Carta a la directora: Registro de vándalos, más “metáfora” que propuesta viable y razonable

Sra. Directora, en estas breves líneas pretendo explicar en términos simples algunos motivos jurídicos por los cuales la propuesta del registro de vándalos -y la consecuente pérdida de beneficios sociales- del Presidente Kast es nuevamente más “metáfora” que un proyecto viable y que pueda pasar un examen y/o control de legalidad y constitucionalidad, aún menos de razonabilidad. 

1. Podría ser declarado inconstitucional ya que la esencia de la propuesta va contra  el derecho a la igualdad ante la ley, porque en sus efectos impactaría de diferente forma a las personas ante una misma situación. Ya se ha mencionado el ejemplo: si una persona no tiene ni necesita beneficios sociales, no le aplicaría de la misma forma la norma, en desmedro de quienes sí detentan beneficios o son potenciales beneficiarios. 

Además, afectaría el derecho  a la propiedad sobre derechos ya adquiridos, como beneficios, subsidios y derechos asociados; no se trata de decir que un beneficio es prestación permanente, pero cuando se adjudica podría ser inconstitucional arrebatarlo como sanción de un hecho inconexo.

2. Ilegal y contra principios básicos del derecho chileno:  se podría considerar contra el principio “non bis in idem” (no se puede sancionar dos veces un mismo hecho): es decir, las conductas priorizadas ya tienen sanciones como faltas o delitos, castigar además con una especie de DICOM de las malas conductas, aparte del registro que lleva cada organismo que ya es competente como Poder Judicial o Juzgado de Policía Local, genera no solo duplicidad registral, sino que podría constituir una sanción extra  de exclusión social mucha más fuerte que la de quienes hoy cumplen condena por hechos mucho más graves. Eso es injusto e irracional. Además, se anuncia el riesgo de perder beneficios sociales o quitar la posibilidad de postular, es entonces una triple sanción. Sin embargo, ya la doble sanción por un mismo hecho está prohibida en nuestro país. 

3.También atacaría el derecho más básico de las personas, la dignidad, generando un mecanismo de marginación social, que ya vimos incluso en materia de deudas en Chile ha tenido que retroceder. Los  registros como Dicom se volvieron incompatibles con el desarrollo de la vida de las personas en muchos aspectos, como el educacional,  laboral, de privacidad e incluso el ámbito comercial. Los chilenos saben muy bien de esto.

4. El principio de responsabilidad del Estado implica, en términos simples,  que los entes públicos, deben realizar su labor de forma correcta, apegados a la ley y la Constitución. Entonces cambiar la prioridad en seguridad hacia conductas ya reguladas e incomparables con la brutalidad del crimen organizado, implica incumplir el estándar y faltar nuevamente a los compromisos: ir por el camino más fácil priorizando conductas ya sancionadas y que no son la prioridad en materia de seguridad, dando una mala señal a los persecutores y fuerzas policiales, directamente desde Presidencia. 

Entonces estamos  ante un nueva “metáfora”  que no combate a la delincuencia. 

Por último, para hacer más eficaz el sistema en conductas molestas, existen mecanismos alternativos absolutamente mejorables, como trabajos voluntarios que de hecho ya se aplican como salidas alternativas.