Luis Silva: “Todavía es demasiado temprano, pero creo que Martín Arrau tiene muchas condiciones para ser candidato presidencial”

“Me gusta imaginar que me está viendo hacer lo que me gusta hacer, lo que hay que hacer. Y de esa manera honro su memoria”, dice Luis Silva al recordar durante esta entrevista a su hermano Juan Andrés Silva Irarrázaval, cuyo fallecimiento el pasado 14 de mayo obligó a la autoridad a suspender su agenda pública por unos días.

“Despidiendo a mi hermano Juan Andrés. 38 años. Un regalo de Dios”, fue el mensaje que dejó en sus redes junto a un emotivo video que revelaba la partida del sociólogo, el quinto de siete hermanos, de los cuales Luis Silva es el mayor.

De regreso en su despacho, el abogado de la Universidad Católica debió compatibilizar el proceso personal de pérdida con una de las tareas más desafiantes de su corta carrera política: encabezar la Subsecretaría de Justicia desde el 11 de marzo pasado. A ese cargo llegó como uno de los rostros más visibles del Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, tienda que representó como vicepresidente y antes como el consejero constitucional más votado en Chile, con más de 700 mil sufragios.

De 48 años y numerario del Opus Dei, saltó a la fama con sus campañas en las que se autodenominó el “Profe Silva”, dado su rol como académico en la Universidad de Los Andes y la Universidad San Sebastián, en las cuales impartió clases de Derecho Constitucional. En sus redes sigue utilizando ese apodo.

“Hay una línea de continuidad entre ‘el profe’ y el subsecretario, porque el profe nace con vocación política. Hemos tratado de que el perfil del profe sea muy coherente con su misión y su origen”, explica desde su oficina, rodeada de carpetas y documentos donde recibe aThe Clinic.

Desde allí da cuenta de un ambicioso plan sectorial enfocado en la construcción de cárceles y la habilitación de nuevas plazas penitenciarias, prioridades críticas de la agenda de seguridad, a pocos días de que el mandatario relevara esta materia en su primera Cuenta Pública.

—¿Cuál es el compromiso del Gobierno en materia penitenciaria?

—Hay una política de Estado respecto de la infraestructura carcelaria, que responde a un diagnóstico que ya no podía ignorarse en los últimos años, como es el déficit brutal de capacidad frente al crecimiento de la población penitenciaria.

Para ponerlo en términos rotundos, al inicio del gobierno de Gabriel Boric había 40 mil presos, mientras que a su término eran 60 mil. Hoy son 63 mil y todo indica que la población penal irá creciendo.

—Y los penales no se levantan de un día para otro.

—Claro. Tú debes programar la construcción de recintos con tiempo, y estamos atrasados como país. La administración anterior comenzó la ejecución de un plan que también es tributario de iniciativas de gobiernos anteriores. Este lo estamos continuando con un plan de infraestructura que, los números pueden variar, pero se mueven entre las 15 mil plazas nuevas. De aquí a 2030 debiera haber 15 mil plazas nuevas.

A estos, este Gobierno le está agregando un segundo plan de infraestructura para que en el mismo horizonte de tiempo le agregue otras 10 mil plazas al sistema. Y podríamos hablar de un tercer grupo de proyectos, que está menos desarrollado que este segundo al que solo le falta la viabilidad financiera que obviamente será vía concesiones. Ese tercer paquete de proyectos podría agregar 9 mil plazas más al sistema.

Promesa de 100 mil nuevas plazas carcelarias: “Si queremos llegar a las cifras anunciadas en campaña, la brecha todavía es grande”

—Estamos hablando de alrededor de 35 mil plazas nuevas.

—Sí, yo diría que esa es la meta a la que estamos apuntando. 

—¿Hubo que regular expectativas? En campaña se se presentó el “Plan Carcerbero” que apuntaba a 100 mil plazas.

