deudas y compromisos financieros pendientes de una administración a otra.

En este apartado, la auditoría detectó US$3.200 millones en pagos postergados entre 2025 y 2026. La cifra no solo equivale a casi un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), sino que además representa el nivel más alto del que se tenga registro desde que el Estado utiliza este tipo de herramientas de medición.

Esta acumulación de compromisos postergados impactó de manera directa a sectores de alta sensibilidad social y productiva, según la inspección realizada.

Entre los principales afectados figuran los proveedores del sistema de salud, con acreencias por cerca de US$1.000 millones, y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que arrastra US$650 millones asociados a las empresas que prestan los servicios de alimentación escolar. Asimismo, el retraso golpeó con fuerza al sector privado menor, afectando a más de 9.900 pymes proveedoras del Estado que acumulan facturas impagas por US$268 millones, sumado a notorias demoras en la transferencia de recursos vinculados a la gratuidad universitaria.

El segundo gran foco de preocupación del informe apunta al uso de los mecanismos de compras públicas. El comité auditor detectó que se transaron US$3.170 millones mediante las modalidades de trato directo en contratos en los cuales, bajo criterios técnicos, existían las condiciones de mercado idóneas para haber llamado a licitaciones competitivas.

El análisis del CAIGG estima que, si el Estado hubiese optado por procesos abiertos, transparentes y debidamente planificados, se habría generado un ahorro fiscal cercano a los US$760 millones.

El documento identifica que esta modalidad de contratación excepcional se concentró con fuerza en la Central de Abastecimiento (CENABAST), el Servicio de Registro Civil e Identificación, la propia JUNAEB y la red hospitalaria. A nivel regional, el informe destaca el caso del Hospital de Puerto Montt por su recurrencia tanto en tratos directos como en compras ágiles, situación que también se observó con atención en los hospitales Gustavo Fricke de Viña del Mar y Regional de Iquique.

Por otra parte, la revisión dejó en evidencia severas fallas en la burocracia interna respecto a la recuperación de subsidios por licencias médicas de los funcionarios públicos. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el comité, el Estado mantiene una brecha de cerca de US$150 millones que no han sido restituidos debido a deficiencias crónicas en los procesos de cobranza institucional, una situación que, según los auditores, estresa innecesariamente las cuentas fiscales y denota problemas de gestión difíciles de justificar.

“Es importante señalar que esto no implica necesariamente la existencia fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones: errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control y en algunos casos específicos antecedentes que podrían configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”, comentó esta tarde la subsecretaria Castillo.

Los cuatro organismos públicos en que se abrirá investigación

Frente a este escenario, el Ejecutivo optó por pasar a la ofensiva y anunció la apertura de cuatro investigaciones específicas en reparticiones clave.

La primera de ellas se centrará en la JUNAEB, ante la sospecha de fraudes y sobreprecios en el Programa de Alimentación Escolar. La segunda indagatoria apuntará al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género —específicamente al SernamEG y a la Fundación Prodemu— por uso ineficiente de sus recursos asignados. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también enfrentará una auditoría focalizada debido a deficiencias en el control financiero y en la recaudación del cobro de multas, mientras que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) cerrará el MARCO investigativo tras registrar un alto volumen de rendiciones de cuentas rechazadas.

“Donde existan errores, deben corregirse. Y donde existan antecedentes de irregularidades, serán remitidos a las instituciones competentes”, sentenció la subsecretaria Constanza Castillo.