—Personalmente, no tenía expectativas respecto de este punto, porque no sabía lo que había. Cuando uno llega acá y se entera de que hay un plan en ejecución, cuya factibilidad ya está estudiada, te das de cuenta que sumando llegas a 40 mil. Es decir, te das cuenta de que si quieres llegar a las cifras anunciadas en campaña, la brecha todavía es grande. Ahora, yo no he renunciado a esa cifra.

—A las 100 mil plazas.

—Claro. No renuncio a las 100 mil plazas. Pero, para ser francos, mi esperanza es que logremos combinar un esquema en el que el crecimiento de la población penal rompa la trayectoria que trae. Es decir, el compromiso de las 100 mil plazas solo tiene sentido si esperas tener 100 mil personas presas. ¿Por qué no apostar a no tener 100 mil presos?

—Los números muestran que el hacinamiento solo crece.

—Bueno, por qué no romper la trayectoria de crecimiento de la población carcelaria, con una reinserción más robusta, con políticas de prevención que generen menos delincuencia. Se puede hacer. 

Hay que mirar las medidas a largo plazo también, con medidas que excedan este ministerio. Por ejemplo, el Registro de Incivilidades y Vándalos son medidas que van creando un ecosistema que en el mediano o largo plazo debiera traducirse en una menor delincuencia.

“Podría ser que en el futuro se anuncie la construcción de un penal de máxima seguridad que en 18 meses va a estar en pie”

—Había quienes esperaban un anuncio de una megacárcel en la Cuenta Pública del Presidente Kast, al estilo de la de Nayib Bukele, de El Salvador. ¿Por qué eso no estuvo?

—Porque nos hemos dado cuenta de que el núcleo de ese proyecto en realidad es tener un recinto de máxima seguridad. El proyecto no es tener una cárcel donde esté lleno de gente, de 20 mil presos. Eso entiendo con una megacárcel. 

Lo que está detrás de esta idea es tener un recinto similar a lo que en ocurre en El Salvador, en el sentido de que un preso no saldrá sin cumplir su condena. A eso no hemos renunciado, pero eso no es sinónimo de una megacárcel. La idea es que sea una cárcel estrictamente destinada a presos de alta peligrosidad. No hay que entenderlo en términos de violencia. Aquí lo que nos interesa es el crimen organizado.

—¿Sicarios?

—Sí, pero también un ejecutivo de cuenta que mueve 78 mil millones de pesos. Es alguien sumamente peligroso desde el punto de vista del crimen organizado. Quizás no ha matado a nadie, pero ese es un tipo que permite que opere un mecanismo que entre sus herramientas incluye el sicariato o la extorsión. 

No quiero parecer frívolo, pero la cantidad de películas en donde uno de los tipos más importantes del engranaje de la organización criminal es el financiero… Acabo de ver una película antigua de Robert de Niro, donde tiene que cuidar a un contador de la mafia en Chicago.

—¿De qué plazos hablamos para esa cárcel de alta seguridad?

—Los planes que mencioné están bastante detallados en cuanto a su ubicación, el número de plazas y los costos. La vía que estamos estudiando hoy es la construcción industrializada. Y ahí el paso que ya se dio, que me parece significativo, es la visita a la construcción de la cárcel El Infierno, ubicada en Argentina, que es de máxima seguridad y que se construye con tecnología industrializada y los plazos de construcción son 18 meses.

Entonces, podría ser que en el futuro se anuncie la construcción de un penal con tecnología industrializada que en 18 meses va a estar en pie. Y que va a ser para 600 personas, de máxima seguridad. Punto.

Luis Silva: “No vamos a desistir de ampliar el penal Santiago I, porque es una emergencia”

—La justicia frenó el proyecto de ampliación de Santiago I, que tuvo a su ministerio enfrentado con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que presentó el recurso. ¿Cómo recibió la noticia?

—Es parte de una controversia legítima, que en este caso se judicializó. Y para ponerlo en términos sencillos, traduce una discusión sobre si el proyecto en el paño de Pedro Montt es una ampliación o una nueca cárcel. La posición que defendemos desde el Gobierno es lo primero, posición que no solo proviene desde esta administración, sino también desde la anterior. Recordemos que este conflicto ya emergió entre la administración de Gabriel Boric y la alcaldesa Irací Hassler. Pasó exactamente lo mismo, aunque no recuerdo que se haya judicializado. 

—¿Cómo responderá el ministerio?

—Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender nuestra posición. Evidentemente, la última palabra la tendrán los jueces y nosotros acataremos lo que se decida.

—¿El ministerio no va a desistir de esta idea?

—No, no vamos a desistir de Santiago I. Porque es una emergencia. Te lo digo sinceramente: hay que dar gracias de que hasta ahora en el paño Pedro Montt no haya habido hechos que lamentar, porque la densidad de internos que hay allí es altísima.

Si ahí no hay hacinamiento, estamos al borde. Hacinamiento significa que la capacidad del recinto está por sobre el 200%, mientras que sobrepoblación es por sobre el 100%. Si no es hacinamiento, debemos estar cerca. Por eso, tenemos que hacernos cargo y desde el ministerio agotaremos todas las instancias para defender lo que creemos. 

—¿Cómo observa que un alcalde oficialista haya llegado hasta estas consecuencias para impedir esta política impulsada por el Gobierno?

—Veo que está cumpliendo con el rol que tiene, que es ser alcalde de la comuna de Santiago. 

—Pero eso no tendría por qué contraponerse con los objetivos del Gobierno, ¿o sí?

—No tendría por qué contraponerse, pero tampoco significa que va a estar siempre alineado con las directrices o iniciativas del Gobierno. Son roles distintos. Y creo que el hecho de que haya ocurrido en la administración anterior con una alcaldesa que era del PC, es sintomático de que estas diferencias reflejan los distintos roles: uno de alcalde, velando por el bienestar de los vecinos, y otro del Gobierno, que es ejecutar políticas públicas que satisfagan necesidades nacionales.

 —Aunque se enoje el alcalde…

—No me extraña, no me molesta. Es natural. Refleja las distintas vocaciones.

—El alcalde se ha referido en varias ocasiones a este tema y ha asegurado que ha habido mucha prepotencia de las autoridades, especialmente de parte de usted. ¿Tiene alguna autocrítica que hacer?

—No, ninguna. Creo que es una cuestión de percepciones, y para mí es tema cerrado. Dejaría que hablen los tribunales. 

Traslado de reos comunes desde Punta Peuco: “Para nada es un privilegio, es un ejemplo de cómo se ejecutan las políticas de segmentación”

Luis Silva fue una de las autoridades que debió salir a explicar el reciente traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido anteriormente como el penal de Punta Peuco, hacia otros recintos. Si bien en primera instancia el subsecretario sostuvo que la decisión correspondió a Gendarmería, el domingo pasado el Presidente Kast respondió en una entrevista en Mega que la decisión la tomó él.

—¿Cómo se explica esa contradicción?

—Nunca he tenido ninguna duda: la decisión es de Gendarmería, fue y será de Gendarmería. Porque esta es una decisión técnica que responde a la segmentación, es decir, procurar que los reos compartan los espacios con personas de un perfil similar. Y las razones son de sentido común. 

—¿Punta Peuco volverá a cumplir su objetivo original?

—Esa decisión me excede como subsecretario. Lo que sí puedo decir es que en el caso de todos los recintos penitenciarios del país es importante velar por una correcta segmentación; es decir, agrupar poblaciones penales que tengan un patrón común. Ese es un criterio básico para administrar la seguridad dentro del recinto, para la posibilidad de reinserción y para la seguridad de los funcionarios. En el caso de Punta Peuco, hoy mi mayor preocupación sería esa, independiente del estatus jurídico.

Lo que está en mi radar es velar por que en los recintos penitenciarios del país se respeten las normas legales e incluso las internacionales.

—¿Para usted no es mantener un privilegio para ciertos condenados?

—Para nada. Aquí lo que hay es un ejemplo más de cómo se ejecutan las políticas de segmentación del sistema penitenciario. Hay que recordar que es un recinto pequeño, y los cambios que se hagan ahí dentro tienen resonancia mucho mayores. 

Cambios en el Ministerio de Seguridad: “Martín Arrau es un profesional fuera de serie”

—¿Quedó satisfecho con los cambios en el Ministerio de Seguridad? Asumió Martín Arrau, que usted conoce desde el Partido Republicano.

—Martín es un profesional fuera de serie. Todas las veces que me ha tocado interactuar con él en temas políticos y profesionales, como en sus campañas políticas, en todas esas ocasiones he comprobado que es alguien extraordinario. Tiene un alto nivel de compromiso, estándares éticos, identificación con el proyecto republicano, cercanía con el Presidente José Antonio Kast. Todo eso demuestra que era un muy buen candidato para este ministerio.

Soy incapaz de predecir el futuro, pero sí me atrevo a decir que es difícil encontrar alguien más aplicado para el cargo de ministro de Seguridad. 

—Dada esa descripción, ¿considera que tiene las capacidades para representarlos en una futura elección presidencial? El Presidente ha insistido en lo importante de entregar la banda presidencial a alguien del sector.

—Todavía es demasiado temprano para pensar en eso, sobre todo porque está en una cartera delicada. Pero yo creo que tiene muchas condiciones. Ahora, de allí a lo que pueda pasar en 2029, me declaro incompetente.

—¿Es de los mejores nombres que tiene su partido y el Gobierno?

—Depende mucho de las percepciones. Pero insisto, sus cualidades como profesional y como político son indiscutibles, y si esos son atributos que las personas valoran, estamos ante una persona muy seria.

—¿Qué evaluación tenía de los subsecretarios Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana?

—Los conocí poco, pero me tocó interactuar con ellos y en todo momento mi impresión fue favorable. No estoy en condiciones de juzgar qué dejaron de hacer, porque no tengo idea. Pero como digo, en lo que a mí me tocó trabajar con ellos, en el caso de Jouannet en el proceso de traspaso de Gendarmería a Seguridad, no tengo nada malo que decir. Sus salidas las veo como parte de un reseteo, no como resultado de una acción personal.

“Quedé con una bala pasada (…). Me gustaría que Gendarmería se exima de los recortes”

—¿No se va a recortar ningún programa del ministerio?

—Por ahora no, que yo sepa. Nos llegó la famosa circular. Y en esa circular teníamos un programa que cayó en esta categoría que causó polémica porque decía “descontinuar”, pero luego se aclaró que esta fue una invitación a mirar con mucho detalle el programa y cuestionarse su continuidad.

—No es lo mismo hacer un recorte en una área que en otra…

—Justicia estuvo sujeto a esta orden general de recortar un 3%. Hicimos nuestro esfuerzo. Y, personalmente, me quedé con la bala pasada respecto de Gendarmería, porque este organismo es un eslabón importante de la cadena de seguridad.

Como contexto: hace poco se implementó una ley de fortalecimiento del Ministerio Público que crea la fiscalía supraterritorial; es decir, el órgano persecutor de responsabilidad penal está más robusto que antes, las policías también con los anuncios que se han hecho. Y uno dice, bien, está el eslabón de la cadena para perseguir, para responsabilizar, pero parte de la cadena de seguridad es que cumplan su condena. Y ahí la rebaja corrió pareja. Y a mí me gustaría que no fuera así, que Gendarmería pudiera eximirse de esta regla general por la función que cumple en el ecosistema de la seguridad.

—¿Lo ha conversado con el ministro Quiroz?

—Personalmente no.

—¿Pero ha transmitido esta inquietud?

—Sí, lo he transmitido. 

—¿Y cuál fue la respuesta?

—No he tenido. Pero sí he visto eco. Es decir, que lo que estamos diciendo tiene sentido, que no es una pataleta.